La metamorfosis del crimen organizado en Ecuador: de territorio de tránsito a nodo estratégico de las redes criminales globales

PresentaciónPresentación del tema

El crimen organizado en Ecuador ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una de las principales amenazas a la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo del país. En las últimas décadas, más aceleradamente desde mediados de la década de 2010, Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito del narcotráfico a consolidarse como un nodo estratégico dentro de las redes criminales transnacionales.

Su ubicación geográfica, entre los principales productores de cocaína y los mercados de consumo, la dolarización de su economía, la debilidad institucional para ejercer los controles estatales, el aumento del tráfico ilegal de armas y la penetración de las estructuras criminales en el sistema penitenciario configuraron un escenario propicio para la expansión de economías ilícitas cada vez más diversificadas.

Este trabajo busca describir las características, la evolución y las consecuencias del crimen organizado en Ecuador, actualizando la información sobre los actores involucrados, las dinámicas territoriales, las diversas actividades ejercidas y las respuestas estatales implementadas para enfrentar el fenómeno. El crecimiento exponencial de los homicidios y de la violencia asociada obliga, además, a prestar atención al tráfico ilegal de armas, universo subsidiario del crimen organizado y factor decisivo en la escalada homicida.

Más allá de ser un problema policial o de seguridad —que lo es—, el crimen organizado atraviesa dimensiones económicas, sociales, políticas y de derechos humanos que exigen un abordaje integral.

La complejidad del fenómeno en Ecuador obliga a dimensionar su magnitud, evaluar críticamente las políticas públicas implementadas y estudiar alternativas que contribuyan a contenerlo y transformarlo.

Sección 1El crimen organizado en Ecuador: evolución, características y consecuencias

1.1 Antecedentes y periodización

El crimen organizado en Ecuador es el resultado de una larga trayectoria que puede reconstruirse en cinco etapas (Álvarez, 2026).

• La primera (décadas de 1970 y 1980), corresponde a estructuras familiares dedicadas al contrabando y al tráfico de precursores químicos desde Perú hacia Colombia, sin producción local de cocaína.
• La segunda (década de 1990), marca la institucionalización del combate al narcotráfico —con la Ley 108, la creación del CONSEP y la Dirección Nacional Antinarcóticos— y la visibilización de los primeros capos locales, como el caso Reyes Torres y el Operativo Ciclón de 1992.
• La tercera etapa (entre 2000 y 2015), se caracteriza por el desplazamiento del narcotráfico colombiano hacia Ecuador como efecto no deseado del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina. El proceso es favorecido por la dolarización, la modernización de la infraestructura portuaria y vial y la debilidad institucional. El país deja de ser un territorio de tránsito secundario para consolidarse como nodo estratégico de la cadena global de la cocaína.
• La cuarta etapa (entre 2016 y 2019), constituye un punto de inflexión. El Acuerdo de Paz con las FARC reconfigura el panorama criminal colombiano, empuja disidencias y nuevos actores hacia la frontera norte y se producen los primeros ataques de alta visibilidad, como el coche bomba en Mataje y el asesinato de tres periodistas de El Comercio en 2018.
• La quinta etapa (desde 2020 a la actualidad) se define por la fragmentación criminal. La disolución del monopolio ejercido por Los Choneros da lugar a nuevos grupos —Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, entre otros— que compiten por rutas, territorios y mercados ilícitos, diversifican sus actividades hacia la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas y emplean tácticas de violencia abierta contra el Estado. El resultado es una crisis de seguridad, expresada en masacres carcelarias, atentados con explosivos, el asesinato de un candidato presidencial en 2023 y una escalada homicida que convirtió a Ecuador en el país más violento de la región con una tasa de 51 homicidios cada cien mil habitantes en 2025 (InSight Crime, 2026) y con 6 ciudades ecuatorianas entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo (CCSPJP, 2026).
• En 2024 se establece una alianza entre Los Choneros y Los Tiguerones, lo que reduce los homicidios por primera vez en 5 años, pero no se sostiene. Las capturas, los asesinatos y las fugas abren paso a la actual fragmentación (PADF-OECO, 2025).

1.2 Actores involucrados

En un trabajo del año 2020 Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva mencionan la presencia en la provincia fronteriza de Esmeraldas de grupos colombianos, tales como el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, ELN, Los Negritos, La Empresa, Nuevo Grupo, Gente del Orden, Águilas Negras y Clan del Golfo.

El crimen organizado en Ecuador se articula a través de una pluralidad de actores que operan en distintos niveles y con funciones complementarias (Carrillo et al., 2024).

• En el nivel local, las bandas criminales se han consolidado como los actores más visibles y violentos. Entre ellas destacan Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Lagartos, Los Ñetas, Los Vatos Locos, Los Gansters, Los Pipos y el grupo Colón Pico, entre otros. Estas organizaciones compiten por el control territorial de las rutas, los mercados de microtráfico y los enclaves estratégicos. Han protagonizado enfrentamientos que derivaron en masacres carcelarias y en un incremento exponencial de los homicidios. Su estructura es flexible y descentralizada, aunque mantienen jerarquías internas. La rotación de miembros por muertes o encarcelamientos es constante, lo que les permite sostener su capacidad operativa incluso cuando sus líderes se encuentran privados de libertad.
• En un segundo nivel se encuentran las organizaciones criminales transnacionales, que han penetrado el territorio ecuatoriano para aprovechar su posición geoestratégica y su infraestructura logística. Los carteles mexicanos —Sinaloa y CJNG— operan en alianza con las bandas locales y han sido señalados como patrocinadores y adiestradores de grupos como Los Choneros y Los Lobos.

A ellos se suman algunas organizaciones europeas, como la mafia albanesa y la 'Ndrangheta italiana, que han utilizado empresas de fachada y ciertas actividades económicas aparentemente legales —exportación de banano, construcción, joyerías— para lavar activos y facilitar el tráfico de cocaína hacia Europa.

• Un tercer grupo de actores lo constituyen los funcionarios públicos y agentes estatales corruptos, cuya participación es indispensable para el funcionamiento de las economías criminales. Es el caso de militares, policías, jueces, fiscales, personal aduanero y autoridades políticas que, por complicidad, negligencia, omisión o intimidación, facilitan las operaciones del crimen organizado.

La infiltración alcanza niveles que llegan a comprometer la gobernabilidad del Estado. Se han identificado vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas, financiamiento de campañas electorales con dinero ilícito y designación de altos cargos en empresas públicas a partir de influencias criminales.

• Finalmente están los actores sociales que participan de la economía criminal como reclutados o colaboradores, entre ellos jóvenes de sectores populares, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, utilizados por las BANCRIM para el microtráfico y el transporte de sustancias.

La combinación de todos estos actores —bandas locales, redes transnacionales, funcionarios corruptos y población vulnerable— configura un entramado criminal diversificado y resiliente, cuya desarticulación exige estrategias que exceden ampliamente el simple ámbito policial.

1.3 Dinámicas territoriales

Ecuador forma parte esencial de la actual geopolítica de la economía ilegal, ubicado entre los mercados productores de drogas del triángulo andino (Colombia y Perú) y con desplazamiento de rutas hacia el Pacífico y el Atlántico (Brasil) en dirección a los mercados consumidores.

Adicionalmente la frontera con Colombia y Perú es una «región transfronteriza densamente controlada por bandas criminales, grupos militares subversivos, ejércitos oficiales, policías y grupos armados» (Maldonado Aranda, 2025: 20). En el caso de Colombia se produce el «efecto membrana» o fronterización de los cultivos. Según el informe más reciente publicado por UNODC (2026) y el Gobierno de Colombia, los cultivos de coca en Nariño y Putumayo alcanzaron cifras récord en 2024. Nariño registró 74.547 hectáreas, con un aumento de más de 9.550 hectáreas respecto a 2023, consolidándose como el principal enclave cocalero del país. Putumayo, por su parte, registró 44.473 hectáreas.

Aproximadamente el 50% de los cultivos ilícitos de coca de Colombia se concentran en la frontera con Ecuador, específicamente en los mencionados departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo (Primicias, 2024). El mismo presidente Daniel Noboa confirmó en 2024 la existencia de 2 mil hectáreas de plantaciones de hojas de coca en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

La región de Esmeraldas, fronteriza con Nariño en Colombia, es una de las zonas que más droga produce en el mundo. En el año 2022 Esmeraldas fue la tercera ciudad más violenta del mundo después de Colima (México) y la Región Capital de Caracas en Venezuela.

Se han contabilizado en el país más de 2.000 pistas clandestinas para transportar drogas o mercancías ilegales y la exportación bananera ha sido un medio importante para la exportación de cocaína en contenedores.

La costa del Pacífico ecuatoriano se ha consolidado como el epicentro territorial del crimen organizado, al concentrar más de la mitad de la población del país y alrededor del 70% de los homicidios nacionales. Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro funcionan como nodos estratégicos donde confluyen la infraestructura portuaria, las rutas del narcotráfico y la presencia de grupos de delincuencia organizada que compiten por el control de corredores logísticos y mercados ilícitos (ICG, 2025).

1.4 Actividades ejercidas

El crimen organizado en Ecuador no se limita al narcotráfico, aunque este constituya su eje estructurante. A lo largo de las últimas décadas, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades, articulando un portafolio que combina cinco grandes actividades: el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, el tráfico de armas y la extorsión, entre otros varios ilícitos (Álvarez Velasco y Pontón Cevallos, 2026). Esta diversificación responde a una lógica de mercado que busca maximizar ganancias, reducir riesgos y aprovechar las variadas brechas en el control estatal.

• El narcotráfico continúa siendo la principal fuente de poder del crimen organizado ecuatoriano. El país pasó a consolidarse como un nodo estratégico en la cadena global de la cocaína. Las organizaciones criminales participan en distintas fases del proceso, desde el contrabando de precursores químicos provenientes de Perú, hasta la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos. Además del almacenamiento, el transporte interno y la exportación hacia Estados Unidos y Europa. Los métodos de transporte incluyen lanchas rápidas go-fast, avionetas tipo Cessna, contaminación de contenedores en puertos y el uso de embarcaciones pesqueras. La conversión de la hoja de coca en commodity y la división internacional y territorial del trabajo criminal han permitido que Ecuador ocupe un lugar privilegiado en esta cadena.
• El lavado de activos es la actividad que permite sostener y reproducir las demás mediante la conversión de los ingresos ilegales a la economía formal. La dolarización de la economía ecuatoriana, adoptada en el año 2000, facilitó esta actividad al eliminar el riesgo cambiario y permitir que el capital criminal se integre al sistema financiero con mayor fluidez.

El comercio exterior se ha convertido en un espacio privilegiado para el lavado, mediante la manipulación de facturas, la subfacturación, la sobrevaloración de exportaciones y la triangulación comercial. Investigaciones recientes han documentado el uso de la contratación pública y de redes empresariales en sectores como la construcción, el transporte, la ganadería, la acuicultura y la agricultura para blanquear capitales.

A pesar de las reformas normativas y de la creación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la efectividad del control ha sido limitada. Entre los años 2015 y 2020 se dictaron en promedio tres sentencias por año. Entre 2020 y 2022, solo una. En 2024, una y en 2025, tres.

• La minería ilegal se ha consolidado como el segundo mercado ilícito más rentable del país. Comenzó como una actividad artesanal y se ha transformado (acorde a la geopolítica mundial de recursos que impera en el mundo) en una operación industrializada e incluso militarizada, bajo el control de grupos criminales que diversifican su portafolio con base en el narcotráfico.

Los sitios de extracción se concentran en la Amazonía (Yutzupino, Joya de los Sachas), en la región de Buenos Aires (Imbabura) y en la provincia de El Oro. Las organizaciones criminales —Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y los Comandos de Frontera— imponen peajes a los mineros ilegales, extorsionan a las comunidades y ejercen violencia para eliminar la competencia. La minería ilegal no solo genera rentas extraordinarias, sino que funciona como un mecanismo de lavado de activos y como fuente de financiamiento para la compra de armamento y la expansión territorial. Su convivencia con el narcotráfico incrementó la capacidad de sobrevivencia del crimen organizado, agravando el impacto ambiental y social en las comunidades y territorios sobre los que opera.

• El tráfico de armas es una actividad convergente con el narcotráfico, aunque ha recibido una atención estatal considerablemente menor. Las armas de fuego son el principal instrumento de la violencia homicida, ya que nueve de cada diez homicidios se cometen con un arma de fuego.

La relación entre ambos delitos es doble. Por un lado, los grupos criminales involucrados en el narcotráfico están entre los principales consumidores de armas y municiones. Por otro, el tráfico de armas comparte rutas, medios de transporte, redes y modos de operar con el tráfico de drogas.

Las armas ingresan al país por pasos fronterizos ilegales, por vía marítima y fluvial, y a través de servicios de courier o mensajería. Se han identificado armas cortas (calibres 38, 9 mm y 22) y armas largas de tipo militar (calibres 5.56 mm y 7.62 mm), fabricadas en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Argentina.

La flexibilización normativa del año 2022, que eliminó la prohibición de importar y portar armas y redujo el impuesto a su comercialización del 300% al 30%, ha facilitado su proliferación y ha debilitado las capacidades estatales de control.

• La extorsión ha evolucionado desde un delito patrimonial para convertirse en un mecanismo central de gobernanza y control territorial. Las organizaciones criminales cobran «vacunas» a comerciantes, transportistas y mineros ilegales y utilizan la violencia —amenazas, destrucción de propiedad, explosivos y sicariato— para asegurarse el pago.

La extorsión se ha convertido en una fuente de financiamiento estable y al mismo tiempo en un instrumento para consolidar el dominio territorial en barrios, zonas comerciales y enclaves mineros.

Otros delitos, como la trata de personas y el tráfico de migrantes también forman parte del portafolio criminal, aunque con menor desarrollo relativo en el caso ecuatoriano. El tráfico de combustibles, por su parte, funciona como una cadena transversal que facilita tanto la producción de cocaína como la operación de la minería ilegal y el transporte de drogas en altamar.

Una visión geopolítica de la problemática criminal afirmará que estas actividades configuran en conjunto un sistema criminal diversificado y articulado, en el que cada mercado ilícito potencia y es potenciado por los demás. La dinámica convergente de narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y tráfico de armas ha incrementado la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales, al tiempo que ha erosionado la autoridad estatal y ha profundizado la crisis de seguridad que atraviesa el país.

1.5 Tráfico ilegal de armas

El tráfico de armas se ha consolidado como un mercado ilícito en sí mismo y como un factor estructural de la violencia letal en Ecuador. Las armas de fuego son el principal instrumento de los homicidios: nueve de cada diez muertes violentas se cometen con un arma de fuego, una proporción que supera el promedio regional latinoamericano (InSight Crime, 2025). Esta realidad ha llevado a que el tráfico de armas sea considerado el segundo mercado criminal más amplio del país, solo detrás del narcotráfico (PADF-OECO, 2025).

El suministro de armamento responde a una lógica convergente con el narcotráfico. Las organizaciones criminales requieren armas para disputar territorios, custodiar cargamentos de cocaína, proteger laboratorios y enfrentar a grupos rivales o a las fuerzas de seguridad. Esta demanda ha transformado el perfil del armamento incautado: si bien las armas artesanales siguen siendo mayoritarias en las estadísticas policiales, en los últimos años se ha evidenciado un incremento sostenido de armas industriales importadas, incluyendo fusiles de asalto de calibre militar y pistolas de alta gama (InSight Crime, 2025).

Las rutas de ingreso combinan pasos fronterizos, vía marítima y servicios de courier. Por vía terrestre, los flujos más relevantes provienen de Perú, ingresando por Huaquillas hacia Machala y Guayaquil, y de Colombia, a través de Mocoa y Puerto Asís hacia Lago Agrio y Cascales (Infobae, 2026). Un operativo reciente documentó una red que ingresaba explosivos desde Perú por El Oro y Loja, los almacenaba en Imbabura y Carchi, y los enviaba a Colombia para abastecer a disidencias de las FARC y a Los Lobos (Diario Expreso, 2026). Por vía aérea, se han detectado fusiles camuflados en cargamentos comerciales procedentes de Estados Unidos, país que concentra aproximadamente el 90% del origen rastreable de las armas de fuego que circulan ilegalmente en América Latina.

La dimensión más crítica del problema es la trazabilidad. De más de 40.000 armas incautadas desde 2019, apenas 900 han sido rastreadas hasta su origen (Plan V, 2025). Esta incapacidad estatal para reconstruir la cadena de suministro —desde el fabricante hasta el usuario final— permite que las organizaciones criminales operen con un margen de impunidad significativo. La flexibilización normativa de 2022, que eliminó la prohibición de importar armas y redujo el impuesto a su comercialización del 300% al 30%, agravó la situación al dinamizar tanto el mercado legal como el ilegal (GITOC, 2024).

Sección 2Respuestas estatales implementadas

2.1 Políticas de seguridad y marco normativo

“Los últimos tres gobiernos respondieron a la explosión de las violencias con una estrategia de estado de excepción. No es sorpresiva esta medida: varios gobiernos latinoamericanos han militarizado el orden social e implementado el populismo punitivo para contener a los grupos criminales que alientan disturbios sociales” (Maldonado Aranda, 2025).

En la misma línea se inscribe la declaratoria de Conflicto Armado Interno (CAI) a inicios de 2024, con 22 grupos criminales reconocidos como grupos terroristas.

El marco normativo y las políticas de seguridad en Ecuador han experimentado transformaciones profundas, pero esas transformaciones no siempre han logrado contener la expansión del crimen organizado.

• La Constitución de 2008 estableció un giro garantista al reconocer la seguridad humana como un derecho y al definir las adicciones como un problema de salud pública, lo que derivó en la despenalización del consumo y en la creación de umbrales de tolerancia para distinguir a consumidores de traficantes (Pontón Cevallos, 2026). Sin embargo, ese giro coexistió con prácticas policiales heredadas y con una creciente presión por responder a la escalada de violencia mediante medidas punitivas. El resultado ha sido un marco normativo híbrido, en el que conviven disposiciones garantistas con reformas de endurecimiento penal, sin que ninguna de las dos orientaciones haya logrado revertir la crisis de seguridad (Maldonado Aranda, 2025).
• El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, unificó el derecho sustantivo, adjetivo y de ejecución penal, y tipificó delitos como el terrorismo, la delincuencia organizada, el sicariato y el tráfico de drogas (MinDef, 2025). También reconfiguró el tratamiento penal de las drogas y derogó la mayor parte de la Ley 108, que había sido ampliamente cuestionada por sus excesos punitivos (Rodríguez Mera, 2026). La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas (2015) reemplazó al CONSEP por un Comité Interinstitucional y una Secretaría Técnica, y buscó alinear la política de drogas con los estándares internacionales de derechos humanos. No obstante, la contrarreforma de 2015 y la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas (2020) reintrodujeron un enfoque punitivo centrado en el microtráfico, lo que derivó en un crecimiento exponencial de la población penitenciaria y en la criminalización de sectores vulnerables (Carrillo, Romo, Carrillo y Andrade, 2024).
• En materia de lavado de activos, el país ha adoptado una serie de reformas para alinearse con los estándares del GAFI. La Ley para Reprimir el Lavado de Activos (2005) tipificó el delito de forma autónoma y creó la Unidad de Inteligencia Financiera. El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) y la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos (2016) fortalecieron el marco institucional y ampliaron las facultades de la UAFE. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio (2021) incorporó me para la recuperación de bienes de origen ilícito. Pese a estos avances, la efectividad ha sido limitada: entre 2015 y 2020 se dictaron en promedio tres sentencias por año, y entre 2020 y 2022 solo una, lo que refleja la brecha entre la norma escrita y su aplicación real (Carlos Pontón Cevallos, 2026; Andrade Quevedo, 2026).
• La Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) creó el Sistema de Seguridad Pública y del Estado (SSPE) y el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), con el propósito de articular a las instituciones encargadas de la defensa, la seguridad ciudadana, la gestión de riesgos y la gestión penitenciaria (MinDef, 2025). En 2024, el Decreto Ejecutivo 152 suprimió la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y designó al Ministerio del Interior como Secretaría del COSEPE y al Ministerio de Defensa Nacional como responsable de la formulación del Plan Nacional de Seguridad Integral. El Decreto Ejecutivo 238 (2024) sustituyó el artículo 3 del Decreto 152 y otorgó al Ministerio de Defensa la función de formular políticas integrales de seguridad pública y del Estado, así como el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad (Presidencia de la República del Ecuador, 2026).
• El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 (MinDef, 2025) constituye el instrumento de política pública más relevante del período reciente. Aprobado por el COSEPE mediante Resolución 01-2026 y declarado como política pública de aplicación nacional mediante el Decreto Ejecutivo 448 (julio de 2026), el plan se estructura en torno a siete Objetivos Nacionales de Seguridad.

El plan reconoce la existencia de un conflicto armado interno y define un umbral del conflicto que clasifica las amenazas y riesgos en tres niveles: normalidad, crisis y conflicto. Entre las amenazas identificadas se encuentran el crimen organizado, el extremismo violento, la intrusión extranjera, la minería ilegal, el narcotráfico, la subversión, el terrorismo, la corrupción y los ciberataques. Entre los riesgos se incluyen la agudización de la crisis penitenciaria, los desastres de origen natural, el escalamiento del conflicto armado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y la profundización de la degradación ambiental (MinDef, 2025: 123-133).

El plan también incorpora un enfoque sistémico que articula a los organismos del Sistema de Seguridad Pública y del Estado en cuatro niveles: dirección y asesoría, planificación y coordinación, ejecución y apoyo especializado. Entre las estrategias definidas se incluyen el incremento del accionar coercitivo del Estado en zonas de mayor conflictividad y fronterizas, la neutralización de las cadenas de mando de los Grupos Armados Organizados (GAO), la interrupción de rutas y el desmantelamiento de puntos ilegales de suministro de combustibles, la modernización del sistema penitenciario, la desarticulación de estructuras carcelarias subversivas y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa (MinDef, 2025: 161-169).

• El marco normativo complementario incluye la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (MinDef, 2025: 18-33).

2.2 Sistema penitenciario

El sistema penitenciario ecuatoriano se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis de seguridad del país. Las cárceles se han transformado en centros de operación del crimen organizado, en escenarios de masacres recurrentes y en un eslabón crítico de la economía criminal. Esta situación es la expresión más visible del deterioro institucional y de la incapacidad estatal para ejercer control sobre un sistema que ha sido cooptado por las organizaciones delictivas (Carrillo et al., 2024).

Las organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Lagartos, Los Ñetas, Los Vatos Locos, entre otras, han encontrado en los recintos carcelarios un espacio fértil para reclutar miembros, planificar operaciones y dirimir sus disputas territoriales, como ha sucedido y sigue sucediendo en todas las penitenciarías de la región donde el crimen organizado es masivamente alojado. Las masacres carcelarias, que se han multiplicado desde 2020, son la manifestación más extrema de esta dinámica. En ellas no solo se dirimen las rivalidades entre bandas, sino que se envían mensajes de poder y se demuestra la capacidad de las organizaciones para operar incluso dentro de los espacios que deberían estar sin discusión posible bajo control del Estado.

El sistema penitenciario cumple una función económica dentro del entramado criminal porque desde allí se planifican extorsiones, se coordinan homicidios y se gestionan las rutas de microtráfico. Más que cárceles, funcionan como oficinas matrices de la comandancia criminal.

La violencia es una herramienta privilegiada para regular los mercados ilícitos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre las organizaciones. En este sentido, las cárceles no son un espacio “fuera” de la economía criminal, sino un nodo estratégico en el que se gerencian las actividades delictivas exteriores.

La convergencia entre el tráfico de armas y la violencia carcelaria agravó la crisis penitenciaria. El ingreso de armamento militar a los recintos penitenciarios incrementó la letalidad de los enfrentamientos.

Un caso emblemático es la pérdida de alrededor de una docena de fusiles AK-47 de la Base San Eduardo de la Fuerza Naval Ecuatoriana, en Guayaquil, en noviembre de 2022, un episodio que evidencia la debilidad de los controles sobre el armamento estatal y también la facilidad con la que las organizaciones criminales acceden a armas de grueso calibre que luego son utilizadas en las calles y en las cárceles.

Otra tensión que impacta en el sistema penitenciario es entre el prohibicionismo y la crisis de derechos humanos. La tabla de porte de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, vigente desde el año 2013, se convirtió en un incentivo para el microtráfico y el reclutamiento de menores de edad y mujeres embarazadas.

La legislación, al establecer umbrales de tolerancia para el consumo personal, generó un espacio de ambigüedad que las organizaciones aprovecharon rápidamente para incluir a determinados grupos vulnerables en la cadena del microtráfico.

Durante 2022, se registraron 7.802 detenciones de mujeres en estado de gestación, 841 de personas de la tercera edad y 2.080 menores de edad, todos por delitos relacionados con microtráfico, asociación ilícita, crimen organizado y atentados contra la vida. El sistema penal y penitenciario terminan criminalizando a los sectores menos potenciados de la sociedad mientras en el mismo sitio penitenciario los jefes de los carteles gerencian su economía criminal.

Finalmente, el costo económico del sistema penitenciario también es significativo. Durante 2022 se registraron 349 arrestos domiciliarios, obligando a la Policía Nacional al desvío de personal para custodia permanente. Con la asignación de tres efectivos por cada detenido se sumaron 1.047 policías dedicados exclusivamente a la custodia de infractores.

Si el sueldo de la menor jerarquía de los funcionarios es de USD 933, se destinó casi un millón de dólares a una actividad que no es la seguridad ciudadana. Este gasto es una carga fiscal, pero también evidencia la desatención a otras áreas prioritarias.

2.3 Cooperación internacional

La cooperación internacional ha sido un eje central de las políticas de seguridad ecuatorianas, pero su orientación ha estado marcada por una tensión persistente entre la necesidad de fortalecer capacidades institucionales y la dependencia de agendas externas. Desde la década de 1980, Estados Unidos ha sido el principal socio en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La cooperación se canalizó inicialmente a través de la DEA, el FBI y el Comando Sur, y se materializó en entrenamiento policial, equipamiento, inteligencia y asistencia técnica. La Iniciativa Regional Andina (2001) y el Plan Colombia (1999-2015) configuraron el marco regional en el que Ecuador fue incluido como receptor de los efectos del conflicto colombiano y como socio secundario en la estrategia antidrogas. La instalación de la Base de Manta (1999-2009) fue la expresión más visible de esta cooperación, aunque su no renovación en 2009 marcó un punto de inflexión en la relación bilateral (Donoso Moreno, 2026).

Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador adoptó una postura de distancia respecto de la agenda de seguridad estadounidense. La salida de la Base de Manta, la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 2014 y la reorientación hacia la cooperación regional marcaron este período. Sin embargo, a partir de 2017, con los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, el país retornó a la órbita de la cooperación estadounidense. En 2018, la visita del vicepresidente Mike Pence dio lugar a la creación de la Oficina de Cooperación en Seguridad (OCS), que canalizó asistencia técnica, entrenamiento militar y cooperación en inteligencia. En 2023 se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Estados Unidos para fortalecer las capacidades del sector defensa y en 2024 se ratificó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que otorgó inmunidad diplomática y libre movilidad al personal militar estadounidense (Donoso Moreno, 2026).

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 reconoce la cooperación internacional como un mecanismo estratégico para fortalecer las capacidades nacionales y enfrentar al crimen organizado transnacional. Entre sus estrategias se incluyen el incremento de la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa, la cooperación regional para el intercambio de inteligencia sobre flujos de armas, explosivos y municiones, y la promoción de tratados de asistencia judicial, extradición y recuperación de activos (MinDef, 2025: 161-169). El plan también menciona la cooperación con la Unión Europea en materia de reforma penitenciaria, seguridad portuaria y lavado de dinero, así como la participación en iniciativas regionales como la Comunidad Andina (CAN) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) (MinDef, 2025, 161-169).

El informe del International Crisis Group (ICG, 2025) documenta el estado de la cooperación internacional de Ecuador. Señala que el gobierno de Noboa ha intensificado los vínculos con Estados Unidos, incluyendo la aprobación de una enmienda constitucional que permite la instalación de bases militares extranjeras en el país. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugirió durante una visita a Ecuador que una guarnición estadounidense podría ayudar a abordar las amenazas compartidas y añadió que Estados Unidos consideraría seriamente una solicitud de la instalación de una base en un aliado estratégico.

El informe también menciona que Ecuador ha buscado apoyo más allá de Estados Unidos, incluyendo a la Unión Europea en seguridad portuaria, lavado de dinero y reforma penitenciaria y con países vecinos como Perú y Colombia para mejorar la seguridad en la triple frontera amazónica (ICG, 2025: 26-27).

La cooperación con la Unión Europea se ha centrado en el intercambio de información, la seguridad portuaria, el lavado de dinero y la reforma penitenciaria. La UE ha financiado la capacitación del personal de seguridad, la mejora de la infraestructura y la vigilancia en las cárceles, y ha respaldado programas de derechos humanos y rehabilitación. En julio de 2025, la UE y Ecuador presentaron el programa SERPAZ, una alianza para la paz, la seguridad y el fortalecimiento institucional, que tiene como objetivo fortalecer las fuerzas de seguridad y respaldar proyectos de resiliencia comunitaria (ICG, 2025: 26-27). La cooperación con la UE se presenta como una alternativa menos militarizada y más orientada al desarrollo institucional y la protección de derechos.

A pesar de estos avances la cooperación internacional enfrenta limitaciones estructurales. El informe del Crisis Group señala que la dependencia de la fuerza militar y la asistencia estadounidense no ha logrado desmantelar los mercados del narcotráfico ni reducir de manera sostenida la violencia. Los grupos criminales se adaptan rápidamente, desplazan sus operaciones y diversifican sus fuentes de ingresos, mientras que las instituciones ecuatorianas siguen siendo débiles y vulnerables a la corrupción.

La cooperación internacional, en su formato actual, prioriza la interdicción y la persecución penal sobre la prevención, el desarrollo social y el fortalecimiento institucional. Además, la falta de coordinación entre las agencias estatales y la desconfianza entre los socios internacionales limitan la efectividad de las intervenciones (ICG, 2025: 31-33).

La cooperación regional también ha tenido lugar. La Comunidad Andina creó en enero de 2024 un grupo de trabajo de alto nivel sobre seguridad pública y la CELAC ha acordado colaborar más estrechamente con la UE en la lucha contra el narcotráfico. Ecuador, junto con Perú y Colombia, realiza esfuerzos para mejorar la seguridad en la triple frontera amazónica, una zona estratégica para el crimen organizado transnacional. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan obstáculos derivados de la desconfianza política, las divisiones ideológicas y la falta de mecanismos institucionalizados de coordinación (ICG, 2025: 26-27).

La cooperación internacional ha sido un componente central de la estrategia ecuatoriana frente al crimen organizado, con una efectividad limitada por la dependencia de agendas externas, la priorización de enfoques militaristas y una escasa articulación con políticas de desarrollo social y fortalecimiento institucional.

La cooperación con Estados Unidos ha sido visible y controvertida, mientras que la cooperación con la Unión Europea y los mecanismos regionales ofrecen alternativas complementarias que podrían contribuir a una respuesta más integral y sostenible.

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 reconoce la importancia de la cooperación internacional, dependiendo de la capacidad del Estado ecuatoriano para equilibrar la asistencia externa con la construcción de capacidades propias y la atención a las causas estructurales del crimen organizado.

2.4 Alcances y limitaciones

La justicia ecuatoriana contiene elementos que dificultan y limitan el ejercicio efectivo de la ley en el país, siendo la corrupción judicial el principal factor sistémico en este proceso (Ledeneva, 2018). La corrupción reduce la eficacia de las leyes y políticas diseñadas para combatir el crimen organizado, lo que resulta en una mayor impunidad y en un aumento de la criminalidad (Banco Mundial, 2020). Pero no solo es la corrupción. La ineficacia del sistema judicial se manifiesta también en la lentitud de los procesos, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y capacitación. En consecuencia, la desconfianza ciudadana crece y la confianza en el sistema judicial es baja, con una gran parte de la población que percibe a la justicia como corrupta y parcial (Latinobarómetro, 2021). Ecuador muestra además una baja capacidad del Estado para judicializar los casos de lavado de dinero. En 2024 hubo un solo caso con sentencia ejecutoriada y en 2025 fueron 6 casos con sentencia de primera instancia (PADF-OECO, 2025: 87).

A estas limitaciones estructurales se suman las deficiencias de la estrategia de mano dura implementada desde 2024. El informe de International Crisis Group (2025) señala que la dependencia de la fuerza militar y la asistencia estadounidense no ha logrado desmantelar los mercados del narcotráfico ni reducir de manera sostenida la violencia. Las operaciones del Bloque de Seguridad, pese a su visibilidad, tienden a retirarse poco después de realizar arrestos e incautaciones, sin dejar presencia estatal permanente en los territorios intervenidos, lo que permite que las bandas se reagrupen y que la violencia resurja tras la salida de las fuerzas de seguridad (ICG, 2025: 31-33). Los grupos criminales, además, se adaptan rápidamente: desplazan sus operaciones, diversifican sus fuentes de ingresos y tejen nuevas redes de corrupción, mientras las instituciones ecuatorianas siguen siendo débiles y vulnerables a la cooptación.

La cooperación internacional, en su formato actual, también presenta limitaciones. Prioriza la interdicción y la persecución penal sobre la prevención, el desarrollo social y el fortalecimiento institucional, y enfrenta problemas de coordinación entre las agencias estatales y de desconfianza entre los socios internacionales (ICG, 2025: 31-33). El resultado es una respuesta estatal que, aunque ha logrado éxitos tácticos y una reducción inicial de los homicidios, no ha modificado las condiciones estructurales que sostienen la economía criminal: la corrupción institucional, la debilidad del sistema judicial, el control criminal de las cárceles y la vulnerabilidad de los puertos.

En síntesis, los alcances de las respuestas estatales han sido limitados. La corrupción judicial, la ineficacia del sistema judicial, la baja capacidad para judicializar casos de lavado de dinero, la persistencia de la impunidad y la desconfianza ciudadana configuran un panorama en el que las políticas implementadas no han logrado revertir la crisis de seguridad. El sistema penitenciario sigue bajo el control de facto de las redes criminales, la violencia no ha disminuido de manera sostenida y las organizaciones criminales se adaptan rápidamente a las ofensivas estatales.

ConclusionesConclusiones

El crimen organizado en Ecuador ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una de las principales amenazas a la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo del país. A lo largo de las cinco etapas reconstruidas en este trabajo, se observa una trayectoria que va desde el contrabando de precursores químicos en los años setenta y ochenta, pasa por la institucionalización del combate al narcotráfico en los noventa, se consolida como nodo estratégico de la cadena global de la cocaína entre 2000 y 2015, se reconfigura con el Acuerdo de Paz colombiano entre 2016 y 2019, y desemboca en la fragmentación criminal y la crisis de seguridad sin precedentes que vive el país desde 2020.

La diversificación de las actividades criminales —narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, trata de personas y tráfico de combustibles— ha configurado un sistema criminal articulado en el que cada mercado ilícito potencia a los demás. La convergencia entre narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas ha incrementado la capacidad económica y operativa de las organizaciones, mientras que el sistema penitenciario se ha convertido en un nodo estratégico para la planificación y coordinación de las actividades delictivas.

El sistema penitenciario ecuatoriano se ha convertido en un nodo estratégico del crimen organizado: las cárceles funcionan como centros de operaciones desde los cuales se planifican extorsiones, se coordinan homicidios y se gestionan rutas de microtráfico. Las masacres carcelarias, que han causado más de 500 muertos desde 2021, expresan la incapacidad estatal para recuperar el control de unos recintos cooptados por bandas como Los Choneros y Los Lobos. Sin una reforma integral que modernice la infraestructura, profesionalice al personal penitenciario y desarticule las estructuras criminales que operan tras las rejas, la crisis carcelaria seguirá alimentando la violencia en las calles (Carrillo et al., 2024; ICG, 2025).

El marco normativo y las políticas de seguridad han evolucionado hacia un modelo híbrido que combina disposiciones garantistas con medidas de endurecimiento penal. La Constitución de 2008, el COIP, la Ley de Drogas de 2015, las reformas al lavado de activos y el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 son expresiones de esa evolución. Sin embargo, la abundancia normativa no se ha traducido en efectividad institucional. La desinstitucionalización del Estado, la reducción presupuestaria al sector seguridad, la eliminación de entidades clave, la corrupción institucional y la falta de coordinación interinstitucional han debilitado la capacidad estatal para anticipar y contener el crimen organizado.

La cooperación internacional ha sido un componente central de la estrategia ecuatoriana, pero su efectividad ha sido limitada por la dependencia de agendas externas, la priorización de enfoques militaristas y la falta de articulación con políticas de desarrollo social y fortalecimiento institucional. La cooperación con Estados Unidos ha sido la más visible y controvertida, mientras que la cooperación con la Unión Europea y los mecanismos regionales ofrecen alternativas complementarias que podrían contribuir a una respuesta más integral y sostenible.

Los alcances de las respuestas estatales han sido limitados. La corrupción judicial, la ineficacia del sistema judicial, la baja capacidad para judicializar casos de lavado de dinero, la persistencia de la impunidad y la desconfianza ciudadana configuran un panorama en el que las políticas implementadas no han logrado revertir la crisis de seguridad. El sistema penitenciario sigue bajo el control de facto de las redes criminales, la violencia no ha disminuido de manera sostenida y las organizaciones criminales se adaptan rápidamente a las ofensivas estatales.

3.1 Recomendaciones

• Fortalecer la presencia estatal permanente en los territorios afectados. Las intervenciones militares y policiales deben ir seguidas de un despliegue sostenido de instituciones civiles, servicios sociales y oportunidades económicas lícitas. Sin presencia estatal permanente, la violencia resurge tras la salida de las fuerzas de seguridad.
• Reformar integralmente el sistema penitenciario. Es necesario modernizar la infraestructura, profesionalizar al personal, implementar un sistema de clasificación de reclusos basado en el nivel de riesgo y no en la afiliación a grupos criminales, y desarrollar programas de rehabilitación y sentencias alternativas.
• Combatir la corrupción institucional. La corrupción en el sistema judicial, la policía, las fuerzas armadas, los puertos y las prisiones es uno de los principales factores que perpetúan el crimen organizado. Se requieren mecanismos de supervisión sólidos, investigaciones internas efectivas y protección para operadores de justicia.
• Mejorar la seguridad portuaria y reequilibrar la cooperación internacional. Los puertos ecuatorianos siguen siendo una fuente de envíos récord de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. La cooperación con Estados Unidos debe complementarse con una mayor articulación con la Unión Europea y los mecanismos regionales, priorizando el fortalecimiento institucional, la prevención y el desarrollo social sobre la interdicción y la persecución penal.
• Abordar las causas estructurales y promover una estrategia regional coordinada. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales. Ecuador debe impulsar la cooperación con Colombia, Perú y otros países de la región para el intercambio de inteligencia, la persecución de redes criminales y la recuperación de activos.

En síntesis, el crimen organizado en Ecuador es un fenómeno estructural y multidimensional que exige respuestas integrales, sostenidas y coordinadas. Las medidas de mano dura tienen eficacia relativa y no han logrado contener sostenidamente la violencia ni desmantelar las economías criminales.

Sin una presencia estatal permanente en los territorios, una reforma profunda del sistema penitenciario, una lucha frontal contra la corrupción, una política estricta de control de armas y una cooperación internacional equilibrada, el país corre el riesgo de que las organizaciones criminales sigan extendiendo su influencia sobre las instituciones y la sociedad.

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