Armas de fuego y homicidio en Colombia: los límites de una década de restricción al porte

¿Reduce la restricción al porte de armas el homicidio? En Colombia, la respuesta depende del tiempo, la escala y las condiciones en que la medida se aplica. Una restricción puede disminuir el riesgo de violencia letal cuando reduce de manera efectiva la presencia de armas en las situaciones donde ocurren las agresiones, pero el homicidio no desaparece con la restricción ni aparece únicamente bajo regímenes más permisivos. La suspensión general nacional comenzó el 24 de diciembre de 2015 y se mantuvo, mediante sucesivas prórrogas, durante todo el período analizado. Por eso conviene distinguir tres momentos: 2010–2015, anterior a la suspensión general nacional; 2016–2020, sus primeros cinco años completos; y 2021–2025, otros cinco años bajo la misma regla nacional. El primer período no equivale a “porte libre”, porque ya existían restricciones locales. La comparación muestra algo más importante: una regulación nacional relativamente estable coexistió primero con una reducción y después con una recuperación del homicidio con arma de fuego.

Las restricciones al porte han reducido la violencia en contextos concretos. Villaveces et al. (2000) estimaron que las prohibiciones intermitentes aplicadas en Cali y Bogotá se asociaron con incidencias de homicidio 14 % y 13 % menores, respectivamente, durante los períodos restringidos. Vecino-Ortiz y Guzmán-Tordecilla (2020) estimaron una reducción de 22,3 % en la mortalidad relacionada con armas después de las restricciones permanentes adoptadas en Bogotá y Medellín en 2012. Restrepo et al. (2010) registraron reducciones en homicidios y lesiones con arma de fuego durante una prohibición departamental, pero también mostraron que el efecto se debilitaba con el tiempo y dependía de una aplicación sostenida. En Brasil, Schneider (2021) estimó una reducción de 12,2 % en los homicidios con arma de fuego después de la prohibición nacional de porte. En Estados Unidos, Donohue et al. (2019) y Doucette et al. (2023) asociaron regímenes más permisivos de porte con incrementos posteriores de distintas formas de violencia. La restricción puede reducir una parte del riesgo, pero su efecto no es automático, uniforme ni suficiente para explicar por sí solo la trayectoria del homicidio.

SIEDCO+ de la Policía Nacional permite seguir esa trayectoria durante dieciséis años y 192 meses completos, con identificación del arma o medio empleado en los homicidios registrados entre 2010 y 2025. La comparación distingue homicidios cometidos con arma de fuego de homicidios cometidos mediante otros mecanismos. Esta separación permite observar si la evolución del homicidio se relaciona con cambios específicos en la violencia armada y no solamente con variaciones del número total de muertes.

Entre 2010 y 2015 ocurrieron en promedio 14.491 homicidios al año; 11.179 fueron cometidos con arma de fuego, equivalentes a 77,15 % del total. Durante los primeros cinco años completos de suspensión general, 2016–2020, el promedio anual de homicidios cayó a 12.258 y el promedio con arma de fuego a 8.917. Frente al período anterior, el homicidio total disminuyó 15,4 % y el homicidio con arma de fuego 20,2 %, mientras los homicidios mediante otros mecanismos prácticamente no cambiaron: aumentaron apenas 0,9 %. La participación de las armas de fuego descendió 4,4 puntos porcentuales, hasta 72,74 %. La primera etapa de la suspensión coincidió con una reducción especialmente intensa del homicidio con arma de fuego, aunque esa reducción había comenzado antes de 2016 y no puede atribuirse únicamente al cambio normativo.

Entre 2021 y 2025, bajo la misma suspensión general, la trayectoria cambió. El promedio anual de homicidios aumentó 10,9 % frente a 2016–2020 y el promedio de homicidios con arma de fuego creció 17,7 %, mientras los homicidios mediante otros mecanismos disminuyeron 7,2 %. La participación del arma de fuego volvió a 77,20 %, prácticamente el mismo nivel observado en 2010–2015. La comparación entre 2016 y 2025 es todavía más clara: el homicidio total aumentó 13,0 %, los homicidios con arma de fuego aumentaron 27,1 % y los homicidios mediante otros mecanismos disminuyeron 21,1 %. En 2016 se registraron 8.592 homicidios con arma de fuego; en 2025 fueron 10.922 y representaron 79,6 % del total. La misma restricción nacional estuvo vigente durante una fase de reducción y durante otra de recuperación de la violencia armada. Esa divergencia obliga a buscar qué otras condiciones cambiaron.

La serie mensual precisa esa diferencia temporal. Antes de enero de 2016, los homicidios con arma de fuego ya descendían aproximadamente 0,56 % por mes (p < 0,001). El cambio inmediato asociado con el inicio de la suspensión general fue de −6,8 %, pero no alcanzó significación estadística convencional (p = 0,120). Después de 2016, la pendiente cambió en +0,81 % mensual respecto de la trayectoria previa (p < 0,001). La reducción había comenzado antes de la suspensión nacional y perdió fuerza durante los años posteriores. La participación del arma de fuego fue 70,8 % en 2016 y 79,6 % en 2025, pese a que la regla nacional de porte continuó vigente. La restricción puede modificar el riesgo en determinados contextos, pero la persistencia y el crecimiento posterior del homicidio con arma de fuego no se explican solo por la existencia o ausencia de permisos de porte.

El homicidio colombiano cambia junto con mercados ilegales, disputas territoriales, organizaciones armadas y capacidad estatal. Sánchez-Jabba et al. (2012) mostraron que las tasas municipales de homicidio se agrupan espacialmente y que las zonas de mayor violencia se relacionan con disputas por territorios estratégicos para la producción y el tráfico de narcóticos. Mejía y Restrepo (2013) estimaron que un aumento de 10 % en el valor de los cultivos de coca incrementaba aproximadamente 1,25 % los homicidios municipales. Norza Céspedes et al. (2020) identificaron asociaciones entre las trayectorias de homicidio y diferencias en desempeño estatal. En el escenario posterior al acuerdo de paz, Albarracín et al. (2023) mostraron que distintas configuraciones locales de crimen organizado, órdenes políticos y debilidad institucional pueden producir trayectorias diferentes de violencia. El porte de armas forma parte de ese conjunto, pero no sustituye a las condiciones que producen las disputas, los mercados criminales ni la capacidad de control territorial.

La disponibilidad criminal de armas tampoco coincide con el universo regulado por los permisos de porte. Una suspensión modifica las condiciones bajo las cuales una persona autorizada puede portar un arma, pero no elimina automáticamente las armas robadas, traficadas, desviadas de circuitos legales, vendidas en mercados informales o fabricadas artesanalmente. Braga et al. (2012) mostraron que los mercados ilegales se abastecen mediante varias rutas y que cerrar una fuente puede aumentar los costos sin clausurar las demás. En Colombia, Aguirre Tobón (2011) y Gariglio (2023) describieron circuitos de tráfico vinculados con fronteras, grupos armados y crimen organizado. Las armas hechizas introducen una pregunta adicional sobre sustitución y adaptación. Sin una serie nacional que identifique procedencia, condición legal, desvíos, armas robadas y fabricación artesanal, no puede establecerse cuánto de la violencia armada está realmente al alcance de una política concentrada en el porte legal.

Los factores que acompañan al homicidio deben estudiarse en relaciones simultáneas y no como explicaciones aisladas. En Pereira, Jiménez-García et al. (2023) analizaron el período 2010–2019 mediante modelos de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) y mostraron relaciones consistentes entre homicidio, narcotráfico y desventajas socioeconómicas. El resultado no reemplaza una causa por otra: muestra que la violencia se configura por la articulación entre mercados ilegales, condiciones sociales y oportunidades para ejercer violencia. La disponibilidad de armas puede aumentar la letalidad de una confrontación, mientras el narcotráfico crea rentas y disputas, la vulnerabilidad modifica las condiciones territoriales y la capacidad estatal altera los costos de operar violentamente. Analizar por separado porte, mercado ilegal, economías criminales, desigualdad, actores armados y capacidad institucional pierde precisamente las interacciones que pueden explicar por qué municipios sometidos a la misma regulación nacional presentan niveles de homicidio tan diferentes.

La pregunta sobre el porte conduce así a interrogantes más amplios. ¿Qué proporción de los homicidios con arma de fuego se comete con armas legalmente poseídas o portadas y qué proporción utiliza armas robadas, desviadas, traficadas o hechizas? ¿Por qué la misma suspensión nacional coexistió con una caída del homicidio con arma de fuego entre 2016 y 2020 y con su recuperación entre 2021 y 2025? ¿Qué combinaciones de mercados de drogas, disputas territoriales, presencia de organizaciones criminales, vulnerabilidad y capacidad estatal explican esas diferencias? ¿En qué territorios una restricción al porte sí altera el acceso efectivo a las armas y en cuáles el mercado ilegal neutraliza parte de ese efecto? ¿La política modifica la disponibilidad de armas entre quienes protagonizan la mayor parte de la violencia o actúa principalmente sobre quienes ya se encuentran dentro del circuito regulado? Reducir el homicidio exige responder esas preguntas de manera conjunta, porque con reglas más restrictivas o más permisivas siguen existiendo homicidios; lo que cambia es la combinación de condiciones que los hace más o menos probables esos homicidios.

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