Inteligencia artificial militar y geopolítica en el Ecuador: dependencia tecnológica, soberanía de fachada y competencia entre potencias

ResumenResumen

Este ensayo analiza la inteligencia artificial en el ámbito militar y de seguridad del Ecuador desde la geopolítica de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Sostiene que el país vive una dependencia tecnológica estratificada que produce una soberanía de fachada: el Estado decide formalmente sobre el empleo de la fuerza, pero la capacidad material de ver, procesar y actuar descansa en sistemas que no diseña, no audita y no controla. Se examinan la capa china (el ECU-911 y la seguridad electrónica), la capa estadounidense (datos biométricos, interceptación aérea, drones de gran altitud y cooperación de inteligencia), la guerra de drones entre el Estado y el crimen organizado y el vacío regulatorio en torno a la IA de defensa. El ensayo concluye con una agenda de autonomía estratégica basada en transparencia, auditoría, diversificación, soberanía sobre los datos críticos y modelos de lenguaje pequeños y soberanos.

Palabras clave: Ecuador, inteligencia artificial militar, geopolítica, soberanía digital, drones, vigilancia

Cuando se habla de inteligencia artificial militar suele pensarse en robots armados, enjambres de drones autónomos o algoritmos que seleccionan objetivos en el campo de batalla. Esa imagen, alimentada por los debates sobre Estados Unidos, China o Ucrania, resulta engañosa para un país como el Ecuador. Su involucramiento con la inteligencia artificial en el ámbito militar y de seguridad no pasa, por ahora, por el desarrollo de sistemas autónomos letales, sino por algo menos vistoso y probablemente más decisivo: la adquisición, la operación y la dependencia de infraestructuras de vigilancia, de plataformas de análisis de datos, de aeronaves no tripuladas y de sistemas biométricos provistos por potencias extranjeras. La pregunta pertinente no es si el Ecuador tiene una industria de IA militar, sino quién controla los sensores, los datos y los modelos que hoy organizan su seguridad.

Ese interrogante adquiere urgencia por el contexto. Desde enero de 2024 el Estado ecuatoriano declara estar inmerso en un conflicto armado interno, que el Decreto Ejecutivo 424 de junio de 2026 volvió a reconocer, con cooperación internacional e inmunidad para el personal extranjero participante (Teleamazonas, 2026). En ese marco, las Fuerzas Armadas y la Policía han incorporado drones, cámaras con reconocimiento facial, bases de datos biométricas y sistemas de inteligencia compartida. Al mismo tiempo, el país ocupa una posición singular en la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín: su sistema nacional de videovigilancia se construyó con tecnología china, su cooperación de seguridad más profunda es con los Estados Unidos y su comercio exterior depende cada vez más de China.

Este ensayo sostiene que el Ecuador atraviesa una forma de dependencia tecnológica estratificada en materia de IA militar y de seguridad. Cada capa de su arquitectura de vigilancia, del hardware de las cámaras a los protocolos de las bases biométricas y a los sensores de las aeronaves, tiene un proveedor externo distinto, y esa superposición produce lo que se denominará aquí una soberanía de fachada: el Estado conserva la decisión formal sobre el empleo de la fuerza, pero la capacidad material de ver, procesar y actuar descansa en sistemas que no diseña, no audita y no controla. A ello se suma un vacío regulatorio. La estrategia nacional de inteligencia artificial aprobada en 2026 no contiene referencias a la defensa, y el empleo de herramientas algorítmicas en operaciones armadas carece de un marco legal específico.

La metodología combina el análisis documental de decretos, acuerdos y estrategias oficiales con la revisión de reportajes de la prensa ecuatoriana e internacional, informes de organizaciones de derechos humanos y literatura académica sobre IA, seguridad y soberanía digital. Dado que buena parte de la información técnica sobre contratos, capacidades y flujos de datos no es pública, el ensayo distingue, en la medida de lo posible, entre hechos verificados, afirmaciones de fuentes periodísticas y estimaciones no confirmadas, y evita atribuir intenciones a los actores. El período analizado llega hasta octubre de 2026.

El texto se organiza en siete apartados. El primero propone un marco conceptual que articula competencia tecnológica entre grandes potencias, soberanía digital y extractivismo de datos. El segundo reconstruye la capa china, centrada en el ECU-911 y en la infraestructura de seguridad electrónica. El tercero examina la capa estadounidense, que incluye datos biométricos, interceptación aérea, drones de gran altitud y cooperación de inteligencia. El cuarto analiza la guerra de drones entre el Estado y las organizaciones criminales, con sus rasgos de baja tecnología. El quinto aborda la gobernanza y sus vacíos. El sexto discute las implicaciones geopolíticas del equilibrio entre ambas potencias. El último presenta una agenda de autonomía estratégica y las conclusiones.

Sección 1Marco conceptual

La inteligencia artificial como factor de poder

La literatura sobre competencia internacional entiende la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general cuyo impacto en el poder militar depende menos de un arma concreta que de su capacidad para acelerar la recolección, el procesamiento y el uso de información (Horowitz, 2018). En esa lectura, las ventajas decisivas provienen de los datos, de la infraestructura de cómputo, del talento y de la integración entre sensores y decisión. China ha formulado explícitamente una visión de guerra inteligentizada y de fusión entre usos civiles y militares (Allen, 2019; Kania, 2017), mientras que los Estados Unidos han integrado la IA a sus doctrinas de operaciones conjuntas y de vigilancia. La discusión sobre armas autónomas, por su parte, ha puesto de relieve los dilemas de control humano y de responsabilidad en el uso de la fuerza (Scharre, 2018).

Para un país periférico, esta competencia tiene una consecuencia práctica. No se trata de participar en la carrera por los sistemas más avanzados, sino de decidir de qué ecosistema tecnológico se depende. Feldstein (2019) ha documentado cómo la expansión global de las tecnologías de vigilancia con inteligencia artificial, provistas en buena parte por empresas chinas pero también por proveedores estadounidenses y europeos, se articula con financiamiento, capacitación y diplomacia. La adopción de estas tecnologías suele presentarse como una solución técnica a problemas de seguridad, aunque implica vínculos de largo plazo con el proveedor.

Soberanía digital y extractivismo de datos

El concepto de soberanía digital ha sido objeto de usos muy diversos. Pohle y Thiel (2020) muestran que designa tanto la capacidad del Estado para controlar sus infraestructuras y datos como las aspiraciones de autodeterminación de ciudadanos y empresas, y que su contenido concreto depende de quién lo invoque. Para los fines de este ensayo se la entenderá como la capacidad efectiva de un Estado de decidir sobre el diseño, el acceso, la operación y la auditoría de los sistemas que procesan información de seguridad, y de interrumpirlos o sustituirlos sin sufrir costos prohibitivos.

Esa definición dialoga con la crítica decolonial al capitalismo de datos. Couldry y Mejias (2019) sostienen que la apropiación masiva de datos reproduce, con instrumentos nuevos, la lógica extractiva del colonialismo histórico, y Zuboff (2019) ha descrito el capitalismo de vigilancia como un orden que convierte la experiencia humana en materia prima. Desde América Latina, la reflexión sobre la colonialidad del poder (Quijano, 2000) invita a ver que las jerarquías entre quienes diseñan y quienes usan la tecnología reproducen asimetrías anteriores. Aplicadas al ámbito militar, estas perspectivas permiten formular una hipótesis: cuando los sistemas de vigilancia estatal funcionan con plataformas, código y estándares ajenos, los datos de seguridad, que son datos sobre la población, el territorio y las propias fuerzas del Estado, quedan sometidos a una lógica de extracción que beneficia a terceros.

La Doctrina Monroe digital y la autonomía relacional

La competencia entre Washington y Pekín en el hemisferio puede leerse, por analogía con la doctrina del siglo XIX, como una disputa por esferas de influencia tecnológica, a la que aquí se denominará Doctrina Monroe digital. Ya no se trata solo de bases y alianzas militares, sino de redes de telecomunicaciones, nubes, cámaras, plataformas biométricas y sensores. La respuesta analítica a esa disputa es la noción de autonomía relacional de Russell y Tokatlian (2003), según la cual los Estados latinoamericanos amplían su capacidad de decisión no mediante el aislamiento, sino mediante vínculos selectivos que no clausuren opciones. La pregunta es si la arquitectura de IA de seguridad del Ecuador amplía o estrecha ese margen.

Sección 2La capa china: ECU-911 y la seguridad electrónica

Un sistema construido con crédito atado

El ejemplo más citado de la presencia tecnológica china en la seguridad ecuatoriana es el ECU-911, el sistema nacional de videovigilancia y respuesta a emergencias. Funciona sobre una plataforma diseñada e implantada por la empresa estatal china CEIEC, mediante contratos financiados con créditos atados: Pekín prestó el dinero y el Ecuador contrató a la empresa prestamista (Vistazo, 2024). Otras fuentes añaden que en el desarrollo participó Huawei y señalan que la red nacional supera las cuatro mil cámaras (El Oriente, 2025), mientras que el reportaje de Vistazo (2024) habla de más de siete mil, aunque no todas operativas. La discrepancia de cifras es en sí misma significativa: ni siquiera el tamaño real de la infraestructura es de conocimiento público consolidado.

Lo relevante para el análisis geopolítico son las propiedades técnicas del sistema. La plataforma utiliza un protocolo cerrado que dificulta conectar equipos más recientes, y parte del código y de los manuales estaba en chino (Vistazo, 2024). En 2020, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a CEIEC, y la renuncia de técnicos capacitados por la empresa complicó aún más el mantenimiento. Según el mismo reportaje, la actualización necesaria debía haberse hecho unos cinco años antes, y no se realizó por falta de presupuesto. Las opciones eran reemplazar todo el sistema, con un costo aproximado de quinientos millones de dólares, o contratar un servicio por un valor anual de entre setenta y cien millones, alternativas que probablemente exigirían financiamiento multilateral (Vistazo, 2024).

Obsolescencia, fallas y vigilancia selectiva

La dependencia no es solo una cuestión de origen, sino de ciclo de vida. En 2022 el sistema contaba con unas 6.500 cámaras, de las cuales 1.100 estaban fuera de servicio, y de las 2.200 que se necesitaban solo se adquirieron 540 (Vistazo, 2024). En Esmeraldas colapsó el sistema de almacenamiento, con efectos directos sobre la seguridad del cantón, y se recurrió a contrataciones de parche para mantener el servicio. Esos datos desmienten la idea de una vigilancia omnisciente: lo que existe es una infraestructura envejecida, con puntos únicos de falla, que depende de un proveedor externo para su evolución.

El caso tiene además una dimensión de privacidad. El reportaje recuerda que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio reveló el empleo de la herramienta Mobile Locator para rastrear teléfonos, lo que generó preocupación por posibles seguimientos selectivos (Vistazo, 2024). Aquí se cruzan la capacidad técnica y la ausencia de control: una herramienta de geolocalización masiva, de la que se conoce poco sobre sus proveedores y salvaguardas, opera sin una supervisión pública verificable.

Cámaras, nubes y cárceles

El ECU-911 no es un caso aislado. Según un análisis recogido por El Oriente (2025), empresas como Hikvision, Dahua y EZVIZ dominan el mercado de seguridad electrónica del país y han instalado miles de cámaras de reconocimiento facial en Guayaquil y Quito; Huawei provee servicios de nube a instituciones gubernamentales a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; empresas estatales chinas construyen megacárceles en Santa Elena; y un préstamo del China Eximbank de 835 millones de dólares financiaría cien unidades de policía comunitaria, con participación asegurada de una constructora china. Más allá de la verificación detallada de cada cifra, el patrón es consistente: la capa física y lógica de la seguridad pública, es decir, cámaras, redes, almacenamiento y edificios penitenciarios, descansa en proveedores chinos, con financiamiento que condiciona la contratación.

Este patrón no implica, por sí solo, que Pekín acceda a los datos ni que controle las decisiones del Estado ecuatoriano. Esa afirmación requeriría evidencia técnica de auditoría que el debate público no ha producido. Lo que sí implica es una asimetría de conocimiento: el proveedor entiende el sistema mejor que su operador, y el operador carece de capacidad para verificar qué hace el software. En términos de la definición adoptada, esa es la condición de una soberanía formal sin control efectivo.

Sección 3La capa estadounidense: biometría, interceptación y vigilancia aérea

Datos biométricos y oficiales de enlace

Si la capa china es sobre todo infraestructura física, la capa estadounidense es, principalmente, flujo de información e interoperabilidad operativa. Un hito en esa dirección fue el acuerdo firmado en Quito el 31 de julio de 2025, durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para compartir información biométrica con el fin de identificar y procesar a sospechosos de delitos transnacionales. Según el reporte periodístico, el intercambio comprende huellas dactilares, datos de voz e imágenes del iris, que se integrarían a sistemas del Departamento de Seguridad Nacional como IDENT/HART, y prevé el envío de oficiales de enlace (Primicias, 2025a). El mismo texto menciona acuerdos análogos con Colombia y Chile, lo que sugiere que se trata de una política regional de Washington y no de una iniciativa excepcional.

La cobertura disponible no detalla salvaguardas específicas de privacidad ni mecanismos de reciprocidad, más allá de la referencia a los estándares del propio Departamento de Seguridad Nacional (Primicias, 2025a). Esa omisión es relevante. Los datos biométricos son, por naturaleza, irrevocables, y su integración en bases ajenas crea un activo de información de largo plazo cuyo uso futuro no queda delimitado por el propósito original. Otro reporte indica que un acuerdo de cooperación por veinticinco millones de dólares incluye intercambio de información biométrica y capacitación policial en sistemas de vigilancia (Expreso, 2025). El conjunto dibuja un entramado en el que datos de población ecuatoriana alimentan sistemas de inteligencia extranjeros, a cambio de capacidades que el Estado no ha desarrollado.

Los acuerdos heredados y la interceptación aérea

La base jurídica de la cooperación se construyó en gran medida antes del referéndum. El gobierno de Guillermo Lasso negoció tres acuerdos con Washington que Noboa ratificó parcialmente: un estatuto de las fuerzas, un acuerdo de operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y un acuerdo de asistencia de interceptación aérea (Primicias, 2025b). El estatuto otorga al personal estadounidense privilegios e inmunidades equivalentes a los diplomáticos, y deja a Washington el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre sus miembros. En el acuerdo de interceptación aérea, Estados Unidos aporta datos de inteligencia, información de radar, financiamiento, soporte logístico, comando, control y comunicaciones, equipos, mantenimiento y capacitación (Primicias, 2025b).

Desde la perspectiva de la IA militar, ese último punto es crucial. Un sistema de interceptación aérea es, en esencia, un sistema de detección, clasificación y decisión, alimentado por radares y por fusión de datos de inteligencia. Quien suministra el radar, los datos y las comunicaciones define qué se ve y qué no, y cuándo se activa una respuesta. El acuerdo prohíbe dañar aeronaves civiles salvo en defensa propia (Primicias, 2025b), lo que muestra la existencia de reglas de empleo, pero el control técnico del ciclo de detección y decisión permanece, en buena medida, del lado del socio.

Frontera Segura, Reaper y el ciclo de la información

En 2026 la cooperación incorporó capas tecnológicas más visibles. El 5 de marzo, en la sede del Comando Sur en Florida, Ecuador suscribió una declaración conjunta contra los cárteles; un documento del Ministerio de Defensa, citado por la prensa, indica que el país propuso modernizar el control fronterizo y portuario con tecnología avanzada y fortalecer el intercambio de inteligencia y la interoperabilidad (El Mercurio, 2026). El 22 de junio, ambos gobiernos firmaron la carta de implementación del proyecto Estrategia Frontera Segura. Estados Unidos transferirá vehículos y equipos tecnológicos especializados, además de asistencia técnica y capacitación, para instalar puntos móviles de control en la frontera norte, con respuesta integrada a alertas de seguridad compartidas por organismos de inteligencia. El piloto comenzará en la provincia de Carchi y sus resultados se evaluarán durante dos años (Primicias, 2026b).

El componente más significativo es el de las aeronaves no tripuladas de gran altitud. Según La Silla Vacía (2026), los primeros drones MQ-9A Reaper, fabricados por General Atomics, llegaron a Guayaquil desde la última semana de septiembre de 2026. Se usarían para detectar y seguir embarcaciones, aeronaves y otros movimientos sospechosos en corredores aéreos, marítimos y terrestres, y la información en tiempo real se enviaría a centros ecuatorianos y estadounidenses. El reporte señala que su uso concreto depende de reglas aún no públicas, que no identifica con precisión quién los opera, y que la claridad sobre el alcance de la cooperación es escasa. Aquí se concentra el problema de fondo: un sensor persistente, con capacidad de vigilancia continua sobre un territorio, cuyo flujo de datos alimenta simultáneamente a dos Estados, sin un marco público de control sobre qué se recolecta, cuánto se conserva ni para qué fines puede emplearse.

Para evaluar su alcance conviene distinguir entre plataforma y análisis. Un dron de vigilancia es útil por la información que genera, y la IA entra en el procesamiento de esos flujos: reconocimiento de patrones, clasificación de embarcaciones, detección de anomalías. Si el análisis se realiza en centros que el Ecuador no controla, con modelos que no puede inspeccionar, la ventaja operativa tiene como contrapartida una dependencia de la capacidad analítica del socio. Y esa dependencia se vuelve crítica cuando las decisiones que se derivan del análisis, como una interdicción o un bombardeo, tienen consecuencias letales.

El problema de la atribución y la rendición de cuentas

Human Rights Watch (2026) documentó ataques con drones de origen no esclarecido contra embarcaciones pesqueras y la desaparición de varios pescadores cerca de las islas Galápagos, y concluyó que las autoridades estadounidenses probablemente tuvieron algún grado de participación o conocimiento, aunque el Pentágono y la Guardia Costera lo niegan. El caso ilustra un problema general de la IA militar en contextos de cooperación opaca: cuando la cadena de detección, decisión y ataque involucra a varios actores y sistemas, la atribución de responsabilidad se diluye. Los sobrevivientes y las familias no saben a quién reclamar, y el sistema judicial ecuatoriano, que debe procesar las consecuencias, carece de acceso a la información técnica que permitiría reconstruir los hechos.

Sección 4La guerra de drones: el Estado y el crimen en el espacio aéreo

Drones estatales, entre lo comercial y lo táctico

Más allá de los sistemas de gran altitud suministrados desde el exterior, el Ecuador ha desarrollado una práctica extensa de uso táctico de drones, que se remonta a la crisis penitenciaria de 2021 y se intensificó desde el segundo semestre de 2025. Según un reportaje de Primicias (2026a), la mayoría de los drones estatales son de hélice, similares a los de uso civil, y en operaciones especiales se emplean también aparatos de ala fija, de uso militar, cuya autonomía una fuente policial estimó en casi seiscientos kilómetros, cifra que el medio no pudo verificar. Se usan para vigilancia nocturna y seguimiento de objetivos en ciudades como Guayaquil y Machala. El reportaje menciona operativos recientes en los que un dron registró una entrega de armas a policías en servicio activo, lo que condujo a la captura de un alto mando criminal, y otro localizó la vivienda de un cabecilla requerido en extradición por Estados Unidos.

En julio de 2026, el Bloque de Seguridad presentó la primera camioneta táctica militar de fabricación nacional y un escuadrón de aeronaves no tripuladas denominado Rayo Justiciero, diseñado y ensamblado por la Fuerza Aérea para reconocimiento, inteligencia y monitoreo continuo, con el argumento de reducir la dependencia de compras externas y avanzar hacia una seguridad soberana (El Diario Ecuador, 2026). La iniciativa es políticamente significativa, aunque conviene calibrar su alcance. En mayo de 2026 la Fuerza Aérea concentró parte de sus compras en drones, por 617.000 dólares, y la cooperación de Estados Unidos incluyó en 2025 un fondo de seis millones de dólares para drones de la Armada destinados al rastreo de rutas de narcotráfico (Primicias, 2026a). Esas magnitudes muestran que la producción nacional es todavía modesta y que, mientras no incorpore sensores, enlaces de datos y software propios, sigue dependiendo de componentes importados.

Drones del crimen y el dilema de la contramedida

La contracara es el uso criminal. Las organizaciones armadas emplean drones para vigilar a la Policía, a rivales y a fincas, y para atacar con explosivos. Hubo ataques con explosivos contra pabellones carcelarios de Machala a fines de 2025 y en marzo de 2026, y se han adaptado drones agrícolas de gran tamaño para trasladar armas y explosivos al complejo penitenciario de Guayaquil (Primicias, 2026a). Ya en septiembre de 2024 y en 2025, drones cargados con explosivos intentaron atacar la cárcel de máxima seguridad de La Roca, aunque las autoridades frustraron los intentos (Expreso, 2025). La ministra del Interior de entonces calificó esos hechos como terrorismo.

La respuesta estatal ha sido parcial. La Dirección General de Aviación Civil exige desde mayo de 2025 el registro de equipos de más de 250 gramos, y en julio de 2025 un reglamento facultó a la Fuerza Aérea para neutralizar drones en zonas estratégicas. Sin embargo, detectar y neutralizar un dron armado requiere equipos distintos a los de vigilancia, como rastreo por radiofrecuencia, cámaras térmicas y sistemas de interferencia o derribo, que no están disponibles de forma suficiente (Expreso, 2025). Un exdirector de inteligencia advirtió que esta tecnología podría alterar el equilibrio de fuerzas entre el crimen y las autoridades (Expreso, 2025). Se configura así una carrera asimétrica en la que un actor criminal puede improvisar con tecnología comercial barata, mientras el Estado debe construir sistemas de detección y defensa costosos, con una dependencia adicional de los proveedores de contramedidas.

Baja tecnología, alta dependencia

El panorama permite matizar el debate sobre IA militar en el Ecuador. La mayor parte de lo que se utiliza en el terreno no es inteligencia artificial avanzada, sino tecnología comercial adaptada, con grados variables de automatización en la navegación, el seguimiento visual y el análisis de imágenes. Pero la distinción entre baja y alta tecnología oculta el punto decisivo: incluso un dron comercial depende de chips, baterías, sensores y software de origen extranjero, y los modelos de visión por computador que procesan sus imágenes suelen entrenarse y ejecutarse en infraestructuras ajenas. La cadena de suministro es, por lo tanto, una variable estratégica. Un cambio en las restricciones de exportación, una sanción o una interrupción comercial pueden degradar la capacidad operativa del Estado con rapidez.

El Pacífico: vigilancia naval y el límite de lo no tripulado

La dimensión marítima merece un comentario aparte. El Pacífico ecuatoriano es el principal teatro de la interdicción antidrogas, y allí se combinan sensores aéreos, plataformas navales y operaciones de abordaje. Los fondos estadounidenses para drones de la Armada ecuatoriana, mencionados antes, apuntan a una vigilancia persistente de rutas, pero la información disponible indica que las operaciones más contundentes se han apoyado en medios tripulados. En septiembre de 2026, la prensa describió una campaña de hundimiento de embarcaciones pesqueras en la que infantes de marina abordaban las naves, desalojaban a las tripulaciones y luego las destruían con artillería lanzada desde helicópteros; un reporte atribuyó parte de esas acciones a una operación encubierta de inteligencia estadounidense (El Heraldo, 2026). La lección analítica es que, aun cuando la IA no ejecute el ataque, sí estructura la decisión previa: la selección de qué embarcación se considera sospechosa surge de cruces de datos, patrones de navegación y fuentes de inteligencia que el Estado ecuatoriano no controla ni puede auditar. Cuando esa selección resulta equivocada, como sugiere la absolución judicial de 32 tripulantes de dos embarcaciones destruidas (Telemundo, 2026), el error no tiene un responsable identificable.

Sección 5Gobernanza: un vacío regulatorio en el centro del dispositivo

Una estrategia de IA sin defensa

El 10 de marzo de 2026, el Ministerio de Telecomunicaciones presentó la estrategia nacional para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, con metas al 2030 y tres ejes: gobernanza y ética, capacidades humanas y tecnológicas, e investigación e innovación. El proyecto de Ley de Inteligencia Artificial seguía en trámite en la Asamblea. La presentación mencionó la seguridad como uno de los ámbitos con avances iniciales, sin precisar de qué se trata, y no hizo referencia alguna a la defensa ni a los usos militares. Cada institución financiaría su aplicación con su propio presupuesto de tecnologías de la información, sin un monto global (Primicias, 2026c).

Esa ausencia no es una omisión menor. Los usos de mayor riesgo, en particular los que afectan derechos fundamentales y el empleo de la fuerza, quedan en un espacio sin regulación específica. Un experto citado por Expreso (2025) señaló expresamente la falta de un marco legal para drones con inteligencia artificial. Las reglas aplicables derivan de normas generales de aviación civil, de protección de datos y de los acuerdos de cooperación, ninguno de los cuales fue concebido para gobernar sistemas algorítmicos de vigilancia y selección de objetivos.

Opacidad, inmunidad y control

Tres rasgos agravan el vacío. El primero es la opacidad: ni el contenido completo de los acuerdos de cooperación ni los términos de operación de los sistemas de vigilancia son públicos, y la propia prensa especializada reconoce no tener claridad sobre el alcance de varios programas. El segundo es la inmunidad: el Decreto 424 de 2026 prevé inmunidad para personal extranjero participante y la facultad presidencial de indultar a militares, policías y civiles (Teleamazonas, 2026), lo que reduce el control judicial sobre posibles abusos. El tercero es la ausencia de auditoría técnica independiente. No hay una autoridad con capacidad para revisar los sistemas de reconocimiento facial, evaluar sus tasas de error, verificar el destino de los datos biométricos ni inspeccionar el código de las plataformas.

La combinación de estos tres rasgos resulta especialmente delicada en un contexto de conflicto armado declarado, donde la excepción tiende a volverse norma. En esas condiciones, las salvaguardas que normalmente acompañan a una tecnología de vigilancia, como la proporcionalidad, la limitación de propósito y la supervisión, quedan subordinadas a una lógica de urgencia. La ausencia de gobernanza no es, entonces, una falla técnica transitoria, sino un rasgo estructural del modo en que se ha incorporado la IA a la seguridad.

Sección 6Geopolítica de la doble dependencia

Seguridad con Washington, infraestructura con Pekín

El resultado del recorrido anterior es una arquitectura de seguridad con dos proveedores principales y funciones distintas. La capa china, anterior en el tiempo, provee el sustrato material: cámaras, centros de monitoreo, redes, almacenamiento y edificios. La capa estadounidense, más reciente y más intensa, provee los flujos de inteligencia, las bases biométricas, la asistencia de interceptación y la vigilancia aérea de alto nivel. En términos tecnológicos, ambas se superponen sin integrarse del todo. El Ecuador opera sistemas que nacieron en ecosistemas rivales, con estándares, protocolos y cadenas de mantenimiento propios, y la integración depende de la capacidad de sus técnicos para tender puentes entre ellos.

La dualidad no es fortuita. El presidente Noboa ha defendido en reiteradas ocasiones que su país es aliado de los Estados Unidos en seguridad, pero que no puede enemistarse con China, su socio comercial. En agosto de 2026, durante su visita a Pekín, se firmaron siete instrumentos con una cooperación no reembolsable de unos 47 millones de dólares, de los cuales unos 28 millones se destinan, entre otros fines, a 125 camionetas de patrullaje policial, equipamiento médico y reactivación productiva en la zona norte; el paquete incluyó además un memorando de cooperación y transformación digital con intercambio de tecnología y políticas, y la cooperación en un sistema meteorológico con inteligencia artificial (Bloomberg Línea, 2026). Pocas semanas después, llegaban a Guayaquil los primeros drones Reaper estadounidenses (La Silla Vacía, 2026). Ambos hechos describen una estrategia de cobertura en la que el país recibe vehículos y tecnología de ambos lados.

El costo de la ambigüedad

Esa estrategia tiene un costo técnico y político. En el plano técnico, la coexistencia de ecosistemas rivales multiplica las superficies de ataque y complica la interoperabilidad. La sanción estadounidense a CEIEC en 2020 muestra cómo las decisiones de una potencia pueden afectar el mantenimiento de un sistema crítico de otro país, ya que los técnicos formados por la empresa renunciaron y el trabajo con la plataforma se complicó (Vistazo, 2024). El caso sugiere que, en un escenario de endurecimiento de la competencia, el Ecuador podría verse obligado a elegir entre proveedores, con costos operativos considerables.

En el plano político, la ambigüedad es sostenible mientras ninguna potencia la cuestione. Washington presiona a los gobiernos de la región para que se distancien de China, y la propia Estrategia Frontera Segura y los acuerdos biométricos refuerzan la integración del Ecuador a sistemas estadounidenses de datos y de interdicción. Cuanto más profunda sea esa integración, menor será el margen para mantener una infraestructura de vigilancia china sin fricciones. Y viceversa: cada nuevo paquete de cooperación china, particularmente en transformación digital, puede generar desconfianza en Washington y complicar el acceso a información de inteligencia. Una autonomía relacional, en el sentido de Russell y Tokatlian (2003), exige que el país mantenga la capacidad de decidir sin clausurar opciones, y esa capacidad depende, en último término, del control sobre su propia infraestructura.

Datos como activo estratégico

En la rivalidad por la IA, los datos son un recurso central. Las huellas, el iris, la voz, las imágenes de cámaras urbanas, los registros de geolocalización y las trazas de movimiento marítimo y aéreo constituyen, en conjunto, un retrato de población, territorio y capacidades del Estado ecuatoriano. Cuando una parte de ese retrato se almacena en sistemas ajenos, se crea una ventaja de información para el tercero, que puede emplearla para entrenar modelos, ajustar operaciones o negociar. Esto no supone mala fe de ningún actor. Basta con que los incentivos de largo plazo de los proveedores no coincidan con los intereses del país para que la asimetría produzca efectos. La lógica extractiva descrita por Couldry y Mejias (2019) se manifiesta aquí en su forma más directa, la de los datos de seguridad de un Estado entregados o producidos en infraestructuras de otros.

La proyección regional

El caso ecuatoriano trasciende sus fronteras. El gobierno planea blindar la frontera sur con sensores y drones junto con el Perú, y la frontera norte con Colombia es el escenario del piloto de Frontera Segura (Primicias, 2026a; Primicias, 2026b). Es previsible que las soluciones tecnológicas adoptadas en un país se repliquen en los vecinos, y La Silla Vacía (2026) sugiere que el Ecuador funciona como antecedente para Colombia. Si ello ocurre, la arquitectura tecnológica de la seguridad andina podría homogeneizarse en torno a estándares de un solo proveedor, con implicaciones para la autonomía regional. Existe también una oportunidad inversa: una coordinación entre los países andinos para definir criterios comunes de adquisición, interoperabilidad y protección de datos fortalecería su posición negociadora frente a ambas potencias, algo que las tensiones recientes entre Quito y Bogotá dificultan, pero no hacen imposible.

Sección 7Hacia una autonomía estratégica en IA de seguridad

Principios de una agenda

Frente a este diagnóstico, la alternativa no es el autarquismo tecnológico, que un país de las dimensiones del Ecuador no podría sostener, sino una estrategia de reducción selectiva de dependencias. Cuatro principios pueden orientarla. El primero es la transparencia y la auditoría: todo sistema de vigilancia o de apoyo a la decisión que opere sobre población ecuatoriana debería someterse a una evaluación técnica independiente, con criterios públicos sobre tasas de error, retención de datos y destino de la información. El segundo es la diversificación de proveedores con estándares abiertos: exigir interoperabilidad y protocolos documentados en las compras públicas para evitar que el cierre tecnológico, como el que afectó al ECU-911, vuelva a ocurrir. El tercero es la soberanía sobre los datos críticos: los datos biométricos y de inteligencia deberían almacenarse y procesarse, en lo posible, en infraestructuras bajo jurisdicción ecuatoriana, y los acuerdos de intercambio deberían especificar propósito, plazo y reciprocidad. El cuarto es el desarrollo de capacidades nacionales de análisis, de manera que el Estado no solo posea sensores, sino que pueda interpretarlos.

Modelos propios y el marco MINGA-IA

En el plano de los modelos de inteligencia artificial, una vía realista es la de los modelos de lenguaje pequeños y soberanos, entrenados con datos propios, desplegables en infraestructura local y ajustados a tareas específicas. Esta es la lógica de la propuesta MINGA-IA (Modelos Independientes de Nueva Generación Autónoma), formulada por el autor como alternativa decolonial a la dependencia de grandes modelos extranjeros, y denominada con un término de las tradiciones andinas de trabajo colectivo. Aplicada al campo de la seguridad y la defensa, la idea no consiste en construir sistemas de armas, sino en desarrollar herramientas de análisis documental, de inteligencia de fuentes abiertas, de clasificación de reportes operativos y de apoyo a la planificación, que funcionen sin enviar información sensible a servidores externos. Un modelo pequeño, auditable y alojado en el país tiene capacidades limitadas, pero resuelve el problema esencial de quién controla el procesamiento.

La viabilidad de esta ruta depende de condiciones institucionales. Requiere cooperación entre universidades, Fuerzas Armadas y Policía, financiamiento sostenido, políticas de datos que permitan el entrenamiento sin vulnerar derechos, y una masa crítica de talento. También requiere un cambio de cultura de compras, que premie la apropiación de la tecnología por encima de la adquisición de soluciones cerradas.

Medir la dependencia

Una agenda de autonomía necesita instrumentos de medición. Resulta útil pensar en un índice de dependencia tecnológica que evalúe, para cada sistema crítico de seguridad, el origen del hardware, del software y de los datos, la existencia de código y documentación accesibles, la capacidad nacional de mantenimiento, la jurisdicción de almacenamiento y la reversibilidad de la contratación. El Ecuador, con su combinación de sistemas de distinto origen, constituye un caso piloto particularmente apropiado, tanto por la riqueza empírica del ECU-911 como por la diversidad de proveedores. Una métrica de este tipo permitiría que el debate público y legislativo se base en evidencia comparable, y que las decisiones de compra internalicen el costo de la dependencia.

Regulación y control

En el plano normativo, la agenda exige cerrar el vacío identificado. La ley de inteligencia artificial en trámite debería incluir un régimen específico para los usos de seguridad y defensa, con categorías de riesgo, requisitos de supervisión humana significativa para cualquier decisión con consecuencias letales o que afecte gravemente derechos, obligaciones de registro y trazabilidad de los sistemas, y mecanismos de rendición de cuentas aplicables también a las operaciones combinadas con fuerzas extranjeras. Los acuerdos de cooperación, a su vez, deberían someterse a control legislativo y publicarse, al menos en sus partes no sensibles. La experiencia del referéndum de noviembre de 2025, en el que la ciudadanía rechazó las bases extranjeras, indica que existe una demanda social de control sobre la presencia militar externa, y esa demanda debería extenderse a su dimensión digital, menos visible pero no menos relevante.

ConclusionesConclusiones

Este ensayo ha examinado la relación entre la inteligencia artificial militar y la geopolítica en el Ecuador desde la hipótesis de que el país vive una dependencia tecnológica estratificada, que da lugar a una soberanía de fachada. La evidencia reunida permite sostener que la capa material de la vigilancia, encarnada en el ECU-911 y en el mercado de seguridad electrónica, descansa en proveedores chinos, con rasgos de cierre tecnológico, obsolescencia y financiamiento atado; que la capa de inteligencia y vigilancia aérea se integra cada vez más a sistemas estadounidenses, con intercambio de datos biométricos, interceptación aérea y drones de gran altitud cuyo uso depende de reglas no públicas; y que el nivel táctico, dominado por drones comerciales adaptados, refleja una carrera asimétrica con el crimen organizado en la que la dependencia de componentes externos persiste.

El vacío regulatorio es el factor que vuelve más preocupante esta configuración. La estrategia nacional de inteligencia artificial no incluye la defensa, la ley respectiva sigue en trámite, la inmunidad para personal extranjero y los indultos reducen el control judicial, y no existe un mecanismo de auditoría técnica independiente. En esas condiciones, la incorporación de la IA a la seguridad avanza más rápido que la capacidad institucional de gobernarla. Los casos de ataques con drones de origen no esclarecido contra embarcaciones pesqueras (Human Rights Watch, 2026) muestran lo que puede ocurrir cuando la cadena de detección y decisión es opaca y la responsabilidad se diluye entre varios actores.

La política exterior de cobertura entre Washington y Pekín ha permitido al país obtener recursos de ambos lados, pero su sostenibilidad es incierta. Un endurecimiento de la competencia tecnológica obligaría a decisiones costosas, y la dependencia de infraestructuras ajenas limitaría su margen de maniobra. La salida no consiste en rechazar la cooperación, que el país necesita frente a organizaciones criminales transnacionales, sino en cambiar sus términos: exigir transparencia, interoperabilidad abierta, soberanía sobre los datos críticos, auditoría independiente y desarrollo de capacidades propias, entre ellas modelos de lenguaje pequeños y soberanos para tareas de análisis, en la línea de la propuesta MINGA-IA.

Conviene cerrar con una advertencia metodológica. Gran parte de la información disponible procede de reportajes periodísticos, comunicados oficiales e informes de organizaciones de derechos humanos, y no de documentos técnicos o contractuales verificables. Las cifras sobre cámaras, presupuestos y capacidades varían entre fuentes, los acuerdos de cooperación no son plenamente públicos y varios hechos recientes, como el funcionamiento de los drones Reaper, estaban en desarrollo al momento de redactar este texto. Las conclusiones deben leerse, por tanto, como hipótesis informadas por la evidencia disponible hasta octubre de 2026. Lo que no admite duda es que la discusión sobre la IA militar en el Ecuador no se jugará únicamente en el terreno de los sistemas de armas, sino en el de quién controla los sensores, los datos y los modelos que organizan la seguridad del Estado, y esa discusión necesita ocurrir en público, antes de que las dependencias se vuelvan irreversibles.

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