Geopolítica de la fragmentación: propuesta teórica sobre co-soberanías y gobernanza criminal a partir del caso instrumental latinoamericano

ResumenResumen

La teoría geopolítica clásica asume de manera inercial que el Estado-nación ejerce un control homogéneo y exclusivo sobre su territorio formal. Sin embargo, en amplias geografías de la periferia global, la brecha entre la soberanía nominal y la material se ha profundizado radicalmente. Este artículo aborda dicho vacío cognitivo y propone un marco conceptual explicativo denominado «geopolítica de la fragmentación» para analizar cómo se reconfigura el espacio y el poder cuando el monopolio estatal de la violencia se disuelve, dando paso a órdenes locales alternativos en lugar de a una anarquía territorial ingobernable. Adoptando el enfoque metodológico del estudio de caso instrumental (Stake, 2007), se utiliza la realidad contemporánea de América Latina como un laboratorio empírico idóneo —y no como un fin descriptivo en sí mismo— para ilustrar y testear la validez de dos categorías analíticas fundamentales: las co-soberanías espaciales y la gobernanza criminal. El manuscrito postula que el repliegue de la estatalidad uniforme da paso a una configuración política de carácter neo-medieval, caracterizada por una polifonía de autoridades, vasallajes tecnológicos locales y solapamientos territoriales. Se concluye que este marco conceptual ofrece herramientas analíticas de alcance global, capaces de descifrar las nuevas geografías del poder ilegal e híbrido en un orden mundial desacoplado.

Palabras clave: geopolítica de la fragmentación, co-soberanías, gobernanza criminal, estudio de caso instrumental, neo-medievalismo, América Latina.

AbstractAbstract

Keywords: geopolitics of fragmentation, co-sovereignties, criminal governance, instrumental case study, neo-medievalism, Latin America.

PresentaciónPresentación del tema

La teoría política y geopolítica estándar fundamenta su análisis en la concepción westfaliana del Estado-nación, asumiendo que este ejerce un control homogéneo, continuo y exclusivo sobre un territorio determinado. Sin embargo, Stephen Krasner (2001) afirma con acierto que dicho control es siempre una pretensión y nunca un hecho consagrado automáticamente. La clásica definición weberiana también lo da a entender así al precisar que el Estado es aquella comunidad humana que “reclama para sí” el monopolio de la violencia legítima.

Si bien durante el siglo XX esta pretensión de control territorial logró materializarse con cierto éxito en los países centrales, en las periferias globales el monopolio de la soberanía ha sido históricamente disputado o incompleto. El pasado siglo XX latinoamericano estuvo marcado por guerrillas, dictaduras y vacíos estatales crónicos (el período de “La Violencia” en Colombia o la presencia de Sendero Luminoso en Perú).

En el escenario contemporáneo, esta brecha entre la soberanía formal y la realidad material se ha ampliado radicalmente. No obstante, lejos de la anarquía o del colapso institucional absoluto que la región protagonizó en la segunda mitad del siglo pasado, lo que emerge actualmente en múltiples geografías específicas no es la ausencia del Estado —aunque dicho concepto se repita de forma inercial—, sino la estructuración de órdenes locales alternativos que se incrementan numéricamente. El caos ha quedado en el pasado; asistimos a la emergencia de un nuevo orden.

Sección 1Marco conceptual: la geopolítica de la fragmentación

Es en este intersticio donde se vuelve imperativo incorporar el concepto de geopolítica de la fragmentación, entendida como el despliegue de co-soberanías espaciales donde el poder legal coexiste, transacciona y se superpone con la gobernanza criminal de actores no estatales. El problema académico central que aborda este trabajo es el vacío teórico existente para explicar los órdenes geopolíticos internos donde el monopolio de la violencia estatal se disuelve, dando paso a una atomización del espacio geográfico en lugar de una anarquía territorial ingobernable. No se trata de la ausencia total del Estado ni de la mera contraposición de actores ilegales que disputan la soberanía territorial —fenómenos aún visibles—, sino de la reconfiguración del poder a través de la coexistencia de múltiples autoridades locales más proclives a colaborar que a combatir.

El objetivo principal de este artículo es de carácter teórico-cognitivo y busca elaborar un marco conceptual explicativo de esta fragmentación a partir de dos categorías analíticas fundamentales:

• Co-soberanías: son espacios geográficos específicos donde las instituciones legales del Estado y el poder de facto de ciertos actores ilegales no estatales cooperan, transaccionan, friccionan y se superponen de manera cotidiana. Bajo este enfoque, la soberanía ya no se define como el control absoluto sobre un territorio determinado (visión weberiano-westfaliana), sino como una propiedad fragmentada y en disputa, donde la legitimidad emana más del control territorial efectivo y menos del reconocimiento internacional.
• Gobernanza criminal: es el proceso mediante el cual estos actores no estatales (facciones criminales, milicias o redes transnacionales) asumen funciones tradicionalmente soberanas, tales como la imposición del orden social, la regulación de los mercados locales, la extracción de tributos (extorsión, derechos de piso) y la administración de justicia informal. Si la gobernanza criminal ejerce el poder real, la soberanía deja de ser una propiedad exclusiva del Estado formal y se convierte en un recurso en disputa.

En los hechos, se observa una balcanización funcional donde territorios clave —primordialmente vías de conexión logística y extractiva— son gestionados por gobernanzas híbridas resultantes de alianzas entre élites locales, economías ilícitas y nuevos patronazgos globales. Friedrichs (2001) sistematiza analíticamente este concepto de balcanización funcional y la convivencia de redes económicas transnacionales, gobernanzas híbridas y autoridades locales, pero es Hedley Bull (2012) quien acuña de forma pionera el concepto de nuevo medievalismo (new medievalism) en las relaciones internacionales contemporáneas, describiendo un mundo de autoridades superpuestas y lealtades fragmentadas que reemplazan al Estado soberano.

Sección 2La hipótesis del modelo neo-medieval y el contexto global

Proponemos una relectura de la crisis de la estatalidad en América Latina. En lugar de los enfoques tradicionales basados en la «debilidad institucional», la violencia endémica o la corrupción generalizada, sostenemos que asistimos a un proceso predecible que da paso a una configuración política nueva, propia de la post-globalización o de un colapso civilizatorio. Bajo una soberanía westfaliana que ha mutado hacia un ejercicio no uniforme, se analiza la emergencia de un nuevo Estado bajo la forma de gobernanza criminal, la cual representa una estructura de poder funcional y no una falla del sistema.

Este poder resignifica la soberanía mediante un ejercicio de control territorial de carácter neo-medieval, basado en parcelas geográficas separadas entre sí y reguladas por pactos de vasallaje con señores determinados (legales e ilegales) en un contexto de constantes solapamientos y rediseños territoriales.

Phil Williams (2008) utiliza explícitamente el enfoque neo-medieval para describir el declive material del Estado frente a lo que él llama las fuerzas del desorden y los actores no estatales armados en las «áreas grises» del planeta.

En esta «neo-Edad Media geopolítica» encontramos una polifonía de autoridades. Así como en el medioevo convivían el Rey, el Papa, los señores feudales y las ciudades libres, hoy coexisten el Estado formal, las estructuras de gobernanza criminal y los intereses transnacionales. Ninguno posee el poder absoluto porque la soberanía está repartida; los límites están en movimiento y se definen por el alcance del control real, no por los acuerdos diplomáticos.

El ciudadano ya no responde únicamente al Contrato Social con el Estado nacional: existe una fragmentación de la obediencia donde se paga tributo (extorsión/impuesto) al poder local que garantiza el orden cotidiano (un vasallaje medieval). Se trata de un retorno a una Edad Media tecnológica y globalizada, que instrumentaliza criptoactivos, armas de guerra modernas y redes de comercio global.

Esta mutación estructural de la arquitectura estatal es armónica con los cambios sistémicos mundiales. La crisis de la hegemonía estadounidense y la irrupción de actores extrarregionales (China y Rusia) favorecen el colapso del modelo clásico de soberanía uniforme y el surgimiento de esferas de influencia separadas.

Con el estudio de ciertos nodos estratégicos (hubs) en Brasil y la región amazónica, mapeamos la estatalidad fragmentada que redefine la inserción regional en un mundo desacoplado (G-Zero), donde la «victoria duradera» del actor no estatal se convierte en fuente de legalidad. América Latina está ensayando nuevas formas de orden político ante el agotamiento del modelo de Estado nación moderno.

El trabajo de Davis (2010) permite introducir el término de soberanías fragmentadas e híbridas en el contexto latinoamericano, analizando cómo el control territorial real pasa a manos criminales con la aquiescencia o debilidad de las élites legales. Por su parte Idler (2019) aporta fundamentos sobre las economías de frontera ilícitas y los acuerdos tácitos/pactos de convivencia cotidianos entre la autoridad legal formal y los grupos armados transnacionales.

Si la gobernanza criminal es un nuevo tipo de Estado, el problema de investigación consiste en conceptualizar cómo se realiza la transición desde la tradicional soberanía westfaliana hacia esta nueva soberanía significada bajo el paraguas de la gobernanza criminal. La ficción legal del Estado-nación centralizado colisiona con una realidad territorial de carácter neo-medieval.

Sección 3Metodología de investigación: el caso instrumental

En términos metodológicos, el paper no se plantea como un estudio descriptivo ni como una crónica episódica de la violencia regional. Siguiendo la tipología de Robert Stake (2007), la realidad latinoamericana contemporánea es empleada formalmente como un estudio de caso instrumental. El define el concepto de estudio de caso instrumental, lo que permite justificar la premisa de que América Latina es el laboratorio o vehículo para entender un fenómeno conceptual global, y no el fin último de la investigación.

La región se utiliza como un laboratorio empírico idóneo debido a que ofrece los ejemplos más consolidados, diversos y documentados de gobernanza criminal conviviendo con regímenes democráticos procedimentales.

La evidencia empírica de escenarios específicos de América Latina (como el control territorial por parte de facciones criminales en determinadas periferias urbanas o las dinámicas de poder en ciertas economías fronterizas ilícitas) se utilizará de manera puntual para testear, ilustrar y sostener la validez de las categorías teóricas propuestas. La originalidad de esta investigación radica en superar las etiquetas simplistas y eurocéntricas de «ausencia del Estado», «Estados fallidos» o «zonas sin ley».

El artículo propone una herramienta analítica rigurosa para la geopolítica crítica, demostrando que la fragmentación territorial genera órdenes políticos alternativos, funcionales y estables. Al priorizar el desarrollo epistemológico, el marco resultante aspira a poseer un alcance global, ofreciendo una capacidad explicativa extrapolable al análisis de la fragmentación del poder en otras periferias del mundo contemporáneo e incluso al orden mundial general.

Arias (2017) examina vecindarios en Brasil, Colombia y Jamaica para demostrar que los actores armados ilegales generan micro-regímenes políticos estables, construyen alianzas con funcionarios del Estado y extraen tributos, validando empíricamente la tesis de que la gobernanza criminal es una estructura funcional y no un "fallo del sistema”.

Sección 4Pregunta de investigación

A partir de lo expuesto, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿Cómo se articularía la nueva geopolítica regional bajo este modelo de soberanía fragmentada, compartida entre actores estatales y no estatales?

Estos «agujeros negros» de soberanía están redibujando el mapa geopolítico regional, desplazando el eje de poder de las capitales hacia nodos logísticos y extractivos que operan bajo lógicas no estatales.

La «hipocresía organizada» que mencionaba Stephen Krasner (2001) ha mutado hacia una fragmentación geopolítica sistémica generalizada. Sigue persistiendo la soberanía legal internacional, pero la erosión de la soberanía westfaliana asiste a nodos de poder no estatales que redefinen la región latinoamericana más allá de la categoría clásica del Estado-nación soberano.

En los hubs donde estos actores no estatales prevalecen, la novedad es que ellos no operan «contra» el Estado, sino que conviven con él. La fragmentación geopolítica de la que hablamos implica la coexistencia de dos soberanías: legal y real. La soberanía en América Latina es una soberanía de ejercicio en conflicto con la soberanía racional-legal. Un país es una unidad en Naciones Unidas, pero múltiples unidades en la realidad territorial local.

Sección 5Los casos instrumentales

Se propone estudiar dos (2) casos instrumentales cuya problemática se presentará como ejemplos de co-soberanía basada en diferentes comportamientos de gobernanza criminal.

Ellos son:

• El trapecio amazónico, en la Triple Frontera de Colombia, Brasil y Perú
• Las milicias en Río de Janeiro, Brasil

En el caso del trapecio amazónico la gobernanza criminal se vehiculiza a través de una co-soberanía clara. Las milicias de Brasil, en cambio, expresan una gobernanza criminal donde no hay dos soberanos que concuerdan sino uno solo que incorpora la criminalidad como definitoria de un nuevo tipo de Estado, como afirma Alves Souza.

Sección 6Caso 1. El trapecio amazónico

En el mundo existen numerosas triples fronteras. Entre ellas se destacan, por su relación histórica con el tráfico de drogas, el Triángulo de Oro (Tailandia, Laos y Myanmar), la Triple Frontera en el Cono Sur sudamericano y la triple frontera amazónica, una región que algunos denominan el Trapecio Amazónico. Se trata de la conexión entre Brasil, Colombia y Perú, a través de las ciudades de Tabatinga, Leticia y Santa Rosa de Yavarí.

Aunque se reconocen más de 150 triples fronteras en el planeta, en pocas se combinan las condiciones físicas, socioeconómicas e institucionales que faciliten la producción y el tránsito de precursores y drogas finales como la que se pueden observar en este tramo del río Amazonas (Assis Couto, 2024).

La especificidad de la triple frontera amazónica radica en su vínculo con el cultivo de hoja de coca y su cadena de valor —transformación, almacenamiento y exportación— que alimenta parte importante del flujo de cocaína hacia mercados regionales y extrarregionales (Assis Couto, 2024).

Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) son ciudades conurbanadas, tan fluidamente conectadas que el único indicador manifiesto del cruce es la discrepancia horaria en los dispositivos móviles. En la práctica, Tabatinga adopta de facto la hora de Bogotá en algunos puntos fronterizos, a pesar de pertenecer al huso horario de Manaos, más de mil kilómetros río abajo.

Esta cercanía funcional pone de relieve cómo las fronteras formales se resignifican en virtud de las prácticas cotidianas y los vínculos socioeconómicos transnacionales (Emirbayer & Goodwin, 1994).

Para llegar a Santa Rosa (Perú) bastan cinco minutos desde el puerto de Leticia. En la práctica el sellado migratorio es esporádico y la circulación de personas y mercancías entre Colombia, Perú y Brasil se extiende por varios kilómetros sin ningún registro oficial, lo que crea espacios propicios en tiempo y espacio para el almacenamiento y tránsito de sustancias ilícitas.

En este tramo el Amazonas funciona como una “autopista” fluvial y en ciertos lugares el ancho del río alcanza hasta once kilómetros y las profundidades varían entre 8 y 16 metros según la estación (estiaje vs. crecida). Todo ello facilita la navegación de lanchas de carga y embarcaciones especializadas, en un contexto de baja presencia operativa estatal, particularmente en los márgenes peruano y colombiano.

Esta caracterización corresponde a una observación participante directa realizada en junio/julio de 2026 y a un trabajo de campo etnográfico que permitió captar la red material y simbólica de circulación, más allá de las categorías estatales.

El modelo logístico

Las modalidades logísticas combinan lanchas de carga, corredores humanos, laboratorios escondidos en lagunas e islotes e incluso el uso documentado de submarinos fluviales artesanales. Los insumos aparentes —cemento, alimentos, ganado— circulan rutinariamente en embarcaciones que ocultan partidas destinadas a los laboratorios cocaleros y a las rutas de salida.

Hay una notable oferta de cemento a través de las numerosas embarcaciones que llevan toneladas de bultos hacia las comunidades de la zona con escasa construcción de mampostería, lo que evidencia el uso industrial del cemento en los procesos de elaboración de cocaína y no en obra pública local.

Estos elementos derivan de la investigación etnográfica inmersiva y muestran cómo la red de actores se sostiene en infraestructuras mixtas, legales e ilegales, en línea con la idea de “identidad y control” en estructuras de red (White, 1992).

La importancia de Benjamin Constant (Brasil) muestra un desplazamiento reciente de las rutas. Ubicada en un meandro del río Yavarí conecta río abajo con Manaos, luego de cuatro días de viaje en transporte fluvial.

Manaos opera como un nodo logístico clave de acceso al mercado brasileño y de interconexión con las rutas hacia Porto Velho y otros puertos del occidente amazónico.

En estas trayectorias se documentan prácticas de trasbordo y “camuflaje” que reducen la detectabilidad de las cargas. En las escalas que se suceden a lo largo del trayecto el valor de la cocaína se multiplica. Los precios locales se aproximan a los 1.000 / 2.000 USD/kg y pueden alcanzar márgenes muy superiores (70.000 / 80.000 USD/kg) en los mercados europeos de destino de venta al consumidor final.

Desde una perspectiva socio-antropológica, la producción y comercio de la coca en la Amazonía puede describirse en clave cultural y relacional, aunque se comprende en clave geopolítica. Para las comunidades peruanas como Caballococha, Cuchillococha y Palo Seco la coca es un componente central de su tejido social y económico ya que constituye un medio de reproducción económica que permite cierto nivel de bienestar material frente al déficit estatal en infraestructura, educación y servicios básicos.

La etnografía en terreno revela prácticas y narrativas en que la coca se entrelaza con identidades locales, solidaridades y modalidades religiosas. El trabajo de campo del propio estudio dialoga con la sociología relacional al mostrar cómo los significados emergen de las tramas de interacción (Emirbayer & Goodwin, 1994).

La religiosidad cristiana evangélica y pentecostal presente en estas poblaciones, con manifestaciones singulares que mezclan doctrinas locales y referencias mesiánicas (la memoria de Ezequiel Ataucusi Gamonal) opera como un marco social moralizante que condena la ilegalidad, pero normaliza su existencia. Las prédicas que mezclan pecado, redención y aceptación conviven sin dificultad con las prácticas económicas ilícitas produciendo una dualidad comportamental: para la doctrina la actividad narco‑económica es moralmente conflictiva, pero socialmente tolerada por ser fuente de recursos ante la marginación estatal.

La maestra NN entrevistada en Caballococha ejemplifica esta tensión y su funcionalidad: “es una comunidad donde las casas son de madera elevadas, pero en general están en buen estado, no hay personas pidieron dinero en las calles ni hay adictos, se dedican al comercio y a la coca”.

Reconoce la ilegalidad de la “raspa” y sus daños, pero admite y tolera la participación infantil ante la dependencia comunitaria de esos ingresos y las compensaciones que aportan los patrones o intermediarios a las escuelas y servicios locales. Este pasaje se apoya en entrevistas cualitativas realizadas en campo y muestra cómo los marcos normativos y la práctica se articulan en redes densas de parentesco y fe. “Desde niños están involucrados en un comercio ilícito que para ellos es su forma de vida, cultivan la coca en sus jardines y más al interior, después del lago de Caballococha, están los laboratorios”.

La reproducción intergeneracional del trabajo vinculado a la coca —desde la “raspa” infantil, pasando por las responsabilidades de laboratorios hasta ser “corredores” fluviales— evidencia procesos de encapsulamiento laboral: la actividad ofrece ingresos superiores a otras alternativas locales, aunque con altos niveles de riesgo físico y penal. “Los padres llevan a los niños a la escuela y en ocasiones piden permiso para que ellos salgan a la raspa y de ahí ellos dejan dinero a la escuela”.

El corredor, por ejemplo, realiza transbordos humanos que implican caminar por fondos de río o esconder bultos en rutas menos vigiladas para evitar la detección de las fuerzas armadas o policiales. Estos elementos, reconstruidos mediante la observación participante y los relatos de los actores locales, se ajustan a la idea de que las posiciones en red y las expectativas recíprocas restringen y habilitan determinados cursos de acción (White, 1992; Emirbayer & Goodwin, 1994).

La relación entre las autoridades formales y los circuitos ilegales es relacional y, en ciertas ocasiones, colusiva. Las fuerzas de seguridad locales son, en muchos casos, personas originarias de las mismas comunidades o con lazos familiares y vecinales que facilitan filtraciones informales y arreglos: avisos previos antes de operativos, patrullajes “programados” fuera de horarios de tráfico o la omisión deliberada en puntos críticos. Dice la maestra: “el gobierno no se mete, no van, porque salen los líderes comunitarios y los detienen. El ejército o la policía debe avisar con un mes de anticipación que van a ir ellos desmantelan lo que tengan que desmantelar, y luego llegan”.

Esta connivencia no implica una relación uniforme y estable. Existen operativos y decomisos, relacionados con la logística fluvial o cargamentos menores. En los ríos amazónicos se interceptan principalmente narco-lanchas (peque-peques), botes de doble fondo o se destruyen laboratorios rústicos en la selva. Los cargamentos se mueven fraccionados en bultos de 300 a 1,000 kilogramos para pasar desapercibidos antes de llegar a los grandes puertos de salida.

La diferente presencia estatal de los tres países configura corredores asimétricos con cierta estabilidad de tránsito: Colombia y Brasil muestran una mayor visibilidad institucional, mientras que la supervisión peruana es más laxa, permitiendo una relativa simplicidad productiva y bajo riesgo operativo para los actores locales (Assis Couto, 2024; Avínzano, 2015. Esta matriz territorial de control estatal combina factores topográficos (extensión y navegabilidad del río), infraestructurales (puntos de embarque, redes de comunicación) y sociales (relaciones comunitarias, religiosidad y tejido familiar) que estructuran un modelo consensuado de gobernanza criminal.

Sección 7Caso 2. Las milicias en Río de Janeiro, Brasil

La Oficina del Crimen y la Liga de la Justicia son algunos de los grupos milicianos más numerosos y poderosos de Río de Janeiro, controlando muchos aspectos de la vida en los sectores del occidente de la ciudad. Su portafolio criminal se extiende al narcotráfico y otras actividades de crimen organizado. En los últimos años, estas milicias han empezado a dejar de lado sus rivalidades tradicionales con la sede nuclear carioca del Comando Rojo y han mutado hasta convertirse en estructuras criminales híbridas con alcance extendido más allá del litoral atlántico de Brasil.

En relación con los actores integrados en el Estado, las milicias y los grupos paramilitares están conformados por cuerpos de seguridad antiguos y actuales que se están convirtiendo en un factor preocupación creciente dentro de la política nacional, ya que tienen capacidad para infiltrarse en los tres poderes del Estado, y se los ha relacionado con homicidios por motivos políticos. Tienen control territorial estricto sobre determinados territorios de Río de Janeiro y se dedican a las actividades delictivas tradidcionales del crimen organizado, como el cobro de tasas de seguridad y vivienda y la instalación de centros clandestinos de televisión por cable e Internet.

En los últimos años, la relación entre las milicias y la política se ha hecho cada vez más evidente ya que los políticos utilizan los vínculos que sostienen con los grupos de milicianos para hacer prevalecer sus intereses locales y silenciar a sus opositores. La violencia paramilitar, especialmente en Río de Janeiro, sigue siendo un problema de resonancia en la caja política.

Aunque Jair Bolsonaro no estuvo presente en la entrega de mandato de Lula en enero de 2023 en virtud de un raudo viaje a Estados Unidos, el bolsonarismo como movimiento nacional quedó muy fortalecido tras el proceso electoral, la que permite las aspiraciones actuales de su hijo en 2026.

Su fortalecimiento deriva, en primer lugar, de la cantidad de votos obtenidos y por el muy importante dato relacionado con la distribución geográfica de esos votos. Bolsonaro triunfó en el sur y centro de Brasil, en muchos casos con una diferencia importante. Ganó en San Pablo (55%), Río de Janeiro (56.6%), Paraná (62%), Rio Grande do Sul (56%), Mato Grosso (65%), Santa Catarina (69%) y otros estados. Más importante todavía, controla el Parlamento y la mayoría de los gobiernos estaduales.

Queda confirmado que la figura de Jair Bolsonaro, al igual que sucede con Donald Trump en Estados Unidos, no es un capricho electoral episódico, sino la expresión de un fenómeno social y político profundo que recorre todo el país y expresa una situación de colapso más que de crisis. Para entender las características e importancia del fenómeno corresponde mencionar a las milicias dentro del mismo.

El Washington Post afirma que las milicias ganaron fuerza en Rio de Janeiro a fines del pasado siglo XX, formadas por policías activos, agentes retirados y miembros de la seguridad privada, presentándose como los enemigos de las pandillas locales y de los narcos.

Poco a poco fueron adueñándose de cargos administrativos locales y empezaron a actuar por cuenta propia en sus comunidades, con la justificación de expulsar a las facciones del crimen organizado vinculadas al narcotráfico. Muy pronto ocuparon espacios de poder en todo el país. Sus ideales de orden, respeto a la religión y defensa de la familia se oponen a la izquierda, la ideología de género y otros “desvíos”, superando el control territorial de algunos grupos del narcotráfico como el Comando Vermelho (CV), su tradicional opositor.

El entonces presidente Jair Bolsonaro fue vinculado de forma recurrente a estas mafias paramilitares que controlan barrios y condicionan el voto de miles de electores. En el ámbito local la milicia reparte las cartas con redes de clientelismo construidas desde hace décadas. Utilizando a su favor la promesa de luchar contra la delincuencia y cuidar de los vecinos abandonados por el Estado, los milicianos se fueron haciendo fuertes a golpe de extorsión.

La milicia actúa primero en el nivel municipal y cuando se posiciona a través de concejales o de alcaldes en ciudades pequeñas, pega el salto al siguiente nivel: la asamblea legislativa, el Gobierno del estado e incluso Brasilia.

Ya no se trata del crimen organizado actuando por fuera del Estado, sino que las milicias influyen en el carácter, la forma y la evolución del orden político, son integrantes estructurales del poder. El sociólogo Souza Alves lo dijo con claridad: “no es un poder paralelo, es el propio Estado. Es una gobernanza criminal” (citado por Royo, 2022).

Sección 8Análisis de caso bajo la óptica de la geopolítica de la fragmentación

En las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, conectadas con el nodo portuario de Santa Rosa, la soberanía westfaliana “normal” ha sido desplazada por una estatalidad híbrida y permanente que ejerce con eficiencia y efectividad la gobernabilidad territorial concreta. Dado que la fragmentación de la que se habla en este trabajo no es una sociedad entre “partes” diferentes y separadas sino una co-soberanía unificada que se manifiesta fenoménicamente de diversas formas, dependiendo de las circunstancias territoriales, la fragmentación del trapecio amazónico y la de las milicias en Brasil son expresiones variadas de un mismo fenómeno de gobernanza criminal.

Esta gobernanza criminal es una estructura híbrida de ordenamiento social y regulación económica ejercida por actores no estatales que disponen del monopolio fáctico, no legítimo, de la coacción en un fragmento territorial determinado. No opera en los márgenes de la anarquía y menos aún del caos, sino en el centro de un sistema de autoridad enteramente funcional, dada la situación de orden y urbanidad en el caso de Caballococha y de nueva estatalidad en las milicias brasileñas.

El narco estabiliza el entorno, arbitra disputas y administra eficientemente la economía local, sustituyendo las funciones de protección y justicia del Estado formal mediante la construcción de una legitimidad social de base comunitaria e incluso mantiene relaciones extra-locales regulando la intervención de las fuerzas federales. Lejos de la ficción cinematográfica de mundos caóticos y desgobernados, el narcotráfico regula con paciencia estratégica los entornos conflictivos de esta polis amazónica posmoderna mediante el uso fáctico de la coacción. “Aquí si hablas o eres policía, informante, de la DEA, o dices algo, se te mata. Así nadie sabe y nadie se entera. Aquí todos se dedican al cultivo o comercio de coca desde niños”. Ante nuestros ojos está surgiendo un nuevo Leviatán, una corporalidad visible de la razón de Estado.

Este Leviatán, normalizado en ambos casos, adopta otra forma en Brasil, donde el Estado formal incorpora dentro de sí el elemento criminal sin diferenciarlo y sin etiquetarlo separadamente. Claramente no es un poder paralelo, sino que es el propio Estado cambiando su significado y eliminando la frontera entre lo legal y lo ilegal. La propia legalidad se tiñe de ilegalidad, un punto de desarrollo máximo de la verdadera gobernanza criminal.

La ausencia ficticia del Estado constituye una estrategia de repliegue burocrático y representación pactada de poder, donde el aparato formal del Estado de derecho simula una presencia actuada de control territorial y una supuesta incapacidad operativa sobre un fragmento geográfico específico. Lejos de representar un vacío institucional involuntario, la estatalidad de Caballo Cocha es una escenografía consensuada (la intervención de la fuerza pública es calendarizada) que establece una nueva matriz institucional. Esta dinámica permite la mimetización temporal de los flujos ilícitos, garantizando que las inspecciones y los operativos oficiales concluyan de manera estéril, con resultados aceptables para todas las partes a fin de preservar la estabilidad de la gobernabilidad híbrida sin detonar conflictos abiertos entre actores que en consecuencia dejen de ser facciones aisladas en pugna para componer paulatinamente una totalidad amalgamada, incluyendo dentro de ella el ingrediente de la soberanía westfaliana.

Esta soberanía compartida es el régimen político-espacial emergente donde la legalidad formal del Estado y la gobernanza fáctica del crimen organizado co-soberanizan el territorio en la zona gris, repartiéndose las cargas legales y territoriales de forma coordinada y sin entrar en conflicto. Bajo esta matriz, el factor delictivo no disputa la soberanía legal-internacional del locus de poder central, todo lo contrario, pacta la administración local del espacio. Mientras el gobierno formal conserva el monopolio de la representación jurídica y la simulación estadística, las unidades medievalizadas del crimen organizado ejercen la soberanía de ejercicio físico y real sobre los controles logísticos y la fluidez de la facilitación comercial de la zona. El crimen, entendido como la desobediencia y/o actuación exterior al status de control territorial acordado (entre los narcos y la fuerza pública en el Trapecio, en la nueva politicidad miliciana en Brasil), es feroz y eficientemente castigado.

1. La ausencia ficticia y la soberanía compartida en el terreno

En esta geografía hídrica se devela que la supuesta falta de control institucional constituye, en realidad, una ausencia ficticia del Estado. En enclaves críticos como Caballo Cocha, el Estado formal y las agencias internacionales de alto nivel como la DEA no operan bajo la lógica de la intromisión punitiva “desde afuera”, sino que se integran en una escenografía burocrática consensuada, “desde adentro”. Las fuerzas de seguridad preanuncian con claridad expresa sus futuras incursiones y operativos, todo con calculada anticipación, permitiendo que la estatalidad criminal limpie el terreno y acondicione el espacio para una inspección estatal formal que, de manera previsible, culminará sin resultados disruptivos ni incautaciones de relieve. Esta simulación co-gobernada erradica el conflicto abierto y la fricción bélica entre el delito y la ley, sustituyendo ambos por un régimen unificado de soberanía compartida. No hay menos poder en ninguno de los actores, todo lo contrario. Surge un nuevo poder resignificado. El crimen organizado no se infiltra en las instituciones para destruirlas, sino que pacta con ellas una zona gris donde el Estado central simula soberanía legal y el factor delictivo ejerce la gobernanza territorial fáctica del flujo comercial.

2. La racionalidad del desvío y el marco moral

Este consenso de baja intensidad permite el despliegue de una racionalidad comercial elemental y parasitaria que absorbe la infraestructura preexistente con costo cero para la soberanía criminal. El desvío masivo de toneladas de cemento industrial hacia comunidades indígenas que carecen por completo de construcciones de mampostería es el indicador de esta cohabitación: el insumo legal transita a la vista de las agencias oficiales con destino al procesamiento de alcaloides y el acondicionamiento de semisumergibles artesanales.

Para obtener obediencia civil frente a esta ausencia ficticia, el territorio se sirve de una avanzada moral adicional provista por religiosidades mesiánicas locales, tal como sucede con la memoria de Ezequiel Ataucusi. Sus doctrinas imponen una estricta sanación doctrinal en los templos, mientras al mismo tiempo normalizan la «raspa» de cocaína en las parcelas, legitimando la inserción laboral de la infancia como un mandato propicio “necesario y natural” para la subsistencia comunitaria.

ConclusionesConclusiones

• Otros numerosos territorios latinoamericanos son pasibles de ser incorporados dentro de los casos que corresponden a la fragmentación que trabaja este artículo. Así sucede con los puertos del pacífico mexicano o los puertos del pacífico colombiano, en un momento donde la fragmentación muestra un perfil portuario en todo el subcontinente.
• Un segundo elemento a tener en cuenta es que la fragmentación está fuertemente vinculada al crimen organizado en sus diversas variantes, no solo ni preferentemente al narcotráfico. La minería ilegal es una actividad fragmentadora que está adquiriendo cada vez mayor relevancia en este proceso.
• Un tercer elemento es el carácter fuertemente territorial de la fragmentación, lo que se pone de relieve en el caso de las desapariciones en México, particularmente en Jalisco. Una visión fragmentada de los territorios permite deducir que las desapariciones implican un control territorial consensuado entre el crimen organizado y el Estado, donde uno pone los cuerpos y otro pone la ausencia ficticia de control como una forma específica y criminal de control.
• El último elemento es la espiral de silencio que rodea el proceso de fragmentación, donde la sociedad carece de vocabulario y lenguaje precisamente porque el cambio de la territorialidad nacional a una territorialidad fragmentada implica el cierre de los discursos unificados y el paso paulatino a discursos fragmentados, que solo se dicen y se entienden hacia adentro del fragmento de pertenencia.

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