NARCOTRÁFICO Y SEGURIDAD INTERIOR

La seguridad ciudadana en América Latina se centra en garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, diferenciándose de la seguridad pública, que prioriza el orden, y de la seguridad nacional, ligada históricamente a la lucha contra el comunismo y, en algunos casos, al combate al narcotráfico. Aunque se reconoce la importancia de políticas de prevención del delito, estas reciben poca inversión y apoyo institucional, ya que su éxito reduce la necesidad de medidas punitivas. A pesar de la aceptación teórica de la seguridad ciudadana, las fuerzas de seguridad mantienen prácticas heredadas de la seguridad nacional, lo que limita su efectividad y permite la persistencia de corrupción y violencia en la región.

El narcotráfico no solo es el comercio ilegal de drogas, sino una actividad que ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno de control territorial y poder político. A medida que los gobiernos han intensificado su lucha contra él, los narcotraficantes han pasado de ser simples traficantes a establecer un dominio soberano en ciertas regiones, reemplazando funciones del Estado como la seguridad, la justicia y los servicios básicos. Este control territorial les otorga una estatalidad criminal, con legitimidad basada en el temor y el consenso. Por ello, más que estrategias armadas, las políticas de seguridad deben centrarse en recuperar la estatalidad del Estado mediante la gestión efectiva del territorio y el fortalecimiento de su autoridad.

El mercado de consumo es el más político dentro del narcotráfico, ya que requiere un control territorial efectivo para operar. A diferencia del consumo de drogas, que es un problema de salud pública, este mercado funciona como una estructura de poder con jerarquías y coerción. Su existencia depende de la estabilidad en territorios controlados, lo que solo es posible con la complicidad de autoridades locales. La lucha por estos territorios se da a través de guerras predatorias, caracterizadas por una violencia extrema con el fin de eliminar a los adversarios. Una vez consolidado el control, las organizaciones narcotraficantes establecen un nuevo orden, proporcionando estabilidad y recursos, reemplazando muchas funciones del Estado.

El narcotráfico, aunque tiene impacto internacional, opera principalmente a nivel local, donde controla territorios mediante inversiones inmobiliarias, rutas de transporte y conflictos violentos. Los municipios son clave en su estructura, ya que allí se establecen sus redes logísticas y operativas. Indicadores como ajustes de cuentas, movimientos nocturnos en aeropuertos y disputas por terrenos evidencian su presencia. Para contrarrestarlo, es esencial una gestión territorial efectiva que fortalezca la infraestructura urbana, el uso seguro del espacio público y la presencia del Estado, evitando que el crimen organizado ejerza control sobre la comunidad.

La corrupción no se limita al uso indebido de fondos públicos, sino que alcanza su máxima expresión en la captura del Estado, donde decisiones políticas benefician a sectores específicos mediante mecanismos aparentemente legales. Este fenómeno, presente en todo el mundo, es más frecuente en economías avanzadas y varía según la cultura. Mientras la opinión pública exige líderes honestos, muchas veces tolera políticas corruptas que favorecen intereses privados. La política, al convertir principios en acciones concretas, inevitablemente se enfrenta a dilemas éticos, por lo que la corrupción debe evaluarse en función de la eficacia y el impacto real de las decisiones gubernamentales.

El uso legítimo de la violencia es un atributo exclusivo del Estado moderno, lo que justifica la actuación de policías y militares en seguridad interior y defensa nacional. Sin embargo, tras la caída del Muro de Berlín, surgieron nuevas amenazas que llevaron a la militarización del combate al narcotráfico, como en México y Colombia con la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia. Mientras la policía busca aplicar la ley dentro del país, los militares operan bajo una lógica de eliminación de amenazas. La DEA, con influencia global, ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico, aunque su papel es cuestionado en algunos países.

El Plan Colombia, firmado en 2000 entre Estados Unidos y Colombia, inició como una estrategia antidrogas pero se convirtió en una guerra contra las FARC, finalizando con el acuerdo de paz en 2016, aunque algunas facciones continuaron en armas como Bacrim. En México, la guerra contra el narcotráfico inició en 2006 con una creciente militarización y un aumento constante de homicidios, alcanzando un récord de 33,341 asesinatos en 2018. En 2019, el presidente López Obrador declaró el fin de la guerra y promovió la creación de la Guardia Nacional, concebida como una fuerza de seguridad con carácter civil, aunque con la participación de las Fuerzas Armadas durante un periodo de transición de cinco años.

Las fronteras son zonas donde el poder del Estado es débil, favoreciendo el crimen organizado y el narcotráfico. En la frontera entre EE.UU. y México, la migración y el tráfico de drogas generan problemas de seguridad, mientras que en la triple frontera del Cono Sur (Brasil, Argentina y Paraguay), operan grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelho. En Colombia y Ecuador, la selva facilita el tráfico de drogas, y en la frontera Bolivia-Argentina, el comercio informal es predominante. Estas regiones combinan factores geográficos, criminalidad y políticas de seguridad influenciadas por EE.UU., justificando su militarización bajo la premisa de “nuevas amenazas”.

El narcotráfico en América Latina sigue patrones geopolíticos según cada país. En Brasil, está vinculado a ciudades, mientras que en México los cárteles han evolucionado de estructuras regionales a redes nacionales, destacando el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En Colombia, el Plan Colombia fragmentó los grandes cárteles en grupos menores, y en Argentina, aunque no existen cárteles, hay participación de grupos extranjeros en el mercado de consumo. En Brasil, la política de seguridad de Bolsonaro ha fortalecido la brutalidad policial, lo que podría beneficiar a las organizaciones criminales y afectar el narcotráfico en Paraguay. Este fenómeno de tercerización y adaptación refuerza el poder de los grupos más exitosos, permitiendo que el narcotráfico genere sus propias estructuras de control territorial.

La legalización del cannabis en varios estados de EE.UU. ha generado un mercado millonario que afecta directamente al narcotráfico en México, obligando a los cárteles a diversificar su producción hacia drogas más rentables como la heroína y las metanfetaminas. Mientras el negocio del narcotráfico se fragmenta y pierde rentabilidad, el limbo jurídico en EE.UU. permite que los cárteles inviertan en cultivos ilegales dentro del país. En México, la producción de amapola ha crecido significativamente, y un fenómeno emergente es el contrabando a la inversa, con drogas ingresando desde EE.UU. hacia el sur.