El derrame del conflicto colombiano sobre Ecuador y la intervención de Estados Unidos: geopolítica crítica, securitización y reconfiguración territorial del crimen transnacional

IntroducciónIntroducción

Durante casi dos décadas, Ecuador fue caracterizado en la literatura de seguridad regional como una «isla de paz» situada entre los dos mayores productores de cocaína del planeta, Colombia y Perú (Rivera, 2019). Esa condición se ha revertido de forma abrupta: entre 2018 y 2025 el país pasó de una tasa de homicidios de un dígito a liderar, en algunos meses, el índice de muertes violentas por cada cien mil habitantes en América Latina, mientras se consolidaba como un nodo logístico central para la exportación de clorhidrato de cocaína hacia Europa y Norteamérica (International Crisis Group, 2023).

El presente ensayo sostiene que esta transformación no constituye un fenómeno espontáneo ni exclusivamente doméstico, sino el resultado predecible de tres procesos entrelazados: la reconfiguración del conflicto armado colombiano tras el Acuerdo de Paz de 2016 y la persistencia de las disidencias de las FARC y el ELN en el suroccidente colombiano; la intervención securitizadora de Estados Unidos a través de la doctrina de interdicción hemisférica promovida por el Comando Sur; y la respuesta estatal ecuatoriana, que ha optado por declaratorias de excepción y militarización interna antes que por una intervención estructural sobre las economías ilícitas.

El objetivo general de este trabajo es analizar los impactos geopolíticos, territoriales e institucionales del derrame del conflicto armado colombiano y de la intervención estadounidense en Ecuador, contrastando la violencia logística que se despliega en el litoral pacífico con las dinámicas de absorción financiera e institucional que se observan en Quito y la sierra central. Para ello se examina, en primer lugar, la evolución de los acuerdos de cooperación en seguridad entre Quito y Washington; en segundo lugar, se mapean las dinámicas de violencia armada y reconfiguración de rutas marítimas en el eje Esmeraldas-Manabí-Guayas; en tercer lugar, se caracterizan los efectos del conflicto sobre la economía política del lavado de activos y la presión institucional en el centro andino; y, finalmente, se formulan escenarios prospectivos sobre los riesgos para la soberanía y la seguridad ciudadana derivados de las actuales estrategias de contención fronteriza.

El giro ecuatoriano puede describirse, en términos comparativos, como el tránsito de una condición de «plataforma de tránsito pacífico» hacia la de «nodo logístico global» del crimen organizado transnacional. Este tránsito no es lineal ni homogéneo: se manifiesta de forma divergente según la región del territorio nacional. En el litoral costero —Esmeraldas, Manabí, Guayas— el derrame se traduce en violencia armada directa, control de rutas marítimas y disputas territoriales entre bandas locales y estructuras foráneas; en la sierra central y Quito, el mismo fenómeno adopta formas institucionales, de absorción de flujos de lavado de activos y de sobrecarga de las capacidades estatales. Este contraste geográfico, poco explorado por la literatura tradicional —que ha tendido a tratar el narcotráfico y la violencia armada como fenómenos focalizados dentro de las fronteras colombianas—, ofrece un caso de estudio idóneo para examinar empíricamente cómo el incremento de la presión militar y los bloqueos tácticos en la frontera norte no suprimen la criminalidad organizada, sino que fuerzan su relocalización territorial hacia el litoral pacífico y los centros neurálgicos de la sierra.

Metodológicamente, el ensayo adopta un enfoque mixto de tipo descriptivo-explicativo y comparativo territorial, que combina el análisis documental y normativo de acuerdos bilaterales e informes de organismos multilaterales —principalmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el International Crisis Group— con series estadísticas secundarias sobre homicidios intencionales, incautaciones de estupefacientes y solicitudes de protección internacional publicadas por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Ecuador y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). El sustento teórico articula la geopolítica crítica (Ó Tuathail, 1996; Agnew, 2005; Dalby, 2002), la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague (Buzan et al., 1998) y los modelos de desplazamiento delictivo conocidos como efecto globo y efecto cucaracha (Reuter, 1988; Bagley, 2012; Friesen, 2018).

Capítulo 1Marco teórico y conceptual: la dinámica del crimen transnacional y la reconfiguración espacial

1.1. Geopolítica crítica y hegemonía regional

La geopolítica crítica, desarrollada por Ó Tuathail (1996), Agnew (2005) y Dalby (2002), sostiene que la geografía política no constituye un conjunto neutro de hechos físicos, sino una práctica discursiva mediante la cual los centros de poder construyen representaciones espaciales que legitiman prácticas de dominación, intervención militar y reordenamiento territorial. Bajo esta perspectiva, la frontera colombo-ecuatoriana ha sido representada históricamente por la doctrina de seguridad hemisférica estadounidense como un «límite poroso» o una «zona gris» que amenaza la estabilidad regional y que, por tanto, debe ser blindada mediante asistencia táctica y transferencia de doctrina militar (Ó Tuathail, 1996). Esta categorización cumple al menos tres funciones hegemónicas: despolitiza causas estructurales —exclusión social, abandono estatal histórico de la franja fronteriza norte— reduciéndolas a amenazas criminales; legitima la injerencia foránea al catalogar el territorio como un vacío de autoridad; y externaliza el control fronterizo, transfiriendo a Ecuador los costos humanos e institucionales de la interdicción antes de que los flujos ilícitos alcancen los mercados de consumo del norte global.

1.2. Teoría de la securitización: excepcionalidad constitucional y militarización

La teoría de la securitización, formulada por la Escuela de Copenhague (Buzan et al., 1998), explica el proceso intersubjetivo mediante el cual un asunto de política ordinaria es transformado discursivamente en una amenaza existencial que justifica medidas extraordinarias fuera del marco legal habitual. En el caso ecuatoriano, el actor securitizador —el Poder Ejecutivo y las cúpulas de las Fuerzas Armadas— articuló, a partir de enero de 2024, un acto de habla decisivo: la declaración de «conflicto armado interno» emitida por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111, que calificó a veintidós estructuras de crimen organizado como «organizaciones terroristas» y «actores armados no estatales». Este acto de habla habilitó medidas extraordinarias —despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, control militar de centros penitenciarios y estados de excepción sucesivos— que en la práctica desplazaron a un segundo plano las políticas de desarrollo social, salud y educación en las provincias más golpeadas por la violencia.

El riesgo democrático advertido por la Escuela de Copenhague se materializa en Ecuador como la normalización de un régimen de excepcionalidad casi permanente: entre enero de 2024 y noviembre de 2025 el país transitó de un estado de excepción a otro con escasas interrupciones, en un contexto en el que 2025 se perfiló como el año más violento de su historia reciente, con más de siete mil homicidios registrados entre enero y octubre (Ecuavisa, 2025).

1.3. Modelos de desplazamiento delictivo: el efecto globo y el efecto cucaracha

La literatura sobre economía política del narcotráfico ha documentado que la interdicción coercitiva focalizada sobre un punto del circuito ilícito no reduce el mercado criminal, sino que lo desplaza hacia zonas contiguas de menor costo operativo (Reuter, 1988; Bagley, 2012). El efecto globo (balloon effect) explica el traslado macroespacial de rutas y cultivos: el bloqueo de los pasos terrestres formales en la frontera colombo-ecuatoriana —el puente internacional de Rumichaca, los pasos de Sucumbíos— no elimina el flujo de sustancias, sino que lo desvía hacia los corredores fluviales y marítimos del litoral pacífico, dinamizando los puertos fluviales de Esmeraldas y las terminales de aguas profundas de Manta y Guayaquil (Friesen, 2018). El efecto cucaracha (cockroach effect), complementario y de escala micro-organizacional, describe la fragmentación de las estructuras armadas cuando sus cúpulas son impactadas por operativos de alta intensidad: en lugar de desaparecer, las organizaciones se atomizan en microcélulas que subcontratan el control territorial y el sicariato a bandas locales. La ofensiva militar colombiana en el suroccidente de Nariño y Putumayo dispersó facciones como el Frente Oliver Sinisterra y los llamados Comandos de la Frontera hacia Esmeraldas y Sucumbíos, las cuales franquiciaron el control territorial y la logística de exportación a estructuras ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, multiplicando exponencialmente la violencia en el litoral (International Crisis Group, 2021).

1.4. Matriz de integración conceptual

Los tres cuerpos teóricos descritos no operan de manera aislada, sino que responden a preguntas de investigación complementarias que estructuran el resto del ensayo. La geopolítica crítica permite explicar cómo se construyen y justifican los discursos de asistencia militar y control fronterizo promovidos por Washington, cuestión que se desarrolla en el capítulo segundo. La teoría de la securitización explica por qué el Estado ecuatoriano ha respondido con estados de excepción recurrentes y militarización interna, en lugar de políticas públicas integrales de desarrollo fronterizo, argumento que atraviesa la evidencia empírica de los capítulos tercero y cuarto. Finalmente, la teoría del efecto globo permite comprender por qué el bloqueo de los pasos formales en el norte desató simultáneamente la violencia armada en el litoral pacífico y el lavado de activos en el centro andino, en lugar de reducir el fenómeno de manera uniforme en todo el territorio. Esta triangulación teórica evita, además, una lectura exclusivamente criminológica del fenómeno, al incorporar la dimensión de poder y de asimetría estructural entre los centros de decisión del norte global y los territorios receptores del sur, dimensión que resulta indispensable para comprender por qué la interdicción reactiva ha demostrado ser, hasta el momento, estructuralmente insuficiente.

Capítulo 2La intervención estadounidense y la doctrina de contención fronteriza

2.1. De la base de Manta al Plan Colombia: antecedentes históricos

La relación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos durante las últimas tres décadas ha estado marcada por la necesidad de Washington de blindar su retaguardia estratégica frente a la producción de cocaína colombiana. Entre 1999 y 2009, Ecuador albergó en la Base Aérea de Manta un Puesto de Operaciones Avanzadas (Forward Operating Location, FOL), integrado formalmente a la arquitectura de interdicción marítima del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM, 2023). Legisladores oficialistas ecuatorianos han sostenido públicamente que, durante la vigencia de ese acuerdo, las incautaciones de cocaína en el país aumentaron un 498% (France24, 2025), cifra que —más allá de su exactitud estadística— ilustra el argumento gubernamental sobre la eficacia de la cooperación militar directa. El despliegue del FOL coincidió con la ejecución a gran escala del Plan Colombia (2000-2006), cuya fumigación aérea con glifosato y presión militar en Nariño y Putumayo empujaron a campesinos desplazados, frentes de las FARC y redes de tráfico hacia Esmeraldas y Sucumbíos, produciendo una primera ola de externalización del conflicto. La Constitución de Montecristi de 2008, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, introdujo el artículo 5, que declaró a Ecuador «territorio de paz» y prohibió el establecimiento de bases militares extranjeras; en consecuencia, el acuerdo del FOL no fue renovado y el personal estadounidense se retiró de Manta en septiembre de 2009 (Infobae, 2025a).

2.2. Nuevos acuerdos bilaterales: interceptación, inteligencia e inmunidad

El deterioro acelerado de la seguridad pública a partir de 2021 propició la reactivación de la cooperación militar y policial con Washington bajo un modelo de asistencia híbrida que evita el establecimiento de bases fijas —eludiendo, hasta 2025, la restricción constitucional— mediante acuerdos ejecutivos de interoperabilidad. Entre los instrumentos más relevantes destacan un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) que regula la presencia temporal de personal militar y contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, con las consiguientes exenciones tributarias e inmunidad de jurisdicción penal local; un acuerdo de interdicción marítima de tipo shiprider, que autoriza a guardacostas de Estados Unidos a abordar e inspeccionar embarcaciones ecuatorianas en aguas internacionales y territoriales; la asistencia táctica mediante vuelos de patrullaje marítimo (aeronaves P-3 Orion y P-8 Poseidon) y transferencia de inteligencia en tiempo real por parte de la DEA, el FBI y el propio Comando Sur; y el financiamiento de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado para la profesionalización penitenciaria y canina. Esta arquitectura legal alinea la política de defensa ecuatoriana con las prioridades estratégicas de Washington, subordinando la seguridad ciudadana interna a la interdicción global de estupefacientes.

2.3. El referéndum de 2025 sobre bases militares extranjeras

El punto de inflexión más reciente de esta trayectoria se produjo el 16 de noviembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa sometió a referéndum una reforma parcial del artículo 5 constitucional que habría eliminado la prohibición de instalar bases militares extranjeras —entre ellas, una eventual reapertura de Manta para uso estadounidense— y habilitado la cesión de instalaciones nacionales a fuerzas armadas foráneas (Infobae, 2025b; El Telégrafo, 2025). La propuesta, aprobada previamente por la Asamblea Nacional con 82 votos afirmativos y validada por la Corte Constitucional, fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta indispensable para enfrentar a las llamadas «bandas narcoterroristas», en un contexto en el que los legisladores oficialistas atribuyeron al narcotráfico el 90% de los homicidios del país (France24, 2025). Sin embargo, con una participación superior al 80%, el 60,58% del electorado ecuatoriano votó en contra de la reforma, rechazando el retorno de bases extranjeras (Primicias, 2025; El Universo, 2025). Este resultado constituye un revés político significativo tanto para la agenda de seguridad de Noboa como para las expectativas de Washington, que había manifestado interés —según el propio mandatario— en instalar instalaciones militares en la Amazonía, Manta y Salinas (El Universo, 2025). El desenlace del referéndum no revierte, no obstante, la arquitectura de cooperación híbrida descrita en la sección anterior, que continúa operando sin necesidad de bases permanentes.

El resultado del referéndum tiene, además, un costo político específico para la política exterior estadounidense en Ecuador que trasciende el episodio puntual de la consulta. Durante más de un año, Washington y el Comando Sur habían apostado por la reactivación de una presencia militar formal en el país como pieza central de su estrategia de contención regional frente al narcotráfico y, de forma más general, frente a la influencia china y rusa en el hemisferio; el rechazo mayoritario en las urnas obliga a Estados Unidos a sostener su arquitectura de cooperación en un plano exclusivamente informal y revocable por decisión ejecutiva unilateral del gobierno de turno, sin el respaldo constitucional que le otorgaría una base permanente. Este desenlace erosiona la previsibilidad de la inversión estadounidense en infraestructura de interdicción —radares, pistas, instalaciones portuarias— al quedar sujeta a la voluntad política de sucesivos gobiernos ecuatorianos y no a un tratado ratificado democráticamente, lo que introduce un riesgo adicional de discontinuidad que la propia doctrina de seguridad hemisférica busca precisamente evitar. En el plano simbólico, el resultado ofrece además munición discursiva a sectores críticos de la injerencia estadounidense en la región, que pueden presentar la derrota electoral como evidencia de que la cesión de soberanía territorial no cuenta con legitimidad social ni siquiera en un contexto de crisis de seguridad extrema, lo que complica la exportación de este modelo de cooperación híbrida hacia otros países de la región andina y centroamericana donde Washington explora fórmulas similares.

2.4. La falacia del «bloqueo fronterizo»

El núcleo operativo de la estrategia binacional de contención ha sido la doctrina del «bloqueo fronterizo»: la concentración de brigadas de infantería, vehículos blindados y puestos de control biométrico en los cruces internacionales formales, particularmente Rumichaca y San Miguel. El análisis geográfico revela, sin embargo, que esta doctrina constituye una ficción táctica. La frontera terrestre entre Ecuador y Colombia se extiende por más de 580 kilómetros, atravesados por cientos de pasos clandestinos o «trochas» que evaden los controles estatales; cada vez que se militariza un paso formal, se incrementa el valor del peaje clandestino cobrado por los grupos armados que administran estas rutas alternas. En paralelo, la densa red hidrográfica de los ríos Mataje, San Lorenzo y Mira, en la provincia de Esmeraldas, ofrece una cobertura vegetal que reduce drásticamente la efectividad de la vigilancia satelital y aérea frente a canoas artesanales y lanchas rápidas. El resultado neto es un incentivo perverso: al cerrar los canales tradicionales, el Estado no interrumpe el flujo de estupefacientes, sino que encarece el servicio logístico, elevando los márgenes de ganancia de los grupos que controlan los corredores alternativos y agudizando la disputa armada por su control (International Crisis Group, 2021).

2.5. El financiamiento de la cooperación y sus límites

La cooperación de seguridad entre Quito y Washington no se limita al plano normativo, sino que involucra flujos de financiamiento y asistencia técnica de magnitud considerable, canalizados principalmente a través del Comando Sur y de los programas antinarcóticos del Departamento de Estado. Esta asistencia ha priorizado históricamente la dotación de plataformas de vigilancia aérea y marítima, el entrenamiento de unidades especializadas de guardacostas y policía antinarcóticos, y el financiamiento de infraestructura penitenciaria de alta seguridad, en línea con el modelo de contención carcelaria estadounidense. Sin embargo, la literatura especializada ha documentado de forma reiterada que este tipo de asistencia orientada a la interdicción y al control territorial tiende a generar efectos de corto plazo sobre las incautaciones —como lo demuestran las cifras récord de 2024— sin alterar de manera sostenida ni la oferta de precursores en la región andina ni la demanda de los mercados de consumo en Norteamérica y Europa (Bonilla & Álvarez, 2013). En ausencia de una inversión equivalente en desarrollo fronterizo, inteligencia financiera y fortalecimiento judicial, el resultado estructural ha sido, precisamente, el desplazamiento territorial descrito por el efecto globo antes que su contención.

Capítulo 3El eje litoral pacífico: violencia logística, corredores fluviales y disputa portuaria

3.1. Esmeraldas y la frontera fluvial

La provincia de Esmeraldas opera como cabeza de puente terrestre y fluvial del derrame del conflicto. Su contigüidad con el departamento colombiano de Nariño —uno de los territorios con mayor concentración de cultivos de coca del mundo— la sitúa en una posición de vulnerabilidad extrema. Según el Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023 de la UNODC, el área sembrada en Colombia aumentó un 10% en un año, de 230.000 a 253.000 hectáreas, elevando la producción potencial de cocaína en un 53%, hasta 2.644 toneladas métricas frente a las 1.738 del año anterior (UNODC, 2024a; Mongabay, 2024). Los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo concentran aproximadamente el 65% de esos cultivos, y Nariño figura, junto con Cauca, entre los territorios con mayor crecimiento relativo en el último monitoreo disponible (Indepaz, 2025). Esta presión productiva se traduce directamente en el tránsito por las cuencas de los ríos Mataje, San Lorenzo y Mira, donde grupos armados residuales colombianos han utilizado históricamente el lado ecuatoriano como zona de descanso y retaguardia logística. El impacto humanitario recae de manera desproporcionada sobre las comunidades ancestrales Awá y los asentamientos afroecuatorianos del norte de la provincia, que enfrentan confinamientos forzados, despojo de tierras y reclutamiento de jóvenes.

A este panorama debe añadirse el elemento propiamente colombiano de la oferta, cuya primera gran inflexión se produjo en 2022: ese año el cultivo de coca alcanzó las 230.000 hectáreas —un incremento del 13% respecto de 2021— y la producción potencial de clorhidrato de cocaína llegó a 1.738 toneladas métricas, un 24% más que en 2021, mientras que la oferta mundial de cocaína se disparó un 20% hasta 2.757 toneladas, la cifra más alta jamás registrada hasta ese momento (Al Jazeera, 2023; France24, 2023). Esta primera explosión productiva de 2022 antecede y explica el salto adicional del 53% detectado en 2023 y confirma que el crecimiento de la oferta colombiana no fue un episodio aislado, sino una tendencia sostenida en el tiempo: el Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la UNODC certificó que la producción mundial de clorhidrato de cocaína alcanzó un nuevo récord histórico de 4.100 toneladas en 2024 —cuadruplicando la cifra registrada una década atrás—, impulsada nuevamente por la expansión de los cultivos colombianos, que en ese mismo año llegaron a 261.000 hectáreas (UNODC, 2026; Bloomberg, 2026). La previsión de una nueva explosión productiva hacia 2026, que la literatura especializada venía anticipando ante el estancamiento de la erradicación forzosa en Colombia, se ha confirmado así empíricamente, reforzando la presión estructural sobre los corredores fluviales ecuatorianos antes que aliviarla.

3.2. La disputa por la salida marítima: el eje Manta-Guayaquil

Si Esmeraldas funciona como puerta de entrada y zona de acopio primario, Manabí y Guayas constituyen el núcleo de exportación marítima de gran escala. El puerto de Guayaquil, situado sobre el río Guayas, concentra doce terminales privadas y moviliza aproximadamente el 85% de las exportaciones no petroleras del país, del orden de 25 millones de toneladas métricas de carga anual (SWI swissinfo, 2024a; El Comercio, 2022). La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado a Guayaquil como el principal centro logístico para la cocaína con destino a Europa y al resto del mundo (France24, 2022). La asimetría entre ese volumen de carga y la capacidad de fiscalización es notable: de los cerca de 2,4 millones de contenedores que transitan anualmente por el puerto, la policía antinarcóticos revisa de forma manual apenas alrededor del 20%, mientras que el país cuenta con un único escáner no intrusivo especializado, instalado en la terminal de Posorja (SWI swissinfo, 2024a). Un estudio contratado por la Comisión Europea, difundido en 2024, determinó que el 68% de la contaminación por cocaína detectada en siete puertos prioritarios de Guayaquil y Machala se oculta dentro de los propios productos de exportación, principalmente banano, con métodos que incluyen la sustitución de cargas legítimas —el llamado «gancho ciego»— y la introducción de droga líquida en contenedores refrigerados (Primicias, 2024a). Los exportadores bananeros, que movilizan alrededor de siete mil contenedores semanales, invierten sumas millonarias anuales en vigilancia satelital y custodia privada de sus cargamentos (El Comercio, 2022).

La vulnerabilidad portuaria descrita no se limita a las brechas técnicas de escaneo, sino que responde también a un patrón de gerenciamiento cuestionado en las principales terminales del país. Evaluaciones de riesgo realizadas sobre instalaciones de Guayaquil, Manta y Esmeraldas han calificado a varias de ellas con niveles de amenaza «muy altos» frente a la infiltración de personal, la manipulación de contenedores y la ausencia de planes de protección portuaria exigidos por el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Primicias, 2024c). La violencia dirigida contra mandos de control de carga —como el asesinato del jefe de Control de Carga de la Terminal Portuaria de Guayaquil en 2026— ilustra que las organizaciones criminales no solo contaminan cargamentos desde el exterior, sino que buscan cooptar de forma sistemática a trabajadores y funcionarios de la cadena logística mediante soborno, amenaza y extorsión (Expreso, 2025; Expreso, 2026a). Un patrón similar se reproduce en el corredor fluvial de San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas, donde la ausencia de controles portuarios formales equivalentes convierte al muelle fluvial en un punto de trasbordo de bajo riesgo operativo para las organizaciones que operan bajo la lógica del efecto globo. La persistencia de esta permeabilidad institucional, documentada de forma independiente por observatorios académicos, organismos multilaterales y la prensa de investigación, sugiere que la corrupción portuaria no es un fenómeno residual, sino un componente estructural del modelo logístico del narcotráfico en el litoral ecuatoriano.

A este cuadro se suma la revalorización de las rutas marítimas del Pacífico Oriental frente al mayor escrutinio histórico sobre las rutas del Caribe. Desde el litoral de Manabí, particularmente en torno a Manta y Pedernales, operan flotas pesqueras artesanales, lanchas rápidas (go-fast) y embarcaciones semisumergibles que trasladan cargamentos hacia rutas de cabotaje que conectan con Centroamérica —Costa Rica y Guatemala— y México, para su entrega en alta mar a buques de mayor calado. En el estuario del río Guayas y en instalaciones portuarias privadas se han documentado, además, modalidades de abordaje a embarcaciones en marcha y el uso de buzos para adosar cargamentos —conocidos coloquialmente como «torpedos»— al casco de buques mercantes que transportan de forma simultánea exportaciones tradicionales de banano, camarón y pesca congelada. Esta multiplicidad de modalidades de exportación ilustra la capacidad de adaptación logística de las redes criminales frente a cada nueva medida de control implementada por las autoridades portuarias y aduaneras, confirmando empíricamente la lógica de desplazamiento continuo que anticipa la teoría del efecto globo.

3.3. Escalada de homicidios y microfragmentación armada

El correlato directo de esta disputa logística es un incremento sostenido de la violencia letal en las provincias costeras. Ecuador registró 7.878 homicidios intencionales en 2023 —el año más violento del que se tiene registro estadístico hasta ese momento— con una tasa nacional de 47,2 por cada cien mil habitantes, la más alta de América Latina según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (Ecuavisa, 2025; OECO, citado en La República, 2024). Guayas concentró ese año 3.843 homicidios, seguida por Los Ríos (1.009), Manabí (984), El Oro (562) y Esmeraldas (476) (AECR, 2024). En 2024, bajo el primer año completo de la declaratoria de conflicto armado interno, el 83% de los homicidios del país se concentró en cinco provincias costeras —Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas—, aunque las autoridades policiales reportaron una reducción interanual del 15% respecto de 2023, con Guayaquil registrando 383 homicidios menos que el año previo (SWI swissinfo, 2025). Solo la ciudad de Guayaquil concentró el 27,87% de los homicidios nacionales de 2024, con 1.960 casos, cifra que cuadruplica los 478 registrados en el vecino cantón de Durán y septuplica los 265 de Manta (OECO, 2024). En términos de tasa por cada cien mil habitantes, Los Ríos lideró el país en 2024 con 84,14, seguida por El Oro (78,94) y Sucumbíos (76,0), esta última en fuerte ascenso por su condición de corredor fronterizo amazónico (OECO, 2024).

El análisis a escala cantonal, más precisa que el dato provincial agregado por corregir el sesgo poblacional, confirma la intensidad territorial del fenómeno. Según el ranking cantonal de tasas de homicidios elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado para el primer semestre de 2024, cantones pequeños, pero estratégicamente ubicados sobre corredores de tráfico —como El Piedrero, en Los Ríos, con una tasa de 476,74 homicidios por cada cien mil habitantes, o Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay minero fronterizo con El Oro, con 170,98— superan por un margen amplio incluso a los grandes centros urbanos (OECO, 2024). Guayaquil, pese a concentrar el mayor número absoluto de homicidios del país, registró en ese mismo período una tasa de 29,09 por cada cien mil habitantes, sensiblemente inferior a la de estos enclaves menores, lo que evidencia que la letalidad del derrame se concentra en nodos logísticos específicos —puertos de cabotaje, cruces viales, zonas de minería ilegal— antes que distribuirse de manera uniforme según el tamaño poblacional. Un caso paradigmático de esta dinámica es el cantón Pichincha, en la provincia de Manabí, cuya tasa de homicidios pasó de 7 a 53 por cada cien mil habitantes en apenas un año, un incremento superior al 700% (Plan V, 2025), coincidente con la intensificación de las disputas por corredores de acopio en la región central de esa provincia.

Detrás de estas cifras se encuentra el proceso de franquiciamiento descrito por la teoría del efecto cucaracha: la atomización de los proveedores colombianos y la llegada de intermediarios de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como de mafias balcánicas, alteraron las relaciones criminales tradicionales, forzando a bandas ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y Águilas a disputar metro a metro los barrios periféricos de Guayaquil —Durán, Nueva Prosperina, el Sur— así como enclaves de Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Machala, donde consolidaron el cobro sistemático de extorsiones conocidas localmente como «vacunas». La capacidad estatal para responder a esta violencia mediante la vía judicial es limitada: en 2023, únicamente el 8,97% de los homicidios del país fue resuelto judicialmente, con provincias como El Oro por debajo del 5% de esclarecimiento (Primicias, 2024b). La combinación de una tasa de homicidios entre las más altas del hemisferio y una tasa de impunidad superior al 90% configura, en términos de la teoría de la securitización, el escenario que legitima discursivamente la militarización permanente del litoral.

La tendencia descrita para 2023 y 2024 no se revirtió, sino que se profundizó durante 2025. Ecuador cerró ese año con 9.216 homicidios intencionales a escala nacional, lo que arroja una tasa de 50,9 por cada cien mil habitantes —la más alta de su historia y muy por encima de los 47,2 de 2023 y los 38,8 de 2024—, convirtiendo al país en el segundo más violento del hemisferio, únicamente por detrás de Haití (68,0) y muy por delante de países históricamente asociados con altos niveles de criminalidad organizada como Honduras, México y Colombia (Primicias, 2026; Ecuador Chequea, 2026). El propio Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado corroboró la magnitud del fenómeno, con una estimación levemente distinta (50,1 por cada cien mil habitantes), y advirtió que casi una de cada tres víctimas letales del país corresponde a un mismo perfil sociodemográfico: hombres mestizos jóvenes, solteros, asesinados con arma de fuego (OECO, 2026). La escala urbana confirma esta tendencia: seis de las diez ciudades más peligrosas del mundo son ecuatorianas, según el más reciente ranking de la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal —entre ellas Babahoyo, en segundo lugar mundial con 166 homicidios por cada cien mil habitantes, y Machala, en cuarto lugar—, desplazando a México, que hasta hace pocos años concentraba la mayoría de los primeros puestos de ese listado, a un papel secundario dentro del ranking (El Norte, 2026; El Universo, 2026a; Seguridad Justicia y Paz, 2026).

Detrás de este salto estadístico no se encuentra necesariamente un nuevo actor externo, sino un proceso de canibalización interna entre las bandas costeras, intensificado tras la mayor presión militar sobre la frontera norte. La captura y extradición de mandos históricos —entre ellos Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder de Los Choneros— dejó vacíos de poder que estructuras rivales, principalmente Los Lobos, han disputado violentamente en Manabí, Los Ríos y Guayas, precisamente las provincias donde se concentran los corredores de acopio hacia los puertos de exportación (Infobae, 2026; El Universo, 2026b). Este patrón reproduce, a escala micro-organizacional, la misma lógica de desplazamiento que explica el efecto globo a escala territorial: la contención del paso formal en el norte no reduce la disputa por el negocio, sino que la redirige hacia una competencia feroz por el re-reparto de rutas, plazas de microtráfico y puntos de acopio entre los actores que ya operan en el litoral. El resultado es un proceso de rotación de liderazgos en el que no todas las facciones logran superar los condicionamientos impuestos por el bloqueo fronterizo: organizaciones que dependían en exceso de la intermediación directa con las disidencias colombianas se han fragmentado en microcélulas —como ocurrió con los llamados Chone Killers de Durán, divididos en al menos diez pandillas tras la caída de su cabecilla—, mientras que otras estructuras, más adaptables y con mayor capacidad de diversificación económica hacia la extorsión y la minería ilegal, han logrado capitalizar el reacomodo para fortalecer su posición relativa (Expreso, 2026b; Diario Extra, 2026; El Universo, 2026b). La evidencia comparada de México y Colombia sobre la llamada estrategia de «decapitación» sugiere que este tipo de fragmentación eleva los homicidios entre un 10% y un 30% en los meses posteriores a la caída de un cabecilla, un patrón consistente con el comportamiento observado en el litoral ecuatoriano entre 2025 y 2026 (InSight Crime, citado en Expreso, 2026b). En el mediano plazo, sin embargo, esta guerra de posiciones no necesariamente debilita al crimen organizado como sistema: tiende a culminar en el fortalecimiento de las organizaciones más resilientes, capaces de absorber a las facciones derrotadas y de heredar sus rutas y contactos, reproduciendo así el ciclo de violencia en un nivel de concentración distinto.

Capítulo 4El eje sierra central y Quito: gobernanza, economía política del lavado y presión institucional

4.1. La economía política del lavado de activos

A diferencia de la violencia armada abierta que caracteriza al litoral, el impacto del derrame en la sierra central y en el Distrito Metropolitano de Quito adopta una naturaleza predominantemente estructural y financiera. La dolarización de la economía ecuatoriana, vigente desde el año 2000, combinada con una bancarización desigual en ciertos sectores comerciales y con brechas de supervisión en los organismos de control financiero, ha convertido a Quito y a las principales urbes andinas —Ambato, Riobamba, Latacunga y Santo Domingo de los Tsáchilas— en plataformas relativamente eficientes para el blanqueo y la recirculación de capitales de origen ilícito. Este proceso opera a través de tres vectores principales: el sector inmobiliario y de la construcción, donde el capital ilícito se canaliza mediante fideicomisos mercantiles y la compraventa sucesiva de bienes a precios desalineados del mercado en Quito y sus valles periféricos —Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos—; el comercio de vehículos usados y maquinaria en ciudades intermedias, que permite emitir facturación recurrente para legitimar flujos de efectivo; y el segmento de cooperativas de ahorro y crédito de tamaño mediano y pequeño, que ha enfrentado mayores dificultades que la banca privada para implementar controles antilavado rigurosos, convirtiéndose en depósito de liquidez no justificada.

4.2. El corredor logístico panamericano

La red vial andina constituye el eje que conecta la frontera norte con los centros de acopio y despacho costeros. El tramo de la Troncal de la Sierra —la carretera Panamericana E35— que desciende desde Rumichaca pasando por Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga y Riobamba hacia los pasos transversales hacia la costa, es utilizado de manera intensiva como corredor de insumos críticos: precursores químicos como el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, la acetona y el cemento, transportados en tanqueros o camiones de carga pesada con doble fondo, en dirección hacia la frontera norte; armamento y municiones que se desplazan en sentido inverso, acopiados en bodegas de ciudades intermedias andinas para su distribución hacia grupos armados fronterizos; y dinero en efectivo (bulk cash) que viaja en vehículos particulares y buses interprovinciales desde los centros portuarios hacia Quito e Ipiales, para saldar pagos a intermediarios colombianos y proveedores de laboratorios. La alta densidad de tráfico comercial legítimo en la Panamericana facilita que este transporte ilícito se mimetice dentro de la cadena de suministro agropecuaria e industrial formal del país.

4.3. Presión institucional, crisis penitenciaria y tensión sociodemográfica en la capital

El impacto en la sierra central y en Quito se traduce en una erosión progresiva de las capacidades del aparato estatal, que concentra en la capital sus sedes de gobierno, tribunales superiores y mandos de inteligencia. La radicación en Quito de los juzgados especializados en crimen organizado y de las salas de la Corte Nacional de Justicia convierte a magistrados, fiscales y peritos en blancos de esquemas de intimidación, soborno y judicialización política, debilitando la efectividad procesal frente a estructuras delictivas de gran escala. La reubicación de líderes de bandas criminales en centros de privación de libertad regionales, como el de Cotopaxi en Latacunga, trasladó las tensiones penitenciarias del litoral hacia la cordillera andina; estos recintos han pasado de ser centros de contención a centros de mando estratégico desde donde se coordinan extorsiones, traslados de droga y atentados.

A esta presión institucional se suma una dimensión humanitaria de magnitud considerable. Ecuador cerró 2023 con más de 76.000 personas refugiadas reconocidas, la cifra más alta de la región, de las cuales el 95% procedía de Colombia, lo que confirma al país como el principal receptor histórico de refugiados colombianos en el mundo (ACNUR, 2024a). Adicionalmente, el país acoge a más de 474.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, lo que sitúa a la población en movilidad humana en aproximadamente el 3% del total nacional (ACNUR, 2024a). La violencia asociada al conflicto colombiano intensificó estos flujos durante 2024: el número de solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos aumentó un 103% en el primer trimestre respecto del mismo período de 2023 (ACNUR, 2024b), y para septiembre de ese año la proporción de personas colombianas dentro del total de personas registradas por ACNUR y sus socios había ascendido al 25%, frente a poco más del 21% del año anterior completo, con más de 5.300 solicitudes de asilo colombianas acumuladas a finales de mes —la cifra mensual más alta desde 2017 (ACNUR, 2024c). Solo en 2023, más de 145.000 personas fueron desplazadas internamente en Colombia, un 18% más que en 2022, principalmente en los departamentos de Bolívar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, estos tres últimos frontera histórica de origen de solicitantes de protección internacional en Ecuador (ACNUR, 2024b). El 62% de la población refugiada colombiana se concentra en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi, tensionando de forma simultánea la capacidad de acogida del centro político del país y de su periferia fronteriza (ACNUR, 2023).

Capítulo 5Discusión, prospectiva y conclusiones: soberanía restringida y alternativas estratégicas

5.1. Evaluación integrada: la asimetría territorial del derrame

El análisis comparado entre el litoral pacífico y el callejón interandino confirma que el derrame del conflicto colombo-estadounidense no se distribuye de manera homogénea, sino que opera bajo una lógica de especialización funcional del territorio. En la costa, el fenómeno se manifiesta como violencia operativa y logística: despojo territorial, guerra de posiciones por el control de rutas y puertos, y una tasa de homicidios que en 2023 situó a Ecuador a la cabeza de América Latina (Ecuavisa, 2025). En la sierra central y Quito, el mismo fenómeno adopta una forma de absorción estructural: infiltración financiera e inmobiliaria, sobrecarga y cooptación del sistema judicial, y un corredor de insumos críticos que conecta la frontera norte con los centros de despacho costeros. Esta complementariedad espacial demuestra que la violencia armada en la costa y el blanqueo de capitales en la sierra son dos caras de una misma economía ilícita: mientras el litoral asume el costo humano directo de la interdicción, el centro andino provee la infraestructura logística, legal y financiera que sostiene la rentabilidad del negocio.

Esta complementariedad funcional plantea, además, una hipótesis que la literatura sobre crimen organizado en Ecuador apenas comienza a explorar con evidencia sistemática: la posibilidad de que el país transite —en segmentos específicos y no en la totalidad del aparato estatal— hacia un proceso de captura del Estado, entendido como la subordinación de decisiones normativas y de política pública a los intereses de redes criminales organizadas. Investigaciones judiciales sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio revelaron la existencia de redes que conectaban a operadores políticos, mandos de inteligencia estatal y estructuras de crimen organizado, incluyendo referencias a acciones coordinadas dentro de la propia Asamblea Nacional (Infobae, 2025c). De manera similar, denuncias sobre financiamiento electoral irregular en cantones estratégicos del litoral —Esmeraldas, Atacames, San Lorenzo y Manta— sugieren que la infiltración no se limita al aparato de seguridad o al sistema judicial, sino que alcanza también a la competencia electoral local en los territorios donde se concentra la logística del narcotráfico (El Comercio, 2024). Esta hipótesis no implica sostener que el Estado ecuatoriano en su conjunto haya sido capturado —afirmación que la evidencia disponible no permite sostener—, sino que ciertos segmentos de su estructura —gobiernos locales en enclaves portuarios y fluviales, determinadas comisiones legislativas, y nodos específicos del sistema penitenciario y judicial— podrían operar bajo condicionamientos que escapan al control democrático ordinario, lo que exigiría líneas de investigación académica y periodística adicionales antes de poder afirmarlo con mayor certeza.

5.2. Escenarios prospectivos

A partir de las tendencias descritas, y en particular tras el resultado del referéndum de noviembre de 2025, es posible proyectar tres escenarios a mediano plazo. El primero, de enquistamiento de la gobernanza híbrida, supone el mantenimiento de estados de excepción recurrentes y de la dependencia de inteligencia estadounidense sin reformas estructurales sobre las economías ilícitas, lo que consolidaría un «Estado de seguridad permanente» con franjas costeras bajo control informal de bandas y una soberanía exterior tutelada, incluso en ausencia de bases militares formales. El segundo, de escalada e injerencia extraterritorial, contemplaría un desbordamiento adicional de la violencia portuaria que renueve la presión de Washington para habilitar presencia armada fija —pese al rechazo popular expresado en las urnas— o para intensificar operaciones de interdicción marítima en aguas ecuatorianas, erosionando aún más la autonomía nacional. El tercero, de transición hacia la seguridad humana, requeriría el desmantelamiento de redes financieras, la inversión focalizada en zonas de frontera y puertos, y una cooperación multilateral más horizontal, orientada a la recuperación del tejido comunitario y a la reducción sostenida de las tasas de homicidio mediante el control de los flujos de dinero ilícito antes que mediante el exclusivo despliegue de fuerza.

5.3. Recomendaciones de política pública

El resultado del referéndum de 2025 introduce, además, una variable política que la literatura sobre securitización no siempre incorpora con suficiente peso: la posibilidad de que la ciudadanía, mediante mecanismos democráticos ordinarios, module o incluso revierta parcialmente el proceso de securitización impulsado desde el Ejecutivo. El hecho de que más del 60% del electorado rechazara la reforma constitucional, en un contexto de altísima victimización por la violencia armada, sugiere que la legitimidad social de la militarización interna no se traduce automáticamente en respaldo a una mayor injerencia militar extranjera de carácter permanente. Esta distinción resulta central para el diseño de política pública: la evidencia disponible indica que la ciudadanía ecuatoriana demanda resultados en materia de seguridad, pero no necesariamente a través de la cesión de soberanía territorial que implicaría el establecimiento de bases militares foráneas, un dato que los formuladores de política —tanto en Quito como en Washington— deberán ponderar en el diseño de la siguiente fase de la cooperación bilateral.

Con carácter prioritario sobre cualquier otra línea de acción, debe señalarse que el rezago ecuatoriano en la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública constituye un factor determinante —no meramente complementario— de la debilidad de la respuesta estatal frente al crimen organizado. Mientras las propias organizaciones criminales exhiben una adopción tecnológica incipiente pero creciente (drones modificados, cifrado de comunicaciones, uso de datos abiertos para identificar objetivos), el aparato de seguridad del Estado continúa operando bajo un modelo predominantemente reactivo, sin capacidades consolidadas de inteligencia criminal predictiva que permitan anticipar patrones de violencia, identificar redes de lavado de activos mediante analítica de datos financieros, o priorizar objetivos de interdicción portuaria mediante modelos de riesgo automatizados (Simisterra-Batallas et al., citado en Revista de la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, 2026; Ortega, citado en El Diario, 2026). Esta brecha tecnológica no es una carencia técnica adicional entre muchas: en la medida en que la militarización sin inteligencia predictiva ha demostrado ser insuficiente para reducir la letalidad —como lo confirman los récords de homicidios de 2025—, la falta de una estrategia nacional de IA para seguridad ciudadana, control financiero y vigilancia portuaria debe considerarse la variable estructural más urgente a resolver, con prioridad incluso sobre cualquier ampliación adicional de la presencia militar, propia o extranjera, en el territorio.

Las tres prioridades que se desprenden del análisis anterior pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Rezago en IA aplicada a seguridad. La inversión en inteligencia artificial predictiva para seguridad ciudadana, control financiero y vigilancia portuaria es la variable estructural más urgente a resolver.
2. Hipótesis de captura parcial del Estado. Segmentos específicos de gobiernos locales, comisiones legislativas y el sistema judicial-penitenciario podrían operar bajo condicionamientos criminales, lo que exige investigación adicional.
3. Corrupción portuaria estructural. La infiltración de personal y la ausencia de planes de protección en Guayaquil, Manta, Esmeraldas y San Lorenzo conforman un componente estructural —no residual— del negocio ilícito.

Cuadro 1. Tres prioridades estructurales para reducir la debilidad de la respuesta estatal frente al derrame del conflicto.

Superar el enfoque exclusivamente punitivo exige reorientar la doctrina de seguridad hacia la interrupción de los flujos de capital, el control técnico de infraestructuras críticas y la presencia social del Estado en el territorio. Entre las líneas de acción prioritarias se encuentran el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como ente autónomo con capacidades forenses avanzadas para auditar sistemáticamente fideicomisos inmobiliarios, patios de automotores y cooperativas de ahorro en Quito y la sierra central; la modernización y trazabilidad portuaria obligatoria, mediante la ampliación del parque de escáneres no intrusivos más allá de la única unidad actualmente disponible en Posorja, complementada con auditorías externas a los operadores portuarios privados; la reconfiguración de la cooperación internacional con Estados Unidos y la Unión Europea, condicionada a la transferencia tecnológica y a la capacitación civil antes que a convenios de inmunidad jurídica que debiliten el estado de derecho; y un plan de desarrollo integral fronterizo que sustituya la militarización aislada de Esmeraldas y Sucumbíos por inversión pública en infraestructura básica, titulación de tierras para comunidades afroecuatorianas e indígenas Awá, y alternativas económicas reales frente a la economía de enclave criminal.

CierreConclusiones generales

Este ensayo ha argumentado que la militarización de los pasos fronterizos formales no elimina el narcotráfico ni la criminalidad armada; únicamente activa el efecto globo y el efecto cucaracha, dispersando y atomizando las estructuras delictivas hacia los corredores fluviales de Esmeraldas y las terminales marítimas de Manabí y Guayas, tal como lo confirman las 294,61 toneladas de droga incautadas en 2024, un nuevo récord histórico que representó un incremento del orden del 29% respecto de 2023 (SWI swissinfo, 2025).

En segundo lugar, los esquemas de cooperación militar promovidos por Estados Unidos han transferido buena parte de la carga operativa y de los costos humanos de la interdicción al territorio ecuatoriano, acelerando la securitización interna; el rechazo ciudadano al retorno de bases militares extranjeras en el referéndum de 2025 sugiere, sin embargo, los límites políticos de esa transferencia y abre un espacio de disputa democrática sobre el modelo de cooperación futuro.

En tercer lugar, el conflicto se manifiesta en Ecuador bajo dos modalidades interconectadas: una guerra de posiciones logístico-militar en el litoral pacífico, con tasas de homicidios entre las más altas del continente, y una penetración silenciosa, financiera e institucional en el callejón interandino y Quito, agravada por una de las mayores poblaciones refugiadas de origen colombiano del mundo.

Finalmente, la insuficiencia del paradigma represivo —evidenciada por una tasa de esclarecimiento judicial de homicidios inferior al 9%— confirma que, mientras la declaración de estados de excepción y el despliegue militar no vayan acompañados de una intervención decidida sobre la economía política del delito, el ciclo de violencia y la erosión de la soberanía institucional del Estado ecuatoriano continuarán profundizándose.

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