La ausencia del cuerpo es más que una simple huella delictiva que da muestras de que alguien falta. Mientras el homicidio es un hecho final cuyo aval se da cuando se tiene el cuerpo de la víctima, la desaparición forzada es una entidad diferente. Instala una condición permanente de incertidumbre jurídica, social y emocional con múltiples impactos que van mucho más allá de la desaparición unívoca y silenciosa de una persona.
La víctima permanece suspendida entre la presencia y la ausencia, mientras que el territorio conserva los rastros de una violencia que deliberadamente busca impedir la reconstrucción de los hechos. Estos hechos no son un episodio puntual y aislado, sino que son parte de una cadena de acontecimientos rutinarios, operativos, asociativos y estandarizados. Una desaparición “habla”, aunque su comunicación utiliza un vocabulario territorial no verbalizado que necesita una traducción.
En este sentido, la desaparición no representa únicamente la privación ilegal de la libertad, sino un comportamiento político del poder orientado a producir incertidumbre prolongada, inhibir la denuncia y disciplinar colectivamente a la población.
Desde esta perspectiva, la desaparición constituye también un acto comunicativo en el cual la violencia, además de eliminar personas, transmite información. Cada desaparición comunica la capacidad del actor perpetrador para controlar el territorio, regular la movilidad, administrar el miedo y definir quién puede habitar determinados espacios, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo.
El cuerpo ausente funciona como un mensaje dirigido simultáneamente a las víctimas directas, a sus familias, a las comunidades y a las instituciones estatales, configurando un lenguaje de intimidación cuyo principal objetivo consiste en alterar las relaciones sociales mediante la incertidumbre permanente y el ejercicio del miedo como instrumento de aceptación y sumisión al orden establecido criminalmente por la conjunción, empírica o formalizada, entre actores legales e ilegales.
En Jalisco, este fenómeno adquiere características particularmente complejas debido a la coexistencia de múltiples actores que disputan frontalmente el control territorial. En este contexto el territorio jalisciense deja de ser y comportarse como un simple soporte físico de territorialidades en pugna para convertirse en un recurso estratégico cuyo control y ocupación permite monitorear y controlar rutas logísticas, economías ilícitas, mercados laborales, procesos de reclutamiento, y flujos de información. Por sobre todo ello se eleva la posibilidad de establecer protocolos, designar sitios, procesar traslados y registrar cuerpos de desaparecidos.
Por consiguiente, el territorio jalisciense de las desapariciones no puede comprenderse como un espacio caótico o desordenado. Es todo lo contrario, porque responde a una lógica espacial altamente organizada donde diferentes actores producen mecanismos propios de regulación, vigilancia y control, coincidiendo con las premisas teóricas de la gobernanza híbrida que sostienen que los órdenes territoriales actuales responden a procesos de coexistencia, negociación, cohabitación y competencia entre autoridades formales e informales que ejercen distintos grados de legitimidad y capacidad coercitiva sobre los territorios y sobre la población.
En este contexto emerge el concepto de cohabitación territorial, entendido como la coexistencia simultánea de sistemas normativos superpuestos que regulan el comportamiento social dentro de un mismo espacio geográfico. La población desarrolla sus actividades cotidianas bajo un régimen dual de autoridad, donde las instituciones estatales continúan presentes, pero comparten, ejercen o ceden sus capacidades efectivas de regulación junto con organizaciones criminales con las cuales establecen conjuntamente restricciones de movilidad, horarios, mecanismos de vigilancia, normas de comportamiento y formas de resolución de conflictos. Esta superposición normativa genera un escenario de gobernanza fragmentada en el que la soberanía deja de ejercerse de manera exclusiva por el Estado para distribuirse entre diversos actores territoriales que no trabajan solo por separado y en base a acuerdos, configurando un nodo unificado de toma de decisiones que institucionaliza una gobernanza criminal de facto.
Estudiar las desapariciones forzosas en Jalisco desde el punto de vista de la comunicación territorial obliga a tomar en cuenta que la información sobre las desapariciones circula mediante canales oficiales, medios de comunicación, plataformas digitales y redes comunitarias. Pero también lo hace a través de circuitos informales caracterizados por el silencio estratégico, la autocensura, la espiral del silencio y los códigos locales de supervivencia. En ambos y en ambas formas los mecanismos de desinformación ocupan un lugar privilegiado, la intención expresa del actor estatal de informar distorsionadamente sobre los desaparecidos en Jalisco, conformando el anillo activo de acontecimientos desaparecedores.
Puesto que los lugares donde las personas desaparecen y los lugares donde las personas desaparecidas son depositados constituyen espacios diferentes, las zonas consideradas inaccesibles, los espacios abandonados, las rutas evitadas por la población o los sitios donde operan colectivos de búsqueda constituyen dispositivos semióticos que organizan la percepción del riesgo y condicionan las prácticas sociales cotidianas. Dichos mecanismos invocan la adopción de políticas de seguridad, olvidando el rastro logístico que dejan los cuerpos en tránsito desde el origen al destino. Esta omisión invisibiliza la densa red de interacciones institucionales, fácticas y criminales que posibilitan dicho tránsito.
Frente a esto, la comunicación territorial trasciende la simple difusión de información institucional para convertirse en un proceso de construcción social significativa del espacio. Las narrativas producidas por familiares de personas desaparecidas, periodistas, organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda reconfiguran continuamente el significado del territorio.
Mientras las organizaciones criminales intentan imponer geografías del miedo mediante el ocultamiento de cuerpos y la generación deliberada de incertidumbre sobre la ocupación democrática del espacio público, las familias responden mediante procesos inversos de visibilización, cartografía ciudadana y producción colaborativa de conocimiento territorial. De este modo, la búsqueda trasciende su dimensión estrictamente humanitaria para consolidarse como una práctica comunicativa de recuperación territorial cargada de sentido. Si la búsqueda de cuerpos es una práctica comunicativa, el territorio se carga (o debería cargarse) de un nuevo discurso que lo represente y lo socialice como una entidad viva y humana, un lugar de tránsito de personas, un recorrido observable, comprobable, rastreable. Y por sobre todas las cosas, un territorio disputable y recuperable.
La comunicación territorial tiene pendiente algunas tareas, la primera de las cuales es fortalecer el propio proceso comunicativo, lograr realmente que el territorio hable más allá del miedo y el control criminal.
La segunda tarea es elaborar un discurso propio emanado de la experiencia buscadora, una penetración en el imaginario y una presentación pública de consignas ineludibles en los programas políticos de los partidos nacionales y locales. La postura frente a la desaparición forzada en Jalisco se constituye, por tanto, en un indicador ineludible de viabilidad democrática y en un eje condicionante para la legitimidad de cualquier plataforma electoral local o nacional, un tema obligadamente presente en la agenda pública.
La tercera tarea es superar la fragmentación informativa, la dispersión de fuentes y la reticencia ante la compartición de datos.
Esta disputa por el significado del territorio revela que la desaparición forzada constituye también una confrontación entre regímenes de información. Por un lado, opera una lógica de invisibilización sustentada en el ocultamiento físico de las víctimas, la fragmentación institucional y la producción deliberada de incertidumbre. Por otro, emerge una lógica de reconstrucción impulsada por colectivos de búsqueda que utilizan bases de datos, georreferenciación, redes sociales, inteligencia colectiva y documentación comunitaria para reconstruir trayectorias espaciales, identificar patrones territoriales y desafiar los vacíos informativos producidos por la violencia. La comunicación territorial se convierte, así, en un componente central tanto de la reproducción como de la resistencia frente a los sistemas contemporáneos de desaparición forzada basados en el ocultamiento, la desinformación y la violencia reactiva.
En consecuencia, el estudio de las desapariciones en Jalisco requiere trascender los enfoques estrictamente criminológicos o jurídicos para incorporar marcos interdisciplinarios que integren geografía política, comunicación territorial, estudios sobre gobernanza híbrida, inteligencia artificial y análisis de redes espaciales.
Solo a partir de una aproximación totalizadora, que incluya la simbiosis colaborativa entre crimen y legalidad, resulta posible explicar cómo la desaparición opera simultáneamente como práctica criminal, estrategia comunicativa y dispositivo de significación y producción territorial, redefiniendo las nuevas relaciones existentes entre poder, espacio y sociedad en uno de los contextos de mayor complejidad sociopolítica de América Latina.
Cómo citar este artículo
Emmerich, N., & Angulo Álvarez, M. R. (2026). Desaparición forzada y comunicación territorial en Jalisco, México. Decisión CEEYPP - Gobernar la incertidumbre, Cuaderno de Estudios N.º 1. https://ceeypp.org/revista/cuaderno-1/desaparicion-forzada-jalisco/