Libertad y seguridad en el conflicto armado interno ecuatoriano: reflexiones filosóficas sobre el uso de la Inteligencia Artificial

ResumenResumen

El conflicto armado interno declarado por Ecuador en enero de 2024 ha transformado la relación entre seguridad y libertad, la que es fundamental en un escenario donde la inteligencia artificial emerge como herramienta central de la estrategia estatal. Este artículo examina filosóficamente la tensión entre la necesidad de proteger a la ciudadanía y el riesgo de erosionar los derechos que constituyen la base del Estado democrático. A partir de un análisis genealógico que parte de Hobbes hasta las tecnologías algorítmicas contemporáneas, se argumenta que el uso de IA en contextos de conflicto no resuelve el dilema libertad-seguridad, sino que lo intensifica al dotar al Estado de capacidades de vigilancia y control que exceden los marcos conceptuales y normativos existentes. El caso ecuatoriano —caracterizado por la suspensión parcial de la Ley de Inteligencia, la ausencia de una ley integral de IA y la creciente dependencia tecnológica de proveedores externos— se presenta como un laboratorio contemporáneo de esta tensión. Se concluye que la seguridad no puede construirse sobre la erosión de las libertades y que la IA, lejos de ser una solución técnica, plantea preguntas profundas sobre el tipo de Estado que se quiere construir.

Palabras clave: libertad, seguridad, inteligencia artificial, conflicto armado interno, Ecuador, biopolítica, vigilancia digital, filosofía política.

Sección 1Introducción

Ecuador se encuentra inmerso en un conflicto armado interno no internacional desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró formalmente la existencia de una amenaza terrorista representada por el accionar de las organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos. En respuesta, el Estado ha desplegado una estrategia de seguridad que incorpora tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial aplicada a la vigilancia aérea, el análisis predictivo y el procesamiento de datos. Este escenario plantea una pregunta filosófica de primer orden: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su afán de proteger a la ciudadanía sin comprometer las libertades que definen su carácter democrático?

La inteligencia artificial no es un mero instrumento técnico; es una tecnología que transforma la naturaleza misma del poder estatal. Los sistemas algorítmicos permiten formas de monitoreo, predicción y modulación conductual que operan a escala masiva y en tiempo real, construyendo perfiles probabilísticos de acciones futuras. Esta lógica actuarial transforma la presunción de inocencia en un cálculo perpetuo de riesgo, donde todos los ciudadanos son simultáneamente sospechosos y protegidos, vigilantes y vigilados.

El presente artículo examina esta tensión a partir del caso ecuatoriano, analizando cómo el marco legal vigente —la Ley Orgánica de Inteligencia, las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional y el proyecto de ley de IA en riesgo de archivo— refleja un dilema que trasciende lo jurídico para adentrarse en el terreno de la filosofía política. Se argumenta que la IA en contextos de conflicto no resuelve el dilema libertad-seguridad, sino que lo intensifica, exigiendo un replanteamiento de categorías políticas heredadas del inicio de la modernidad.

Sección 2Marco teórico: genealogía del dilema libertad-seguridad

2.1 Hobbes y el nacimiento del Estado como garantía de seguridad

La filosofía política moderna encuentra en Thomas Hobbes uno de sus momentos fundacionales. En el Leviatán, Hobbes plantea que el estado de naturaleza es una «guerra de todos contra todos» donde la vida es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». La solución a esta condición es el contrato social: los individuos ceden su poder a un soberano absoluto a cambio de seguridad. El Estado no es, para Hobbes, un límite a la libertad, sino su condición de posibilidad: sin seguridad, no hay libertad posible.

Hobbes no está hablando de libertad política, civil o de autodeterminación, sino de libertad física: la capacidad del cuerpo para moverse sin ser destruido por otro. Su concepto de libertad es, ante todo, negativo: ausencia de impedimentos externos al movimiento. En el estado de naturaleza, esa libertad es absoluta pero inviable, porque el miedo a la muerte violenta la hace insostenible. Para Hobbes, el Estado no es un límite a la libertad, sino su condición de posibilidad: sin la seguridad que proporciona el soberano, la libertad física no puede ejercerse de manera sostenible. Sin embargo, esta libertad es mínima: es la libertad de ser vivo, no la libertad de vivir bien o de participar en la definición de las normas colectivas. Por eso, el hobbesianismo funda un modelo de seguridad que no interroga la calidad de la vida protegida, sino que se limita a garantizar su mera continuidad biológica.

Esta relación fundacional entre seguridad y libertad ha sido reformulada a lo largo de la historia. Para la modernidad clásica, la seguridad era una garantía frente al miedo y la violencia; en el mundo contemporáneo, se ha convertido en un dispositivo ideológico que justifica la expansión del control estatal.

Esta redefinición de la libertad en términos hobbesianos —como mera continuidad biológica frente a la amenaza de muerte violenta— no es un ejercicio abstracto, sino el marco interpretativo que mejor da cuenta de la dinámica actual del conflicto armado interno ecuatoriano. Cuando el crimen organizado controla corredores estratégicos, impone sus propias normas en barrios enteros y disputa al Estado el monopolio de la fuerza, la ciudadanía queda atrapada en una condición que reproduce el estado de naturaleza hobbesiano: la guerra de todos contra todos, donde la vida depende del azar, la lealtad o la capacidad de pago. En este escenario, la seguridad deja de ser un bien público para convertirse en la condición mínima de existencia, y la libertad se reduce a la posibilidad de no ser asesinado. La inteligencia artificial, en este contexto, no es una tecnología de emancipación o de ampliación de derechos, sino un instrumento de supervivencia estatal: los drones con vigilancia avanzada, los algoritmos predictivos y los sistemas de análisis de datos se despliegan no para construir una sociedad más justa, sino para restaurar el monopolio de la violencia que el Estado ha perdido. Pero esta restauración tiene un costo: la IA opera sin un marco legal integral que garantice transparencia y rendición de cuentas, y su uso se justifica por la urgencia de la excepción, no por la deliberación democrática. Así, el Estado ecuatoriano parece haber aceptado implícitamente que la seguridad hobbesiana —la mera protección de la vida física— es el único horizonte posible, y que la inteligencia artificial es el instrumento técnico para alcanzarlo.

La pregunta que queda abierta es si este retroceso civilizatorio es irreversible, o si la tecnología puede ser reorientada hacia un modelo de seguridad que no sacrifique las libertades políticas en nombre de la supervivencia. Para que esta reorientación sea posible, la seguridad debe dejar de entenderse como un fin en sí mismo y reconocerse como parte de un proceso más amplio de reproducción social: no basta con garantizar que los ciudadanos no sean asesinados hoy; es necesario asegurar que puedan vivir, trabajar, educarse y participar en la vida comunitaria sin que el miedo a la violencia estructure cada una de sus decisiones. Esto implica que la seguridad no puede reducirse a la neutralización de amenazas inmediatas mediante la tecnología —por más avanzada que sea—, sino que debe integrar políticas de presencia estatal efectiva, inversión en servicios públicos, fortalecimiento del tejido social y recuperación de la confianza ciudadana.

En otras palabras, la IA puede ser un instrumento táctico para interrumpir la guerra, pero no puede sustituir la estrategia política de construir la paz. Solo cuando la seguridad se articula con el desarrollo social deja de ser un bucle de securitización —una espiral que justifica su propia perpetuación— y se convierte en un medio para recuperar la soberanía estatal y la autonomía ciudadana. El desafío, entonces, no es técnico sino político: ¿es el Estado ecuatoriano capaz de concebir la seguridad no como excepción permanente, sino como un puente hacia la normalidad democrática?

2.2 Foucault y la biopolítica: el giro hacia la administración de la vida

La fundación hobbesiana del Estado moderno —basada en el contrato social que garantiza la mera supervivencia física frente a la guerra de todos contra todos— no es, sin embargo, el punto de llegada de la filosofía política, sino su punto de partida. Una vez que el Estado ha asegurado el monopolio de la violencia y ha pacificado el territorio, la pregunta por la seguridad no desaparece, sino que se transforma: ya no se trata únicamente de proteger la vida frente a la muerte violenta, sino de administrar la vida en su conjunto.

Es aquí donde Hobbes cede el paso a Foucault. Mientras el primero concibe la seguridad como la condición negativa de posibilidad de la existencia —la ausencia de impedimentos externos al movimiento—, el segundo la entiende como un dispositivo positivo de gobierno: la seguridad no solo protege, sino que ordena, regula, optimiza y modula poblaciones enteras. La biopolítica foucaultiana no contradice al Leviatán; lo despliega.

El Estado que garantiza la supervivencia física se convierte, necesariamente, en un Estado que gestiona la salud, la reproducción, la circulación, el trabajo y, finalmente, la conducta. En este despliegue, la inteligencia artificial representa la culminación de ambas lógicas: por un lado, es el instrumento técnico que permite al Estado restaurar el monopolio de la violencia en contextos donde este se ha fragmentado —la función hobbesiana de la seguridad—; por otro, es el mecanismo biopolítico por excelencia, capaz de monitorear, predecir y modular conductas a escala poblacional —la función foucaultiana de la seguridad.

El conflicto armado interno ecuatoriano, en este sentido, no es solo una crisis de soberanía, sino también una crisis de gubernamentalidad: el Estado no solo lucha por recuperar el control territorial, sino que, al hacerlo mediante tecnologías algorítmicas, está definiendo un nuevo régimen de gobierno sobre la vida que trasciende ampliamente el horizonte hobbesiano de la mera supervivencia.

Michel Foucault introduce un desplazamiento crucial en la comprensión del poder. Las sociedades modernas ya no se caracterizan por un poder soberano centrado en el derecho de muerte, sino por formas biopolíticas enfocadas en la administración de la vida poblacional. El poder opera mediante la gestión estadística de poblaciones, la optimización de procesos vitales y la modulación de conductas.

Foucault distingue entre la disciplina, que actúa sobre cuerpos individuales en espacios cerrados, y la biopolítica, que opera a escala poblacional mediante mecanismos de regulación. Las tecnologías digitales contemporáneas representan la culminación de esta lógica biopolítica, permitiendo formas de monitoreo y modulación conductual sin precedentes.

La biopolítica foucaultiana, sin embargo, no es el punto de llegada de esta genealogía, sino su momento intermedio. Gilles Deleuze, en su «Post-scriptum sobre las sociedades de control», identificó una transformación ulterior: las sociedades disciplinarias, caracterizadas por espacios cerrados y mecanismos de normación individual (la escuela, la fábrica, la prisión), han dado paso a sociedades de control, donde la modulación de la conducta es continua, descentralizada y operada mediante sistemas digitales. En este sentido, el pensamiento hobbesiano —centrado en la garantía negativa de la supervivencia física frente a la guerra de todos contra todos— puede leerse retrospectivamente como el fundamento de una sociedad disciplinaria: el Leviatán no solo protege, sino que norma, encierra, clasifica y ordena a la población que ha pacificado.

La biopolítica foucaultiana representa una ampliación de esta lógica: la disciplina ya no se limita a espacios cerrados, sino que se extiende a toda la vida poblacional, administrando procesos biológicos a escala masiva. Pero es la sociedad de control, finalmente, la que lleva esta lógica a su máxima expresión: el poder ya no opera mediante el encierro ni mediante la administración de poblaciones, sino mediante la modulación algorítmica de la conducta en tiempo real, donde cada ciudadano es permanentemente evaluado, perfilado y ajustado a través de sistemas predictivos. En este escenario, la inteligencia artificial no es un instrumento auxiliar del poder, sino su infraestructura operativa fundamental: es el mecanismo que permite que la sociedad de control funcione a escala y en tiempo real, haciendo innecesarios los muros de la disciplina y los diagnósticos de la biopolítica, porque el control se ejerce antes de que la conducta ocurra, sobre la base de su predicción probabilística.

2.3 El giro digital: capitalismo de vigilancia y control algorítmico

La digitalización de la vigilancia introduce transformaciones cualitativas que exceden los marcos analíticos de Foucault. El concepto de «capitalismo de vigilancia», acuñado por Shoshana Zuboff, describe cómo la experiencia humana se ha convertido en materia prima para la extracción comercial de datos. Los algoritmos predictivos no observan pasivamente; construyen perfiles probabilísticos de acciones futuras e intervienen preventivamente.

Gilles Deleuze anticipó esta transformación: las sociedades disciplinarias basadas en espacios cerrados (escuela, fábrica, prisión) han dado paso a sociedades de control caracterizadas por la modulación continua de la conducta a través de sistemas digitales.

Byung-Chul Han introduce el concepto de psicopolítica: el poder contemporáneo no opera mediante la represión directa, sino mediante la seducción, la gamificación y la extracción de datos psicológicos.

Una tentación recurrente en la teoría social contemporánea es periodizar los modelos de poder como si se sucedieran linealmente: la soberanía hobbesiana daría paso a la disciplina foucaultiana y ésta a la sociedad de control deleuziana. Sin embargo, esta lectura es propia de un salón de clases, pero oculta una realidad más compleja. La sociedad contemporánea no es una sociedad de control que ha dejado atrás los mecanismos disciplinarios, sino una sociedad de control que ha incorporado, intensificado y vuelto más eficientes los mecanismos disciplinarios. El encierro no ha desaparecido; se ha digitalizado. La prisión sigue existiendo, pero ahora está precedida por el perfilamiento algorítmico que predice quién puede delinquir. La fábrica sigue operando, pero la disciplina del cronómetro se complementa con la vigilancia digital de la productividad en tiempo real. La escuela sigue normando, pero los sistemas de evaluación predictiva modulan las trayectorias educativas antes de que los estudiantes las recorran.

En el contexto del conflicto armado interno ecuatoriano, esta superposición es particularmente visible: el Estado despliega tecnología algorítmica de control (drones, análisis predictivo, vigilancia masiva) mientras mantiene y profundiza mecanismos disciplinarios tradicionales (toques de queda, allanamientos, detenciones masivas, militarización de barrios). La inteligencia artificial, en este escenario, no es solo la infraestructura de la sociedad de control; es también el multiplicador de eficiencia de la disciplina. Permite que el encierro sea más selectivo, la represión más precisa y la normación más ubicua. Lo que tenemos, entonces, no es una sociedad que ha superado la disciplina, sino una sociedad de control con mecanismos disciplinarios integrados, donde ambas lógicas se potencian mutuamente en un circuito que la teoría social, atrapada en sus propias periodizaciones, no siempre ha sabido describir.

2.4 Securitización y excepción: el marco de la Escuela de Copenhague

La teoría de la securitización, desarrollada por la Escuela de Copenhague, sostiene que la «seguridad» no es un atributo objetivo de los objetos, sino un acto performativo mediante el cual un actor declara una amenaza existencial y reclama el derecho a medidas excepcionales. Cuando un tema es «securitizado», sale de la política normal y entra en el ámbito de la urgencia, justificando la suspensión de procedimientos ordinarios.

Giorgio Agamben, en Estado de excepción, desarrolla esta línea al mostrar cómo el estado de excepción se ha convertido en el paradigma de gobierno de las democracias contemporáneas. La excepción no es una suspensión del derecho, sino la creación de una zona de indistinción entre derecho y violencia.

Para comprender la tensión entre libertad y seguridad en el contexto del conflicto armado interno ecuatoriano, resulta útil recuperar una distinción clásica del pensamiento romano: la que separa el limes del limen. El limes es el límite fijo, la frontera estable que marca el territorio del poder soberano: el Estado, la ley, el monopolio de la violencia, la capacidad de declarar la excepción. El limen, en cambio, es el umbral, el espacio de paso y transición donde lo fijo se vuelve contingente, donde el poder se enfrenta a la impugnación, la deliberación y el disenso. En este segundo terreno se mueven la democracia, los derechos fundamentales y la libertad política entendida como participación y autodeterminación.

La tensión que atraviesa el uso de inteligencia artificial en el conflicto armado interno ecuatoriano puede leerse como un conflicto entre estos dos territorios: el Estado, a través de la IA, intenta expandir el limes —extender el territorio fijo del control soberano—, mientras que la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos y los mecanismos de control constitucional intentan preservar el limen —el espacio móvil donde los derechos pueden ser impugnados, redefinidos y ampliados.

La suspensión parcial de la Ley de Inteligencia por parte de la Corte Constitucional, las 34 demandas de inconstitucionalidad y el amicus curiae presentado por la Fundación Karisma son expresiones de esta lucha por el umbral: intentos de impedir que la excepción se convierta en regla, que el limes devore al limen. La inteligencia artificial, en este escenario, es el instrumento que permite al Estado expandir su territorio de control a velocidades y escalas que los mecanismos tradicionales de contención —los umbrales democráticos— no logran seguir. La pregunta filosófica de fondo es si el limen puede resistir, o si la tecnología terminará por convertir la excepción en la nueva normalidad, disolviendo el espacio de la libertad política en el territorio fijo del control soberano.

2.5 La IA como campo de disputa: la tecnología como territorio en disputa

Esta distinción entre el limes del poder soberano y el limen de la política democrática plantea una pregunta que la filosofía política no puede eludir: ¿la inteligencia artificial será solo un recurso del Estado, un instrumento de expansión del control soberano, o también podrá ser apropiada por la ciudadanía como herramienta de defensa de sus derechos y de impugnación del poder?

La tentación de responder afirmativamente a la primera opción —la IA como mero dispositivo estatal de control— es fuerte, especialmente en contextos de conflicto armado donde la urgencia de la seguridad parece justificar cualquier medio. Sin embargo, la historia de la tecnología enseña que ningún instrumento de poder permanece eternamente en manos de quienes lo crean o lo despliegan. La imprenta fue inicialmente un instrumento de control eclesiástico antes de convertirse en vehículo de la Reforma y la Ilustración. Internet fue concebida como una red militar antes de ser apropiada por movimientos sociales, activistas y ciudadanos comunes. La inteligencia artificial no será una excepción. Como bien podría decir Marx, adaptando su célebre formulación: nada escapa a la lucha de clases, y la IA tampoco. El acceso a los datos, la capacidad de desarrollar algoritmos, la posesión de las infraestructuras digitales y la alfabetización tecnológica son hoy campos de batalla donde se disputan el control y la dirección de las sociedades. En el caso ecuatoriano, esta disputa adquiere contornos específicos: la academia y la sociedad civil ya están ensayando respuestas, como el proyecto RedLLM-Integrator de la Universidad San Francisco de Quito, que propone una IA explicativa y orientada al fortalecimiento de Centros de Operaciones de Seguridad con criterios de transparencia y participación.

Pero también hay experiencias de vigilancia popular y autodefensa comunitaria que, aunque incipientes, sugieren que la ciudadanía puede —y debe— apropiarse de herramientas tecnológicas para protegerse frente al crimen organizado y, simultáneamente, para controlar al Estado. La pregunta, entonces, no es si la IA estará dentro del limes del poder soberano o en el limen de la política democrática, sino cómo y en qué medida la ciudadanía podrá disputar su control. La respuesta no es técnica, sino política: depende de la capacidad de las sociedades para organizarse, de la existencia de marcos legales que garanticen la transparencia algorítmica, y del desarrollo de una cultura cívica que entienda la tecnología no como un destino, sino como un campo de conflicto.

Este carácter conflictivo de la IA se manifiesta también en la tecnologización del crimen organizado. Las organizaciones criminales que operan en Ecuador no son ajenas al desarrollo tecnológico; por el contrario, han incorporado herramientas digitales y algorítmicas a su repertorio táctico con una rapidez que en ocasiones ha superado la capacidad de respuesta estatal.

La evidencia disponible documenta el uso de drones modificados para vigilancia de movimientos policiales, transporte de explosivos y ataques dirigidos contra objetivos estratégicos, como los atentados con drones cargados de explosivos contra pabellones carcelarios en Machala. Estas aeronaves, inicialmente de uso comercial o agrícola, son adaptadas para operar en entornos de alta conflictividad, convirtiendo el espacio aéreo de baja altura en un nuevo campo de batalla donde el Estado y el crimen organizado disputan el control.

Más allá de los drones, existen indicios de una adopción progresiva de IA por parte de las redes criminales. Investigaciones académicas señalan que, aunque no hay información pública concluyente sobre un uso sistemático de la inteligencia artificial por parte de las organizaciones locales, se identifican patrones de uso de sistemas de comunicación encriptada, análisis de información geoespacial y, en casos documentados fuera de Ecuador, el empleo de IA para la creación de perfiles falsos, clonación de voces y montajes elaborados con fines de extorsión.

En la región, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha creado unidades especializadas de «operadores de drones» que han utilizado tecnología autónoma para ataques kamikaze, lo que evidencia que el crimen organizado está desarrollando capacidades técnicas internas que compiten con las del Estado.

Esta dinámica plantea una paradoja estratégica: el Estado despliega IA para restaurar el monopolio de la violencia, pero cada avance tecnológico estatal estimula una adaptación criminal equivalente o superior, generando una espiral de tecnificación que no necesariamente se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía.

La IA, en este escenario, no es un instrumento exclusivo del poder soberano (limes), sino un territorio en disputa donde el crimen organizado también reclama su espacio, utilizando las mismas herramientas que el Estado para evadirlo, enfrentarlo o incluso superarlo. La pregunta, entonces, no es solo si la ciudadanía podrá apropiarse de la IA, sino si el Estado podrá mantener su ventaja tecnológica frente a un adversario que, por su naturaleza adaptativa y su menor sujeción a controles legales, puede moverse con mayor velocidad en el terreno de la innovación criminal.

Sección 3El conflicto armado interno ecuatoriano como caso de estudio

3.1 La declaración de conflicto armado y sus implicaciones jurídicas

Ecuador declaró en enero de 2024 un conflicto armado interno, reconociendo que las organizaciones criminales habían alcanzado niveles de capacidad operativa que desafiaban el control estatal. Esta declaración se materializó en el Decreto 111, que ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en el control del orden interno y reconoció la existencia de un conflicto armado no internacional.

Los relatores especiales de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el marco legal adoptado en el país, advirtiendo que la definición de terrorismo en el COIP es tan amplia que podría ser utilizada para la persecución de la protesta social. La ONU también cuestiona que la Ley de Inteligencia permita la vigilancia electrónica sin orden judicial previa y que el sistema de inteligencia dependa directamente del presidente sin un órgano de supervisión independiente.

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, se han contabilizado 21 decretos y 7 prórrogas en Ecuador, lo que evidencia una progresiva normalización de la excepción.

3.2 La Ley Orgánica de Inteligencia y su suspensión parcial

La Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en 2025, se ha convertido en el epicentro del debate sobre los límites del poder estatal en contextos de conflicto. La normativa establece definiciones amplias de amenazas y permite requerimientos de información a operadores de telecomunicaciones sin autorización judicial previa.

La Corte Constitucional recibió 34 demandas de inconstitucionalidad y, mediante medidas cautelares, suspendió provisionalmente 12 de los 58 artículos de la ley. Entre los artículos suspendidos se encuentran aquellos que permitían la adquisición de identidades falsas para agentes encubiertos, el uso de herramientas tecnológicas en el espectro electromagnético, y la solicitud de información a empresas de telecomunicaciones sin orden judicial.

Sin embargo, la Corte aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la ley. Esta demora genera incertidumbre, pues los artículos suspendidos siguen vigentes en suspenso, sin que exista una declaración clara sobre su validez constitucional.

Desde la Fundación Karisma, se presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional, argumentando que la inteligencia estatal debe estar anclada a la protección de las personas, delimitada por una ley precisa y sometida a controles independientes de principio a fin. Se señaló que la Ley de Inteligencia no satisface el estándar de control judicial previo para medidas intrusivas, y que la retención general e indiscriminada de datos es ilegítima.

3.3 El uso de inteligencia artificial: vigilancia civil y militar

El Estado ecuatoriano ya está utilizando inteligencia artificial en múltiples ámbitos: el SRI para detectar evasión fiscal, el ECU 911 para videovigilancia automatizada, el Sercop para identificar riesgos en compras estatales, y municipios como Cuenca para lectura de placas con IA. En el ámbito militar, drones con capacidades de vigilancia avanzada han sido desplegados en operaciones como las de Ponce Enríquez.

El académico Santiago Ortega advierte que el cruce de datos militares con información civil debe manejarse con extrema precaución, proponiendo la creación de una «gobernanza externa» híbrida que supervise el uso de datos para prevenir persecución política.

3.4 El proyecto de ley de IA: un vacío legal persistente

Ecuador no cuenta con una ley integral de inteligencia artificial. El proyecto de ley orgánica de IA, gestado desde 2024, enfrenta un riesgo inminente de archivo: el 31 de agosto de 2026, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recomendó su desestimación por considerarlo «sobrerregulatorio».

Sección 4El dilema libertad-seguridad: una falsa dialéctica

El análisis del uso de inteligencia artificial en el conflicto armado interno ecuatoriano suele enmarcarse en los términos de una tensión clásica: la seguridad exige fuerza, la libertad reclama riesgos. Esta formulación, sin embargo, es filosóficamente engañosa porque presenta el dilema como una elección entre dos variables abstractas que se excluyen mutuamente —más seguridad implica menos libertad, más libertad implica menos seguridad— y sugiere que la solución depende de encontrar el punto de equilibrio óptimo entre ambas. Pero esta lógica, que impregna tanto el discurso gubernamental como las críticas de las organizaciones de derechos humanos, oculta una cuestión más fundamental: la seguridad y la libertad no son dos polos de una balanza que el Estado debe equilibrar, sino efectos de condiciones materiales e institucionales más profundas.

El Estado ecuatoriano no reacciona frente a la inseguridad eligiendo entre autoritarismo y democracia, o entre progresismo y conservadurismo. Reacciona en los términos que le impone su propia fragilidad institucional y su incapacidad para garantizar el monopolio de la violencia en el territorio. La seguridad no es un valor que se contrapone a la libertad; es, como ya advirtió Hobbes, una condición de posibilidad de la existencia física. Pero una vez asegurada esa condición mínima, la relación entre seguridad y libertad deja de ser una dialéctica y se convierte en una cuestión de desarrollo: crecimiento económico que reduzca la vulnerabilidad social, fortalecimiento institucional que garantice el Estado de derecho, inversión en servicios públicos que recupere la confianza ciudadana, y presencia territorial efectiva que haga innecesaria la excepción permanente.

El error del enfoque dicotómico es hacer creer que el dilema se resuelve administrando las dos variables —más o menos seguridad, más o menos libertad— cuando en realidad la solución deriva del crecimiento económico y del crecimiento institucional del Estado. Sin desarrollo económico, la seguridad es solo represión; sin instituciones sólidas, la libertad es solo anomia. La inteligencia artificial, en este marco, no es un instrumento que deba ser asignado a un lado u otro de la balanza. Es una tecnología que puede contribuir a la seguridad —pero solo si va acompañada de inversión social— y que puede amenazar la libertad —pero solo si no está regulada por instituciones democráticas robustas. En última instancia, el dilema entre seguridad y libertad es un falso dilema: la verdadera pregunta no es cuánta seguridad sacrificar por cuánta libertad, sino cómo construir un Estado con la capacidad material e institucional para garantizar ambas simultáneamente.

La inteligencia artificial no es ni la solución ni el problema. Es un amplificador: amplifica la capacidad del Estado para garantizar la seguridad si el Estado es fuerte; amplifica el riesgo de vigilancia y control si el Estado es débil y carece de controles democráticos. El dilema no es tecnológico, sino político y económico.

Sección 5Gobernabilidad de la IA: gobernar la excepción

Todo contexto de guerra es, por definición, un contexto donde la seguridad se impone sobre la libertad. La declaración del conflicto armado interno en Ecuador no ha hecho sino institucionalizar esta supremacía fáctica, trasladándola al terreno de la inteligencia artificial. En este marco, hablar de «gobernanza de la IA» resulta conceptualmente insuficiente —y políticamente vacío— porque sugiere que el problema se reduce a diseñar procedimientos administrativos para el uso de una tecnología. Pero la cuestión no es cómo administrar la IA, sino cómo gobernar la excepción que representa su uso en contextos de conflicto.

Gobernar, en este sentido, no es una actividad exclusiva del gobierno. El gobierno toma decisiones, pero el poder efectivo de esas decisiones —su capacidad para sostenerse en el tiempo, para ser aceptadas por la ciudadanía, para producir resultados reales en el territorio— depende de los acuerdos estratégicos que el gobierno sepa establecer con los poderes reales de la sociedad. Estos poderes no son solo institucionales: son económicos, territoriales, comunitarios, mediáticos, sindicales y académicos. Sin su concurso, ninguna decisión gubernamental sobre IA podrá ser implementada de manera sostenible, ni será percibida como legítima.

La gobernabilidad de la IA, entonces, no se reduce a establecer controles técnicos o jurídicos sobre los algoritmos. Es, ante todo, un desafío político: cómo construir acuerdos sociales que legitimen el uso de tecnologías de vigilancia y control en contextos de excepción, sin que esa excepción se convierta en la regla.

En Ecuador, esto implica que el gobierno debe negociar con actores que hoy están ausentes del debate: las comunidades afectadas por la violencia, las organizaciones de derechos humanos, el sector privado que opera en zonas de conflicto, los gobiernos locales y la academia. Todos ellos son poderes reales que, si no son incorporados a la estrategia de seguridad, terminarán por deslegitimarla, por desinteresarse de ella o por bloquearla.

La paradoja de la gobernabilidad de la IA en contextos de excepción es que la tecnología más avanzada requiere los acuerdos políticos más básicos: confianza, transparencia, participación y rendición de cuentas. Sin ellos, la IA se convierte en un instrumento más de dominación, no en una herramienta de protección. Y en un país donde el Estado aún no ha logrado consolidar su presencia territorial, donde la cifra negra de delitos no denunciados supera el 90% y donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles críticos, la gobernabilidad de la IA no es un problema técnico: es la prueba de fuego de la capacidad del Estado para sostener su propia soberanía sin disolver las libertades que la justifican.

Sección 6El papel de la academia y la sociedad civil: la ideología como condición de la inteligencia

El conflicto armado interno ecuatoriano se libra contra un adversario que no se presenta como tal. Las organizaciones criminales no son actores evidentes, visibles y expresos; son viscosas, ambivalentes, elusivas y cambiantes. Se infiltran en economías legales, cooptan funcionarios públicos, establecen alianzas con actores políticos locales y se disuelven en el tejido social cuando la presión estatal se intensifica.

Su fuerza no reside únicamente en su capacidad de fuego, sino en su capacidad de mimetismo: confunden las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre la protección y la extorsión, entre la comunidad y el control, entre la empresa y el frente criminal. En este escenario, el principal desafío del Estado no es técnico —mejores drones, mejores algoritmos, más capacidad de fuego—, sino epistemológico: ¿cómo conocer a un enemigo que se niega a ser conocido? ¿Cómo combatir una fuerza que cambia de forma más rápido que los sistemas diseñados para detectarla?

La respuesta a estas preguntas no puede provenir exclusivamente de la tecnología, sino de mecanismos ideológicos de comprensión previa. «Ver» al crimen organizado —identificarlo, interpretarlo, anticiparlo— requiere, antes que cualquier despliegue de inteligencia artificial, marcos conceptuales que permitan leer lo que no se muestra, interpretar lo que se oculta y anticipar lo que se transforma.

Estos marcos no son neutrales ni técnicos; son ideológicos en el sentido más amplio del término: sistemas de interpretación que organizan la realidad, definen lo relevante, establecen relaciones causales y orientan la acción. Sin ellos, la IA no es inteligencia, sino mera acumulación de datos: imágenes sin contexto, patrones sin significado, correlaciones sin comprensión.

Es aquí donde la academia y la sociedad civil adquieren un rol estratégico que trasciende la crítica o el acompañamiento. La academia, con su capacidad para producir conocimiento riguroso y desinteresado, puede ofrecer los marcos interpretativos que el Estado necesita para comprender la complejidad del fenómeno criminal. No se trata de generar teoría abstracta, sino de construir modelos de inteligibilidad que permitan al Estado distinguir entre lo visible y lo relevante, entre la apariencia y la estructura, entre el síntoma y la causa. La sociedad civil, por su parte, es el sensor más fino de la dinámica territorial: sus organizaciones comunitarias, sus redes de confianza y su conocimiento local pueden detectar lo que los sistemas de vigilancia, por más avanzados que sean, no alcanzan a ver.

La inteligencia artificial puede procesar datos, pero no puede reemplazar el trabajo de interpretación que solo la inteligencia humana —formada, crítica y contextualizada— puede realizar. Puede señalar anomalías, pero no puede explicarlas. Puede generar alertas, pero no puede comprender las lógicas sociales, económicas y culturales que subyacen a los patrones que detecta. La IA es un instrumento táctico al servicio de una estrategia que debe ser definida, antes que nada, por una comprensión ideológica del fenómeno criminal.

En Ecuador, esta tarea aún está pendiente. El debate sobre la seguridad ha estado dominado por la urgencia operativa y la retórica de la guerra, dejando poco espacio para la reflexión académica y la participación ciudadana informada. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que los países que han logrado avances sostenidos contra el crimen organizado —Italia, Colombia, México— lo han hecho no solo con tecnología y fuerza, sino con investigación académica rigurosa, participación comunitaria activa y marcos interpretativos compartidos que permitieron comprender al enemigo antes de combatirlo. La academia y la sociedad civil no son actores secundarios en la estrategia de seguridad; son la condición de posibilidad de una inteligencia que no se reduzca a la acumulación de datos.

ConclusionesConclusiones: de la libertad física a la libertad democrática

El recorrido emprendido a lo largo de este artículo ha buscado desmontar la falsa dialéctica entre seguridad y libertad que domina el debate sobre el uso de inteligencia artificial en el conflicto armado interno ecuatoriano. Lejos de ser dos polos de una balanza que el Estado debe equilibrar, la seguridad y la libertad son momentos de un mismo proceso histórico y político: el tránsito de la mera supervivencia física a la participación democrática plena.

Hobbes describió el estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos, donde la vida es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». En ese escenario, la seguridad no es un valor negociable; es la condición mínima sin la cual ninguna otra libertad es posible. La declaración del conflicto armado interno en Ecuador ha reinstalado, en amplias zonas del territorio, esa condición hobbesiana. El crimen organizado ha fragmentado el monopolio estatal de la violencia y ha impuesto su propia ley, donde la vida de los ciudadanos depende del azar, de la lealtad o de la capacidad de pago. Frente a esta realidad, el uso de la inteligencia artificial como instrumento de vigilancia y control no es, en primera instancia, una amenaza a la libertad, sino un intento —táctico, imperfecto, muchas veces desesperado— de restaurar la libertad física: la posibilidad de no ser asesinado, de circular sin temor, de habitar el propio territorio sin ser extorsionado.

Pero la seguridad no es un fin en sí misma; es un medio. Si la historia política de la humanidad tiene algún sentido, es el de transitar de la mera protección de la vida a la construcción de formas de vida dignas, autónomas y participativas. La seguridad resuelve la urgencia, pero no define el horizonte. El horizonte es la libertad democrática: la capacidad de los ciudadanos para participar en la definición de las normas que regulan su vida colectiva, para impugnar el poder cuando se vuelve arbitrario, para construir proyectos de vida individuales y comunitarios sin que el miedo estructura cada una de sus decisiones.

En este tránsito, la inteligencia artificial ocupa un lugar paradójico. Puede ser un instrumento de la seguridad estatal —un medio para restaurar el monopolio de la violencia— o puede ser un instrumento de control que perpetúe la excepción y erosione las libertades políticas. Pero también puede ser un campo de disputa donde la ciudadanía, organizada y crítica, reclame su derecho a participar en la definición de los usos de la tecnología.

La IA no es, en sí misma, ni liberadora ni opresora. Es una tecnología de poder, y como tal, su significado político depende de quién la controla, con qué fines y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.

La conclusión fundamental de este trabajo es que el dilema entre seguridad y libertad es un falso dilema. La verdadera pregunta no es cuánta seguridad sacrificar por cuánta libertad, ni cuánta libertad limitar por cuánta seguridad. La verdadera pregunta es cómo construir un Estado con la capacidad material e institucional para garantizar ambas simultáneamente. Esto implica crecimiento económico que reduzca la vulnerabilidad social, fortalecimiento institucional que garantice el Estado de derecho, presencia territorial efectiva que haga innecesaria la excepción permanente, y participación ciudadana que legitime las decisiones sobre el uso de tecnologías de vigilancia.

Ecuador está en un momento crítico de su historia. El conflicto armado interno ha puesto a prueba la capacidad del Estado para sostener su soberanía y proteger a su población. La inteligencia artificial ha entrado en escena como una herramienta que promete precisión y eficacia, pero que también plantea preguntas profundas sobre el tipo de Estado que se quiere construir. La respuesta no puede ser ni la aceptación acrítica de la vigilancia algorítmica ni su rechazo absoluto. La respuesta es la construcción política de un camino que vaya de la libertad física a la libertad democrática, donde la seguridad sea un ingrediente diferenciado dentro de lo único que realmente existe y vale la pena defender: la libertad.

La tecnología no puede trazar ese camino. Solo la política —entendida como la capacidad de una sociedad para deliberar sobre su propio futuro y para construir acuerdos que sostengan ese futuro en el tiempo— puede hacerlo.

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